El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, decidió no congregar a sus seguidores tras su triunfo en la segunda vuelta de las generales el domingo pasado. No fue austeridad ni aspereza: el socialdemócrata del Movimiento Semilla tenía razones suficientes para querer celebrar el 58% de los votos, y llegó a anunciar un evento el martes bajo el lema "Guatemala empezó a florecer". Sin embargo, Arévalo se sirvió de prudencia, rectificó y canceló la reunión en el parque central de la capital. Quizá era muy pronto para cantar victoria.
Por un lado, se esperaba aún la reacción de la Justicia, cooptada por el presidente Alejandro Giammattei y en una purga de adversarios sin disimulo desde el comienzo de la carrera electoral. Era pertinente aguardar a que la Fiscalía moviera fichas, como acabó haciendo el miércoles al pedir la suspensión de Semilla. Pero el candidato electo no sólo temía por su integridad política al cancelar la celebración de su victoria. En ese momento, Arévalo ya era conocedor de una realidad que ha intranquilizado a toda Guatemala: intentan matarlo antes de que asuma el poder el 14 de enero de 2024.
El jueves, una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió de que existen dos planes para asesinar a Arévalo, y que ponen en peligro también a su compañera de binomio, la vicepresidenta electa Karin Herrera. Uno de ellos, vinculado a "estructuras criminales de pandillas", había sido notificado al líder de Semilla por la Fiscalía en cuanto se supo que había ganado las elecciones del 20 de agosto. Pero el segundo complot, bautizado 'plan Colosio' en honor al magnicidio del líder del PRI mexicano en 1994, es aún más desconcertante. Según las investigaciones de la CIDH, estaría orquestado por "agentes estatales", entre otros.
El equipo de seguridad de Arévalo ha declarado saber de la existencia de este último plan desde el 4 de julio, poco después de que Semilla sorprendiera con un inesperado segundo lugar en las primarias del 25 de junio. Se conoce que en la maquinación participan, además de miembros de instituciones del Estado, agentes de grupos armados. La conjura persigue acabar con la vida del candidato electo antes del 14 de enero, día en que se prevé que tome posesión de su cargo como presidente de Guatemala.
En cuanto al otro complot, asociado a las maras, este había sido identificado por las propias autoridades. Según cuenta Prensa Gráfica, cuatro funcionarios del Ministerio Público [Fiscalía] se presentaron la noche del 20 de agosto en el hotel donde Arévalo daba la rueda de prensa en la que se reconoció ganador de las elecciones. Los fiscales "pidieron una reunión privada con el propuesto beneficiario" y le informaron del plan que habían descubierto.
Bernardo Arévalo llega a su casa de la Ciudad de Guatemala, este martes.
La CIDH también advierte del acoso que Arévalo recibe por parte de los net centers, redes de bots ―con nombres como ¡Yes, Master! o Mazinger Z― que publican al unísono y revelan información comprometida sobre el candidato, especialmente su ubicación. El organismo especifica que las "vigilancias, seguimientos, campañas de desprestigio y amenazas de muerte" que recibe el presidente electo han incrementado tras la primera vuelta electoral de junio.
La resolución pide al Gobierno de Guatemala información "sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los hechos alegados", y denuncia la falta de transparencia de las instituciones sobre las medidas con las que se protegerá a Arévalo y Herrera, que se encuentran en "una situación de gravedad y urgencia de riesgo". Tanto el líder de Semilla como la futura vicepresidenta han reclamado esta semana mayor protección, pero por el momento siguen teniendo que recurrir a servicios privados de seguridad.
Cuando la Comisión Interamericana contactó al Gobierno durante la elaboración del informe, las instituciones de Giammattei ―ya enteradas del plan de las pandillas― declararon no advertir "ninguna situación de gravedad". Además, sostuvieron que el Estado ya habían reforzado del esquema de protección, "compuesto por agentes de seguridad, vehículos, seguridad perimetral, patrullajes y acompañamientos de protección", entre otros.
Además de la falta de transparencia que lamenta la CIDH, Guatemala demuestra poca iniciativa de colaborar en la dilucidación de los planes de asesinato al ganador de las elecciones, no ya de encabezar las investigaciones. Al contrario, este viernes el Gobierno de Giammattei ha publicado un comunicado de prensa en el que reprochaba la escasa "prudencia" y "objetividad" de este observatorio de los derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La persecución a Semilla
El 15,5% de votos en la primera vuelta de las elecciones del 25 de junio sirvió para confirmar el Movimiento Semilla como un peligro para el triunfo de Sandra Torres, ex primera dama de Guatemala. La candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), un partido continuista del régimen, tenía el beneplácito del presidente Giammattei, que le allanó el terreno mientras suspendía a otras formaciones y cerraba periódicos críticos gracias a la cooptación de la Justicia.
La agrupación de Arévalo ha sido los dos últimos meses diana de obstáculos judiciales pensados para invalidar la candidatura. Tras los primeros comicios, la Fiscalía no tardó ni diez días en jugar sus cartas y abrir un supuesto caso para desterrar a Semilla de la segunda vuelta. El proceso, que alegaba la falsificación de firmas falsas durante la creación del movimiento en 2018, permitió a las autoridades registrar la sede del partido y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), independiente del mandato político.
La negativa del TSE a acatar las maniobras de la Fiscalía permitió celebrar la segunda vuelta del pasado domingo con Arévalo como candidato. Sin embargo, el ganador de las elecciones sabía que su camino a la presidencia no acababa en la victoria sobre Torres. Y así fue: el miércoles, Semilla se volvió a enfrentar a la ilegalización por parte del Ministerio Público.
El fiscal a cargo del nuevo caso, Rafael Curruchiche, está sancionado desde el año pasado por Estados Unidos por acusaciones de corromper la Justicia en Guatemala. "Nosotros sabemos que hay una persecución política en curso, que se lleva a cabo por medio de las instituciones, fiscalías y jueces que han estado cooptados", dijo Arévalo la misma noche que se supo futuro presidente de Guatemala.