La fiscalía de Perú ha pedido formalmente 34 años de prisión para el ex presidente Pedro Castillo, quien fue destituido y arrestado tras su intento de disolver el Congreso y dar un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022.
Castillo, cuya destitución desató meses de protestas que afectaron al sector minero del país, permanece en prisión preventiva acusado de "rebelión, abuso a la autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública".
Además, se solicitan penas para varios ex ministros, entre los que se incluyen la ex primera ministra Betssy Chávez y su asesor y predecesor Aníbal Torres, para los que se piden 25 y 15 años de prisión, respectivamente, por delito de rebelión.
Igualmente, el Ministerio Público ha solicitado 25 años de prisión para los exministros de Comercio Exterior Roberto Sánchez Palomino y del Interior Willy Huerta Olivas, así como para los oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez.
El ex presidente de Perú inició el proceso para disolver el Congreso y establecer un Gobierno de emergencia nacional para mantenerse en el poder, ya que el Parlamento había iniciado una moción de censura en su contra que le habría apartado de la jefatura de Estado apenas 18 meses después del comienzo de su legislatura.
Por esa decisión, fue destituido por el Congreso y, posteriormente, arrestado por su propia escolta.