Chile retorna a las urnas en un nuevo intento por cambiar la Constitución de la época de Pinochet

Más de 15,4 millones de chilenos vuelven este domingo a las urnas para aprobar o rechazar una segunda propuesta de Constitución para sustituir a la legada por la dictadura militar (1973-1990) en un ambiente de incertidumbre, alto desinterés y hartazgo electoral, pues es la quinta votación constitucional desde 2020.

La votación tiene lugar a las puertas de la Navidad, en medio de las compras navideñas y con muchos chilenos comenzando sus vacaciones estivales.

Pese a que el voto es obligatorio y los electores se arriesgan a ser multados si no sufragan, los expertos auguran una participación menor al 85,7 % registrado en el plebiscito de septiembre de 2022, cuando los ciudadanos rechazaron de manera contundente la primera propuesta de Carta Magna.

"Iré a votar porque el bolsillo no soportaría una multa, pero esta Constitución no va a solucionar los problemas que tiene Chile", dijo a Efe Pascual Castellano, un jubilado de la capital.

Unos metros más adelante, la universitaria Javiera Palacios reconoció que no se ha leído el texto y que decidirá "sobre la marcha" si acude o no a las urnas.

"En Chile nada va a cambiar porque a los poderosos, a los que mandan, no les interesa que las clases bajas y medias de este país avancen", añadió visiblemente enojada.

Un total de 3.237 locales de votación tanto en Chile como el extranjero han abierto ya sus puertas -a las 08:00 y hasta las 18:00 hora chilena- y se espera que el resultado esté a lo largo de la noche.

Sin consenso

El texto que se plebiscitará, de 17 capítulos y 216 artículos, no logró consenso político en el interior del Consejo Constitucional, órgano compuesto por 50 consejeros elegidos el pasado mayo, donde la ultraderecha y la derecha tradicional contaron con mayoría, con 22 y 11 escaños, respectivamente.

Las derechas defienden que la nueva propuesta constitucional es mejor que la actual Carta Magna porque "recoge" las preocupaciones ciudadanas actuales, como la seguridad o la migración, y asegura que su aprobación pondrá fin a los cuatro años de incertidumbre institucional que provocó el estallido social de 2019.

El Estado social y democrático de derecho es la gran novedad con respecto a la Constitución actual, aunque la izquierda no ha quedado conforme con cómo ha quedado reflejada una de sus aspiraciones históricas y asegura que hay artículos que "vacían" el concepto y constitucionaliza el modelo neoliberal instalado en el régimen.

El texto incluye artículos que han generado gran polémica como la consagración del "derecho a la vida de quien está por nacer" -una norma que el oficialismo teme que colisione con la aplicación de la ley que permite el aborto en tres causales-, la expulsión inmediata de los migrantes irregulares o la exención tributaria de la primera vivienda, que beneficia a las personas de mayores ingresos.

"Es una propuesta constitucional larguísima, llena de elementos programáticos que gustan a solo un sector del país, que profundiza el carácter neoliberal de la actual, y que exhibe contradicciones internas", apuntó Javier Couso, constitucionalista de la Universidad Diego Portales (Chile) y la Universidad de Utrecht (Países Bajos).

Si se aprueba, explica Claudia Heiss, jefa de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Chile, "sería la segunda Constitución más larga de América Latina".

"Esto se debe a que se constitucionalizaron normas que hoy en día están en las leyes orgánicas. Es un texto muy programático", agregó.

Aunque los expertos dicen que el escenario está más abierto de lo que parece, las últimas encuestas publicadas hace más de dos semanas anticipaban que la ciudadanía votará en contra del texto.

La incógnita es cuánto afectará a la opción que defiende la izquierda, la de rechazar la propuesta, un caso de corrupción que afecta a uno de los partidos de la coalición oficialista y que en los últimos días ha tomado impulso con la detención de dos personas.

Si finalmente se rechaza, seguirá vigente la actual Constitución y se cerrará al menos durante este mandato el debate constitucional porque el Gobierno ya ha dicho que no impulsará un tercer intento.