Maduro envía al “centro de tortura” a la opositora Rocío San Miguel en una última ola de represión

De doble nacionalidad española y venezolana, San Miguel preside la ONG de derechos humanos Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, y se ha convertido en una de las voces críticas con el régimen más populares. La pasada noche del viernes, cuando estaba a punto de viajar fuera del país junto a su hija pequeña, fue detenida en el aeropuerto de Maiquetía. Al mismo tiempo, varios de sus familiares, como su hija, sus dos hermanos, su padre y una ex pareja fueron encarcelados.

Más tarde, la Justicia anunció que los ponía en libertad pero les prohibía abandonar Venezuela o "declarar a los medios de comunicación". De Rocío San Miguel, sin embargo, no se sabe nada desde que la llevaron a comparecer el lunes en el Tribunal Segundo Contra el Terrorismo. Esta activista y abogada lleva cinco días totalmente incomunicada. Hasta el lunes, de hecho, se desconocía por completo su paradero, por lo que sus abogados calificaron de "desaparición forzada", como se conocen a las detenciones secretas y que, si se realizan de forma sistemática, constituyen un crimen contra la humanidad según el derecho internacional.

El Helicoide, sede de los servicios secretos venezolanos y prisión de opositores, en Caracas. Imagen de archivo.

La Fiscalía de Venezuela la acusa de haber participado en una trama conspirativa denominada 'brazalete blanco' que tiene el objetivo de "atentar en contra de la vida del jefe de Estado y otros altos funcionarios". Por ello, por su "presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación", el fiscal venezolano, Tarek William Saab ha ordenado una medida de privación de libertad. Ha sido el jurista Juan González Taguaruco, miembro del equipo de defensa de la activista, quien ha hecho pública la decisión judicial de retener a San Miguel en el Helicoide.

Preocupación internacional 

La detención de Rocío San Miguel se enmarca dentro de la nueva ola de represión del Gobierno de Maduro para silenciar cualquier tipo de oposición. A inicios de año, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, acusado de favorecer siempre al régimen, ratificó la inhabilitación por 15 años de la candidata presidencial de la oposición para las elecciones presidenciales de 2024, María Corina Machado, junto a la de otros opositores como Henrique Capriles, que no podrán ocupar cargos públicos hasta 2032. Esta medida deja vía libre a Maduro en una carrera electoral en la que Corina Machado parecía llevar la delantera.

[Denuncian el "secuestro" de tres opositores venezolanos: 16 días en paradero desconocido]

La medida estaba lejos de sorprender, pero sí puso en tela de juicio los Acuerdos de Barbados, un pacto entre el Gobierno de Maduro y un grupo de partidos de oposición –conocido como la Plataforma Unitaria– para mejorar las garantías electorales y que incluía la liberación de presos políticos, entre otros. A cambio, Estados Unidos prometía aliviar las sanciones a los hidrocarburos venezolanos.

Sin ir más lejos, hace apenas unos días, varios partidos opositores denunciaron que tres colaboradores de María Corina Machado llevaban "secuestrados" desde el 23 de enero. Así, la detención de San Miguel ha acabado de encender todas las alarmas de la comunidad internacional y de organizaciones defensoras de derechos humanos.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un acto en Caracas. Reuters

El Gobierno estadounidense, de hecho, ha sido uno de los primeros en condenar lo ocurrido. "Estamos profundamente preocupados", indicó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, en una rueda de prensa en la Casa Blanca. Asimismo, advirtió a Maduro que "necesita cumplir los compromisos que asumió sobre cómo va a tratar a la sociedad civil, a los activistas políticos y a los partidos de oposición".

En las últimas horas, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional, y numerosas oenegés locales e internacionales también han mostrado su preocupación por la detención de la activista venezolana.