Noboa logra encarcelar a Jorge Glas: una prisión de máxima seguridad para los reos más peligrosos

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, logró este sábado su objetivo de devolver a prisión a Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa. Todo ello a coste de granjearse el repudio de la comunidad internacional tras el asalto a la Embajada mexicana en Quito para detenerlo, una vez que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya le había otorgado el asilo político.

Tras haber pasado toda la madrugada en la Unidad de Flagrancia de Quito, Glas fue trasladado en avión a la cárcel de máxima seguridad de La Roca, situada en el complejo carcelario de Guayaquil y reservada para los presos más peligrosos.

Sobre Glas pesaba una orden de detención y de ingreso en prisión preventiva por el caso de la reconstrucción de la provincia costera de Manabí, la más afectada por el fuerte terremoto de 2016, donde está imputado por presunta malversación de fondos públicos.

Además, el exvicepresidente de Correa debía volver a prisión para terminar de cumplir una pena de ocho años de cárcel por dos condenas por cohecho y asociación ilícita tras no recibir el beneficio penitenciario de la prelibertad, luego de haber aglutinado las dos sentencias y haber cumplido cerca de cinco años de cárcel, entre 2017 y 2022.

Desde mediados de diciembre de 2023, Glas se había alojado en la Embajada de México en Quito para pedir asilo político al declararse como perseguido político y víctima de 'lawfare', lo que le fue concedido el viernes.

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El asilo fue otorgado por México en el momento de mayor tensión en las relaciones con Ecuador, después de que el Gobierno de Noboa expulsara a la embajadora mexicana, Raquel Serur, como respuesta a unas declaraciones del presidente López Obrador que relacionaba el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio con el triunfo electoral de Noboa frente a la candidata correísta Luisa González.

El asalto a la fuerza a embajada

La Policía Nacional de Ecuador irrumpió en la Embajada de México para detener a Glas, un acto que el Gobierno mexicano calificó como una violación a su soberanía y al derecho internacional, por lo que rompió inmediatamente las relaciones diplomáticas con el país andino.

A finales de febrero la Cancillería ecuatoriana pidió permiso a la embajadora de México para ingresar a la sede diplomática para detener a Glas, aunque sin éxito.

Tanto el expresidente Rafael Correa (2007-2017) como su partido Revolución Ciudadana han denunciado que Glas fue presuntamente golpeado durante las horas que pasó detenido y responsabilizaron al Gobierno de Noboa de cualquier daño físico y psicológico de Glas.

El Gobierno de Ecuador, que ya había anticipado que no daría el salvoconducto para que Glas saliera del país en caso de que le fuera otorgado el asilo, justificó el asalto a la Embajada con el riesgo de fuga inminente del país de Glas. Así lo manifestó la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, en una declaración de prensa en la que insistió en que su Gobierno agotó el diálogo con el Ejecutivo de López Obrador antes de ordenar la irrupción policial a la Embajada mexicana en Quito.

Condena internacional

Las reacciones de la comunidad internacional al ingreso a la fuerza en la Embajada de México en Quito fueron prácticamente unánimes, empezando por la OEA, que en un comunicado condenó los hechos.

La OEA expresó su rechazo a "cualquier acción violatoria o que ponga en riesgo" la inviolabilidad de la que gozan las misiones diplomáticas y reiteró la "obligación" que tienen todos los Estados de no invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, urgió al "diálogo" a México y Ecuador y anticipó que pedirá una reunión del Consejo Permanente del organismo para abordar las tensiones entre ambos países.

En el mismo sentido, el Departamento de Estado de Estados Unidos condenó la violación de la Convención de Viena, que rige las relaciones diplomáticas, e instó a los dos aliados de Washington a "resolver sus diferencias de acuerdo con las normas internacionales".

También condenaron el hecho otros Gobiernos como los de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.