Las pandillas controlan la República Dominicana: ni la Policía ni el 'muro estilo Trump' pueden con ellas

La situación es más extrema que nunca en la capital dominicana, y el Gobierno es consciente de ello. Desde su llegada al poder, el presidente Luis Abinader ha tratado de abordar el asunto con el decreto de planes de nombre esperanzador: la estrategia 'De Vuelta al Barrio', el plan 'Patrullaje Policial por Cuadrantes' o el programa 'Mi País Seguro'. Sin embargo, ninguno de ellos ha logrado contener el rebrote de la violencia pandillera.

Paralelamente, el oficialismo sostiene que son extranjeros quienes siembran el pánico en la República Dominicana. Concretamente, haitianos. Abinader, centrista del Partido Revolucionario Moderno (PRM), presume de haber aprobado a lo largo de su mandato la construcción de un muro entre República Dominicana y Haití —que comparten la isla de La Española—, además de otras medidas que han sido consideradas 'antihaitianas'.

Bandas haitianas en Puerto Príncipe. Twitter

Lo cierto es que el país vecino exporta peligrosidad: la mafia haitiana domina su geografía nacional, ejerce poder sobre sus autoridades, y se sirve del territorio dominicano para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Sería de esperar que esta injerencia de los cárteles haitianos trajera a Santo Domingo algo de la violencia que lleva meses asolando Puerto Príncipe.

Pero, además de injusto, sería ingenuo achacar al hampa del país de al lado la crisis que somete a la República Dominicana. Algunos lugareños achacan el aumento de la delincuencia a la aparición en el tablero local de pandillas internacionales como los Trinitarios o los Dominicans Don't Play, fundadas por dominicanos de la diáspora y que operan primordialmente en el extranjero —especialmente en Estados Unidos y España—. En Madrid, sus operaciones han ganado notoriedad en los dos últimos años.

En la última semana, la criminalidad ha paralizado el sector Tres Brazos, en Santo Domingo Este. Tres comunidades del distrito —Las Lilas, Los Manguito y Canta La Rana— se citaron en territorio de la última, a las afueras del centro de entretenimiento La Pámpara, y dejaron que los disparos solventaran sus viejas rencillas. El resultado fue la muerte de tres hombres. Los vecinos de Tres Brazos mantienen desde entonces un toque de queda oficioso a partir de las 19:00, y se ha cancelado la presencialidad de los colegios por miedo a que persista la violencia.

El caso que ha consternado a la ciudadanía dominicana ha sido el asalto que acabó con la vida de Joshua Omar Fernández, un estudiante ejemplar de 19 años que recibió un disparo mortal en la cabeza el pasado mes de abril mientras bebía en un bar con sus amigos. Su asesinato fue perpetrado por Wesley Vincent Carmona Corcino, conocido como "El Dotolcito", hijo de un famoso youtuber dominicano. Otras tres personas cumplen con él un año de prisión preventiva.

Retrato de graduación de Joshua Omar Fernández, fallecido el pasado 16 de abril. Twitter

La historia de Joshua Omar, que no tenía nada que ver con las pandillas y soñaba con convertirse en ingeniero, ha servido a los dominicanos como ilustración del peligro de las pandillas en su sociedad. El caso se ha hecho mediático, y ha reabierto "el debate sobre el control de armas, la disciplina escolar y familiar, así como la influencia de redes sociales y la música en violencia", dice el Listín Diario. El mismo mes de abril que murió Fernández, la violencia callejera acabó con la vida de cuatro niños y jóvenes en cuatro asaltos distintos: Carla Maciel Concepción, de 14 años; Yajaira Carolina, de 17; Gioser Feliz, de nueve, y Ángelo Rafael, de 19.

Estos episodios no sólo suceden en el centro de la capital. En La Guáyiga, una comunidad del municipio periférico de Pedro Brand, en el Gran Santo Domingo, han muerto nueve personas en lo que va de año. Allí, como en muchos puntos del país, el Gobierno dominicano implementó el pasado diciembre la estrategia 'Patrullaje Policial por Cuadrantes', una "técnica que consiste en pequeñas delimitaciones geográficas de un sector fijo, al que se le asigna un personal para optimizar y eficientizar la prevención y disuasión del delito", según el Ministerio de Interior y Policía.

