El presidente argentino, Javier Milei, se encuentra en una semana crucial para avanzar en su propuesta legislativa, la Ley Ómnibus, oficialmente conocida como ‘Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos’. Al mismo tiempo, enfrenta la amenaza de su primera huelga nacional. Este miércoles 24 de enero, la Confederación General de Trabajo (CGT), el sindicato más grande del país, ha convocado un paro en señal de protesta contra el proyecto de Ley, así como contra el decreto de necesidad y urgencia 70/2023.
Bajo el lema de ‘La patria no se vende’, la CGT argumenta que tanto el decreto como la ley, destinados a la desregulación económica y a otorgar al Ejecutivo poderes legislativos para declarar la emergencia en diversos sectores por al menos dos años, son considerados "ilegítimos" y representan una amenaza para los principios fundamentales de convivencia en la nación.
Este paro general representa la primera acción de fuerza llevada a cabo por la CGT en los últimos cinco años. La última huelga convocada tuvo lugar el 29 de mayo de 2019 durante la gestión de Mauricio Macri, marcando la quinta acción de este tipo en ese periodo. La convocatoria actual se extenderá a lo largo de doce horas el 24 de enero, desde las 12 del mediodía hasta la medianoche.
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Entre los diferentes sectores que participarán en la convocatoria destaca el sector del transporte. Tanto el sindicato ferroviario, del metro de Buenos Aires como la Unión Tranviarios Automotor (UTA) señalaron que los trenes y los autobuses funcionarán desde medianoche hasta las 19 horas para asegurar la movilización al Congreso. Después, se unirán a la convocatoria.
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) ha confirmado la paralización total del transporte aéreo entre las 12 y las 24 horas del día 24 de enero, afectando a vuelos y aeropuertos de todo el país. Además, en Buenos Aires, la oferta cultural se verá afectada, ya que muchos actores, productores y directores se sumarán al paro y a la movilización al Congreso.
Para Milei, esta convocatoria muestra la existencia de dos Argentinas. “Hay una que se quiere quedar en el pasado y en la decadencia, y otra que nos pone en el camino de ser un país desarrollado, que es el que nosotros proponemos”, señaló el dirigente en una entrevista para la radio argentina Rock & Pop. Asimismo, indicó que mientras el Gobierno está dispuesto a tomar las medidas necesarias, algunos políticos buscan defender sus “intereses corporativos”.
En su segunda semana como presidente, Milei impulsó un megadecreto, el DNU 70/2023, que busca modificar o derogar 366 leyes que regulan diversos aspectos de la economía. En la tercera semana, presentó la Ley Ómnibus, un ambicioso proyecto que tiene por objetivo transformar significativamente la estructura política, económica y social del país.
En el marco de las numerosas medidas contenidas en este extenso proyecto, el presidente busca desregular diversos sectores económicos, incluyendo el laboral, inmobiliario, de la salud y hasta el de los clubes de fútbol. Aunque inicialmente se propusieron más de 600 leyes, el Gobierno de Milei ya ha renunciado a varios objetivos, como la privatización de la petrolera nacional YPF, en sus negociaciones para sacar adelante el proyecto.
Dentro de la propuesta gubernamental de la Ley Ómnibus, se incorporan también limitaciones a las manifestaciones, elevando las penas a un máximo de cuatro años de prisión para quienes empleen armas con la intención de interrumpir el servicio de transporte público. De manera similar, se contemplan sanciones de hasta cinco años para aquellos que lideren, organicen o coordinen una reunión o manifestación que obstaculice, entorpezca o impida la circulación, tanto en el ámbito del transporte público como en el privado.
Rechazada por los empresarios
La primera huelga convocada contra el gobierno de Milei no ha sido bien recibida por los empresarios. La Unión Industrial Argentina (UIA) expresó al diario Clarín que “siempre hay que agotar las instancias de diálogo y en este caso no se ve que haya habido diálogo”. Añadió que la situación del país es lo suficientemente crítica como para que todos los sectores resuelvan sus diferencias dentro del marco del diálogo social.
Por otro lado, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) emitió un contundente comunicado el pasado lunes, criticando la variabilidad en los criterios utilizados por los sindicatos en diferentes gobiernos. "El paro anunciado para el próximo 24 de enero será el más rápido realizado a un gobierno nacional desde el retorno de la Democracia en 1983, a tan solo 40 días de haber asumido Milei la presidencia", subrayó la CAC en la declaración publicada en su página web.
Asimismo, el organismo destacó la ausencia de paros generales durante la era Fernández, a pesar de que su Gobierno enfrentara una inflación del 930,7%. “No realizaron manifestación alguna durante los cuatro años en que Alberto Fernández ejerció el Poder Ejecutivo, período en que el crecimiento de la pobreza y la inflación, con su consecuente deterioro del poder adquisitivo, fueron constantes”, señaló en el documento.