El oficialismo argentino está atravesando un duro bache en la recta final para las elecciones presidenciales del 22 de octubre. A menos de tres semanas para ir a las urnas, el país ha dejado rápidamente de hablar del discurso extravagante de Javier Milei y las propuestas "vergonzosas" de Patricia Bullrich para poner toda su atención en dos tramas de corrupción en la sucursal de la coalición Unión por la Patria (UP) de la provincia de Buenos Aires.
Uno de los dos escándalos gira en torno a Martín Insaurralde, hasta esta semana jefe de Gabinete del Gobierno provincial presidido por Axel Kicillof. El delito de Insaurralde fue aparecer en fotos y vídeos publicados en Instagram por la modelo Sofía Clérici en los que ambos disfrutaban de unas vacaciones de lujo en un yate en Marbella, champán y lencería incluidos.
Si las stories de la amante del jefe de Gobierno han enfadado a un país sumido en una grave crisis económica que celebra su campaña presidencial ―y, por qué no decirlo, aún sale del invierno―, la segunda trama afecta directamente a casi 50 trabajadores de la legislatura bonaerense. La historia está protagonizada por Julio 'Chocolate' Rigau, un militante "puntero" del Partido Justicialista de Alberto Fernández que ha trabajado como electricista en las instalaciones del Gobierno provincial, según medios argentinos.
El 9 de septiembre, la policía de La Plata detuvo a Chocolate en un cajero de aquella ciudad. Un usuario había llamado denunciando que el hombre llevaba demasiado tiempo efectuando operaciones en la máquina, lo que levantó sus sospechas. Al acudir, las autoridades sorprendieron al trabajador de la administración retirando los sueldos de 48 empleados del Gobierno bonaerense con sus 48 tarjetas de débito correspondientes. Los salarios rondaban los 580.000 pesos argentinos (1.575 euros), y en el momento de la detención Chocolate ya llevaba encima 1.260.000 (3.423 euros) en metálico.
El escándalo no sólo afecta al kirchnerismo: aunque la mayoría de los involucrados son trabajadores de UP, entre los implicados había miembros de agrupaciones políticas de la oposición como Cambiemos, la filial bonaerense de la coalición Juntos por el Cambio (JxC). Entre los 48 nombres también figuran tres nombres con el apellido Rigau: Maximiliano, Cristian y Gerardo; lo que invita a sospechar que Chocolate hubiera atraído a la trama a familiares suyos.
Transferencias bancarias efectuadas por Julio 'Chocolate' Rigau.
En general, las tarjetas de crédito pertenecían a empleados poco cualificados de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. La mayoría de ellos trabajaba en el Gobierno regional desde antes de 2019, y desempeñaba funciones básicas de militancia política y administración. Varios cambiaron de bloque político a lo largo de los años.
La Justicia argentina ha interrogado a 16 de los 48 presuntos implicados por las irregularidades que las operaciones de Rigau han supuesto en la gestión de fondos públicos. "Yo le di la tarjeta para que me hiciera [una retirada], cada dos por tres le daba la tarjeta, era más cómodo, de todos modos él me devolvía la tarjeta y el ticket con la plata", aseguró el declarante Diego Köster ante la fiscal Betina Lacki.
Köster, de Cambiemos, más tarde admitió a los medios que "no podía ir a cobrar [él mismo] porque no [le] funcionaba la camioneta". Otros alegaron que Chocolate era un amigo, compañero o filántropo al que hacían un favor. Pero, ¿qué ganaban a cambio? Algunos de los 48 involucrados han afirmado que le entregaban el dinero a Rigau de manera voluntaria. Sin embargo, en las declaraciones hay una excepción.
El declarante Ezequiel Tocci aseguró que entregó su tarjeta en la Cámara porque "le habían asegurado que su contrato no había prosperado", según Infobae. Es decir, que la única manera de recuperar su salario era en efectivo a través de las operaciones que Chocolate se ofrecía a hacer.
[Milei destapa sus cartas en Argentina: "Si me eligen presidente 25 años, igualamos a EEUU"]
Después de 12 días en prisión, Rigau ha sido liberado. Los jueces Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo anularon la causa con la justificación de que la detención carecía de argumentación judicial previa. El caso está ahora en manos de la Cámara de Casación tras las apelaciones de distintos fiscales. Mientras tanto, la Unión Cívica Radical (UCR), su agrupación política, ha tomado distancia de su militante "puntero": "Está claro que no es de nuestro espacio", ha declarado presidente del partido en la provincia, Maximiliano Abad.
A Martín Insaurralde también le ha pasado factura su escándalo, y ya ha renunciado tanto a su cargo como jefe de Gabinete del Gobierno de la provincia de Buenos Aires como a su candidatura para ser concejal del municipio de Lomas de Zamora. Tanto él como su amante, Sofía Clérici, han sido denunciados por enriquecimiento ilícito, y el martes fueron imputados por lavado de dinero. Ambas tramas llegan en un momento crítico para la decisión de los argentinos de cara a la cita del 22 de octubre, para la que el kirchnerismo ya andaba entre las cuerdas y amenazado por el ultraderechista Javier Milei.