Vacío de poder en Haití: el país queda a merced de las bandas tras la dimisión del PM y la inacción de la ONU

En lo que va de semana, los dos pilares que mantenían el poco equilibrio que había en Haití se han desmoronado. El lunes por la noche, el primer ministro Ariel Henry sucumbió a la presión de las bandas y dimitió de su cargo. 'Barbecue', el cabeza de la pandilla de pandillas Vivons Ensemble, lo había amenazado tras el motín en la principal cárcel de Puerto Príncipe con "una guerra civil que acabará en genocidio" si no dejaba el Gobierno libre. Y así hizo.

El martes, Kenia dio marcha atrás en la última esperanza para restaurar la gobernanza en el país: una misión de las Naciones Unidas liderada por el país africano, cuyo presidente William Ruto se había ofrecido a coordinar. Horas después de la dimisión de Henry, el gobierno keniata dio marcha atrás y anunció que suspendía el despliegue y que volvería a evaluarlo una vez que hubiera un nuevo gobierno haitiano.

Hacía solo 11 días, Henry y Ruto llegaron a firmar un acuerdo para agilizar el despliegue de agentes de policía kenianos y así hacer frente a la espiral de violencia en Haití. Este giro inesperado deja en entredicho el futuro de la misión multinacional en el país caribeño, y lo deja a merced de las pandillas, que ya controlan el 80% de Puerto Príncipe.

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Ante el auge de la violencia, Henry pidió en 2022 que una fuerza de la ONU entrara a combatir la violencia que causan las pandillas. Kenia se presentó para liderar esta misión el pasado mes de julio. El país africano se comprometió entonces a enviar 1.000 agentes para dirigir una fuerza de seguridad internacional, pero la iniciativa se ha visto constantemente bloqueada por los tribunales, lo que ha dejado en suspenso una misión a la que media docena de países han prometido enviar personal.

En octubre, la ONU aprobó la propuesta de Nairobi. Pero el pasado 25 de enero, la Corte Suprema del país africano declaró que el plan de enviar fuerzas de seguridad nacionales a Haití era "inconstitucional", ya que no existe un "acuerdo recíproco" con el país receptor. Hasta ahora, Ruto había insistido en que, a pesar de la sentencia, su Gobierno iba a seguir adelante con sus planes de dirigir una misión de seguridad en Haití aprobada por la ONU.

Pero los eventos de las últimas semanas han sido una puntada final para una solución que ya tenía suficientes impedimentos. El motín en la cárcel más grande de Haití el pasado 8 de febrero resultó en la liberación de miles de prisioneros. Además, los sublevados sitiaron el único aeropuerto internacional del país, lo que impidió el regreso a Puerto Príncipe de Henry, que estaba en ese momento de visita en Kenia. La crisis de este febrero aumentó la preocupación en Nairobi por una misión que muchos ya consideraban demasiado peligrosa y contraria a los intereses nacionales del país.

"El Estado parece estar desmoronándose desde dentro y la situación de seguridad es mucho peor que cuando Kenia se ofreció a dirigir la misión", declaró a Reuters Murithi Mutiga, director del programa para África del grupo de reflexión International Crisis Group, antes de que Nairobi anunciara la retirada del envío de agentes. Abraham Korir Sing'Oei, secretario principal del Ministerio de Asuntos Exteriores, declaró que la futura decisión sobre el despliegue dependería de la situación sobre el terreno. "Tiene que haber una autoridad que pueda servir de base para un despliegue policial, que goce de autoridad constitucional en Haití", afirmó.

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Estados Unidos, que ha prometido la mayor parte de la financiación de la misión, dijo que confiaba en que el despliegue se llevaría a cabo una vez que los nuevos líderes de Haití fueran nombrados a través de un proceso de transición. "Creemos que son pasos que se darán, como he dicho, en un futuro muy próximo, y que allanarían el camino para que esta misión siga adelante sin demora", ha dicho a la prensa el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.

Aun así, Washington desplegó militares en el país insular la noche del 9 de marzo para reforzar la seguridad de la embajada de Estados Unidos y evacuar al personal no esencial, en un momento en que las bandas armadas han convertido las calles en un campo de batalla. El objetivo de la operación era fortalecer la seguridad de la embajada para garantizar que siga funcionando, según explicó en un comunicado el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, responsable de las operaciones en Latinoamérica.

Estados Unidos ha prometido 300 millones de dólares para apoyar la misión. La contribución del Departamento de Defensa de 200 millones de dólares, que apoyará la logística, los suministros y los servicios a los países contribuyentes, ya ha sido aprobada por el Congreso, dijo un portavoz del Pentágono. La administración del Presidente Joe Biden, por su parte, está trabajando con el Congreso para aprobar 40 millones de dólares de los 100 millones prometidos por el Departamento de Estado, dijo un alto funcionario del Departamento de Estado, añadiendo que el dinero no iría necesariamente al fondo fiduciario de la ONU.

Los gobiernos extranjeros se han mostrado reticentes a participar en la misión, en parte debido a las dudas sobre la legitimidad del gobierno no electo de Henry, que asumió el cargo tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. Muchas comunidades y observadores haitianos también desconfían de las intervenciones internacionales después de que anteriores misiones de la ONU dejaran tras de sí una devastadora epidemia de cólera y escándalos de abusos sexuales, por los que nunca se hicieron reparaciones.

En la actualidad, el cargo de primer ministro está vacante, y Henry sigue exiliado en Puerto Rico ante la imposibilidad de regresar a su país de origen. Su ministro de Finanzas, Michel Patrick Boisvert, asumió el puesto en funciones cuando la rebelión de las bandas le impidieron regresar a Haití.