1.800€ por cada muerta: así recompensa Honduras a las familias de las mujeres calcinadas en el motín

"La prioridad es que se le diga a las familias quienes fallecieron y quienes no. A mí me parece terrible que aquí hay madres, abuelas, hay tías, hijos y esposos", dijo Cardona este miércoles frente al centro penitenciario. Identificar a las víctimas es todo un reto, ya que muchas de ellas quedaron "carbonizadas o reducidas" a cenizas, según Yuri Mora, portavoz de la Fiscalía hondureña.

La tarde del miércoles, sólo se conocía el nombre de 23 de las 46 fallecidas, según el periódico local La Prensa. Se cree que todas las fallecidas pertenecían a la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), y se repartían por los nueve módulos de la cárcel —excepto el séptimo, el octavo, y uno especializado para embarazadas y niños—. De ellas, 21 murieron por ataques con armas blancas y de fuego. Otras 25 murieron calcinadas en el módulo 1. Las atacantes, pertenecientes a la Pandilla Barrio 18, arrojaron colchones al fuego para quemar a las reclusas. Once de las responsables ya han sido identificadas.

La presidenta del Gobierno hondureño, Xiomara Castro, no tardó en reaccionar a la tragedia del martes, de la que culpó a los guardias del centro. En un tuit del martes, Castro aseguró que el "monstruoso asesinato de mujeres" había sido "planificado por maras a vista y paciencia de autoridades de seguridad". La mandataria también convocó "a rendir cuentas al ministro de Seguridad", Ramón Sabillón, a quien pocas horas después destituyó y reemplazó por el exdirector de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez.

Castro también anunció "medidas drásticas" para "retomar el control del sistema penitenciario en Honduras", según el noticiero estatal Canal 8. Para muchos, los acontecimientos de esta semana muestran "la precariedad del sistema penitenciario" pese a los intentos de la Administración Xiomara de abordar el asunto: además de prorrogar hasta el 5 de julio un estado de excepción que parece no haber sido suficiente para prevenir esta tragedia, las cárceles hondureñas están en medio de una reforma penitenciaria emprendida por la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva.

La jueza encargada de levantar cadáveres a la Comisión Interventora se ha pronunciado en oposición a la presidenta: "Las cárceles son un reflejo de nuestra sociedad. Cuando hace una operación de inteligencia usted no puede estar haciendo show, tienen que ejecutar una política penitenciaria dinámica, inteligente y respetuosa de los derechos humanos", recoge el diario Tiempo.

Esta ha sido la reyerta más mortífera desde 2012, cuando un incendio provocó la muerte de 360 presos en una cárcel de Comayagua. Sin embargo, aquella tragedia fue por causas accidentales. Ahora, son los cárteles los que causan muertes en las prisiones hondureñas: MS-13 y Barrio 18, las protagonistas de los eventos del martes, se originaron en Los Ángeles, y llevan mucho tiempo luchando por el control de las industrias del narcotráfico y la extorsión, según Reuters.

La Policía y el Ejército vigilan las instalaciones de la cárcel del motín y el incendio, este miércoles. Efe

Los últimos años, la situación ha empeorado. En 2021, un informe de la ONG pro-derechos humanos Human Rights Watch sobre Honduras afirmaba que "el hacinamiento, la alimentación inadecuada, la salubridad deficiente, las golpizas, la violencia de pandillas y los asesinatos de detenidos son endémicos en las prisiones hondureñas".

El motín del Centro Femenino de Adaptación Social ha sido probablemente una reacción a las medidas enérgicas adoptadas por el gobierno en los últimos meses contra la corrupción en las prisiones, declaró el martes Julissa Villanueva, directora del sistema penitenciario, que calificó el motín de "atentado terrorista". Villanueva declaró en una rueda de prensa posterior a la reyerta que el sistema penitenciario del país ha sido "secuestrado" por el crimen organizado.

Los familiares de una víctima del motín transportan el ataúd a una morgue en Tegucigalpa. Reuters

El motín del martes puede aumentar la presión sobre Honduras para que emule las drásticas prisiones de tolerancia cero y sin privilegios establecidas en el vecino El Salvador por el presidente Nayib Bukele, observa la emisoria estadounidense NPR. Aunque la represión de las bandas en El Salvador ha dado lugar a violaciones de los derechos humanos, también ha resultado ser inmensamente popular en un país aterrorizado durante mucho tiempo por las bandas callejeras.

Lo cierto es que Xiomara y su responsable de centros penitenciarios, Villanueva, siguen la senda de Bukele al suspender algunos derechos constitucionales y permitir a las fuerzas de seguridad detener a personas que consideren asociadas con el crimen. En abril, el gobierno hondureño anunció un plan para enfrentar la corrupción en el sistema penitenciario y tratar de frenar la violencia que incluye garantizar que los reclusos no estén armados y aislar a quienes tengan vínculos con bandas delictivas y el crimen organizado, informa el observatorio InSight Crime.