El juez Juan M. Merchan, del Tribunal Supremo de Nueva York, ha desestimado este jueves el intento del expresidente Donald Trump de recusar los cargos penales del distrito de Manhattan contra él y ha fijado el 25 de marzo como la fecha del inicio del juicio penal por falsificación de registros mercantiles.
El fiscal del distrito, Alvin L. Bragg, presentó los cargos el año pasado, acusando al candidato republicano de encubrir un posible escándalo que involucraba a la estrella del porno Stormy Daniels durante y después de la campaña presidencial de 2016.
Trump había pedido a Merchan que desestimara la acusación de 34 cargos, que le acusa de falsificar registros comerciales para encubrir el pago de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels antes de las elecciones de 2016, informó Reuters.
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En otra audiencia separada este jueves que acusa a Trump de interferir electoralmente en 2020 en Georgia, sus abogados pedirán al juez que aparte a la fiscal del caso, Fani Willis, después de que se revelara su relación personal con Nathan Wade, un fiscal externo designado por Willis para el caso.
Será el primero de los casos penales a los que Trump se enfrentará, aunque podría no ser el último. En total, el expresidente está acusado de 91 cargos por delitos graves distribuidos en cuatro juicios penales distintos, cualquiera de los cuales podría conllevar una condena a prisión. Además, enfrenta una demanda civil en Nueva York que podría provocar cambios significativos en su imperio empresarial, incluso el cese de operaciones en su estado natal.
Trump ha señalado durante mucho tiempo que detrás de estos cargos penales se esconde una motivación política. "No habrían traído esto si no fuera por el hecho de que me presento a presidente y me va bien", dijo Trump en un pasillo fuera de la sala del tribunal. Por el momento, el candidato republicano se ha hecho con las cuatro primeras elecciones primarias estatales y los sondeos de opinión le dan una amplia ventaja sobre su única rival, Nikki Haley.
En una carta dirigida al Tribunal Supremo, los abogados del expresidente señalaron el lunes que los procesamientos a los que se enfrenta su cliente pueden constituir un riesgo para los futuros presidentes. "La amenaza de procesamiento se convertirá en un garrote político utilizado para influir en las decisiones presidenciales más delicadas e importantes, con la amenaza de la vulnerabilidad personal tras dejar el cargo", indicaron.