Chile vuelve a rechazar el cambio de la Constitución de Pinochet con un 55,76 % de los votos

Chile ha decidido. En la segunda votación para sustituir la Constitución vigente desde la dictadura de Pinochet, el 55,76% del electorado chileno ha rechazado la nueva carta magna elaborada por el Consejo Constitucional con un sello conservador.  

Un segundo intento que viene precedido por el fracaso del primer texto elaborado por la Convención Constitucional, que fue rechazado en el plebiscito de septiembre de 2022. En aquella ocasión el 62% de los votantes, pertenecientes a un 85% de la ciudadanía chilena, votó de forma abrumadora por el mantenimiento de la Constitución actual. 

Dicho escrito, el que permanecerá vigente, nació en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet, pero ha experimentado unas 70 reformas desde el establecimiento de la democracia y desde 2005 posee la firma del expresidente socialista Ricardo Lagos.

[Chile retorna a las urnas en un nuevo intento por cambiar la Constitución de la época de Pinochet]

La propuesta, que está formada de 17 capítulos, 216 artículos y 62 transitorios, siendo más larga que la vigente, constituida por 15 capítulos, 168 artículos y 53 transitorios, no propone un gran cambio en las bases del país y, de salida, no parecía estar en síntonía ni interesar en demasía al pueblo chileno. 

Esto, sumado a la cercanía de la Navidad y al éxodo de gran cantidad de la población para dar comienzo a sus vacaciones estivales, ha provocado que, según el cuerpo de carabineros de Chile, se haya registrado un total de 250.000 solicitudes para ausentarse de la cita democrática, algo que es obligatorio para todos aquellos ciudadanos disponibles para ejercer su derecho al voto. 

La nueva propuesta

El nuevo texto se ha presentado ante la población sin contar con el consenso de las diferentes fuerzas políticas que forman el Consejo Constitucional y según las fuerzas que representan a la derecha, mejora al texto vigente debido a que se preocupa por las demandas actuales de la ciudadanía, como la seguridad o la migración. 

La propuesta incorpora el derecho a vivir en un entorno seguro y el deber del Estado de garantizar una protección efectiva "contra la delincuencia, especialmente contra el terrorismo y la violencia criminal organizada". Además, establece la expulsión "en el menor tiempo posible" de los extranjeros que ingresen de forma clandestina al país, crea una Policía Fronteriza y una Fiscalía Supraterritorial contra el crimen organizado, lo que favorece a las personas con más ingresos. 

Objeción de conciencia

La objeción de conciencia representa la mayor polémica en torno a la nueva propuesta, ya que su inclusión, al considerar "la libertad de toda persona para adoptar la religión o las creencias de su elección, a vivir conforme a ellas y a transmitirlas", abre la posibilidad a los profesionales de la salud de no practicar el aborto o cualquier otra labor si no concuerda con sus ideales religiosos. 

Una inclusíon relacionada con la ley que "protege el derecho a la vida de quien está por nacer", lo que, según la izquierda podría colisionar con la ley de aborto en tres causales que rige desde 2017 y que se aplica para casos de violación, riesgo de vida de la madre o inviabilidad del feto.

Sin embargo, el Estado social y el democrático de derecho son la gran novedad con respecto a la Constitución actual: El texto vigente solo alude a que la forma de Gobierno es una República democrática, mientras que la propuesta consagra que "el Estado de Chile es social y democrático de derecho". 

Una declaración que pese a ser anhelada por la izquierda, no ha dejado satisfechas sus aspiraciones históricas, pues aseguran que hay artículos que "vacían" el concepto y constitucionaliza el modelo neoliberal instalado en el régimen. 

Además, la Constitución presentada asegura la igualdad social entre hombres y mujeres, tanto en política como en el ámbito laboral, algo que ha costado alcanzar pese a las reformas realizadas sobre el texto actual, reconoce a los pueblos indígenas e incluye el derecho a la vivienda adecuada, así como a un trabajo decente y a la huelga.