"Actitud bipolar" del ELN: muertos y secuestros a las puertas del alto el fuego con la Colombia de Petro

El ELN ha apurado los días previos a la entrada en vigor del pacto para acribillar con ataques a civiles y agentes de las fuerzas del Estado colombiano. La consigna que el Comando Central (Coce) daba a sus guerrilleros era clara: "A partir de las 00:00 del 6 de julio hasta las 00:00 del 3 de agosto de 2023, las estructuras del ELN deben cesar todas las acciones militares ofensivas contra las Fuerzas Militares y de Policía en todo el territorio nacional". Hasta la noche del 5 de julio, carta blanca.

Y así ha sido. En los tres últimos días, las guerrillas han lanzado cuatro ataques que se han saldado con las vidas de tres policías y han causado el secuestro de una sargento y sus dos hijos pequeños. El martes 4, unos miembros del ELN celebraron el 59 aniversario de la organización paramilitar con el asesinato de tres policías en dos ataques perpetrados en las localidades de El Zulia y Tibú, en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.

Miembros de la Fiscalía y de la Policía, tras el asesinato de un policía el miércoles en El Zulia (Norte Santander). Efe

El miércoles, el Ejército colombiano informó del secuestro de una sargento y sus dos hijos, de 6 y 8 años ―uno de ellos autista― a manos del ELN mientras la familia viajaba por una carretera del departamento de Arauca, también cerca de la frontera oriental. La racha de agresiones concluyó el miércoles por la noche con ráfagas de fusil en el puesto de la Policía colombiana del municipio de Fortul, en la misma provincia de Arauca, informa Efe. El episodio no dejó víctimas humanas.

Estas acciones, a las que se le suman otros altercados en Chocó y Catatumbo las últimas semanas, han sembrado dudas sobre la voluntad de paz de la guerrilla colombiana. Aunque los comunicados internos del ELN demuestran la determinación de la organización de cesar sus ofensivas a partir del día 6 ―tal y como se había negociado―, la lluvia de ataques de los días previos a la entrada en vigor del alto el fuego pone de manifiesto la inconformidad de sectores de la guerrilla con el pacto con el Gobierno de Petro.

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El secuestro de la sargento y sus dos hijos representa "una actitud bipolar" de los dirigentes del ELN, en palabras del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien espera que la guerrilla "reconozca el secuestro y haga las acciones inmediatas para liberar a esta señora y sus hijos". Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) ha condenado "enérgicamente" el rapto y ha pedido al ELN "pronunciarse sobre este hecho violatorio del derecho internacional humanitario y, de ser responsables, a liberar a estas personas inmediatamente".

Así mismo, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ha criticado que "no puede hablarse de paz y simultáneamente secuestrar a una mujer y a sus pequeños hijos, solo por el hecho de tratarse de una integrante de la fuerza pública". El Ministerio de Defensa ha asegurado que "este es un delito que siempre será castigado y que no tiene ninguna justificación". El opositor Centro Democrático también ha mostrado "indignación y repudio absoluto ante el cruel secuestro" y una de sus líderes, la congresista María Fernanda Cabal, criticó que el proceso de paz con el ELN es una "farsa" porque sólo "ha habido muestras del poder terrorista de esa narcoguerrilla".

En realidad, el decreto que ha firmado este jueves Petro y que establece un cese del fuego con el ELN es vinculante durante 180 días a partir del próximo 3 de agosto y hasta el 29 de enero de 2024. Sin embargo, ambas partes habían acordado en suspender las operaciones ofensivas de la fuerza pública a partir de este 6 de julio. En el caso del Gobierno colombiano, las fuerzas del Estado no podrán atacar a "integrantes del ELN que participen en el proceso de paz y se encuentren dentro de los procedimientos para la ejecución del Acuerdo del Cese el Fuego Bilateral y los protocolos correspondientes".

El documento señala que "la suspensión de operaciones militares y operativos policiales ofensivos se hará sin perjuicio del cumplimiento de la función y obligación constitucional y legal de la fuerza pública de preservar la integridad del territorio nacional". El monitoreo y verificación del cese el fuego se hará mediante un mecanismo del cual hacen parte la propia fuerza pública y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el ELN, la Conferencia Episcopal y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, informa Efe.

Familiares lloran tras el asesinato de un policía en el municipio de El Zulia (Norte Santander), el miércoles. Efe

Si los ataques de la guerrilla continúan los próximos días, quedará por ver si es porque los sectores del ELN que perpetran estas agresiones no contemplan cumplir el alto el fuego en su totalidad o sólo la tregua unilateral programada a partir del 6 de julio.