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Además del despliegue de "504 hombres —18 en cada uno de los 84 cuadrantes— en tres turnos, 33 camionetas, 84 motocicletas, 33 car kits, 504 cámaras de cuerpo, 117 radios de comunicación y 117 celulares", las autoridades han ordenado "reducir el horario temporal de expendio de bebidas alcohólicas en algunas demarcaciones de Santo Domingo, y limitar los decibelios de la música en los negocios de bebidas", señala Listín. Además, "cada vez que sea necesario, se contará con el servicio de la Unidad de Drones, formado por 19 aeronaves y 42 pilotos".

El programa 'Patrullaje Policial por Cuadrantes' no sólo está operativo en la capital dominicana: el pasado 9 de mayo, entró en vigor también en Santiago de los Caballeros, la segunda ciudad más grande del país. Desde entonces, circulan por el municipio "363 agentes, 15 camionetas, tres carros y 33 motocicletas", informa el Ministerio de Interior y Policía dominicano.

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Sin embargo, en más de nueve meses de vida, esta política no ha brindado resultados, igual que no los dio la estrategia 'Mi País Seguro' del 8 de junio de 2022. Varias asociaciones civiles ponen el énfasis en la posibilidad de cualquier ciudadano de poseer armas, según la Ley 36 de 18 de octubre de 1965: "Toda persona podrá poseer un arma de fuego para la defensa personal y de sus intereses". Algunos vecinos también denuncian la connivencia de las autoridades con los propios pandilleros, alegando que han visto a la Policía dejarlos en libertad poco después de capturarlos, recoge el portal de noticias en inglés Dominican Today.

El Gobierno de Luis Abinader sigue proponiendo planes ingeniosos para abordar la criminalidad urbana. El 14 de mayo, promulgó la estrategia 'De Vuelta al Barrio' mientras Anielis Rosaura Almonte Lara moría a disparos en La Guáyiga. La fundación InSight Crime ha considerado "ineficaces" estos despliegues temporales, que Abinader compagina con promesas de un muro sólido en la frontera de su país y con la expulsión de 170.000 haitianos el año pasado.

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A finales de febrero de 2022, la República Dominicana presentó un proyecto de frontera à la Trump para impedir el ingreso de inmigrantes ilegales haitianos. El presidente anunció el comienzo de las obras durante la pasada Cumbre Iberoamericana —en cuya agenda no estaba la migración—, y su construcción ya ha forzado el desalojo de comunidades a lo largo del tramo de 164 kilómetros en los que se pretende levantar el muro, especialmente las cercanas a la ciudad fronteriza de Dajabón.

El pasado septiembre, la Administración Abinader emitió una orden controvertida: junto a 12 líderes de bandas criminales haitianas —como Jimmy Chérizier (alias Barbecue) y Jean Pierre Gabriel (alias Ti Gabriel)—, prohibió la entrada a territorio dominicano al ex-primer ministro interino de Haití, Claude Joseph. Fuentes oficiales justificaron que tenían pruebas de que Joseph estaba ligado a organizaciones criminales haitianas que buscaban extenderse en la República Dominicana.

En un tuit, Joseph denunció esta medida como una "decisión escandalosa", argumentando que ponía de manifiesto el sentimiento "antihaitiano" de Abinader. Oficialmente, el Gobierno no ha ofrecido detalles acerca de por qué Joseph fue incluido en esta lista negra, ya que actualmente no está bajo investigación por ningún delito en Haití. La decisión causó revuelo en la prensa y las redes dominicanas, y su anuncio fue criticado por muchos que culpan a Abinader de buscar el enemigo fuera cuando lo tiene en casa. Un dominicano residente en Estados Unidos recibió así la medida: "Faltan los traidores locales… que no se quede uno".