Sábado en la madrugada. Chile se prepara para celebrar un nuevo aniversario de su policía (Carabineros). Es la edición número 97. Los festejos, sin embargo, no fueron como la institución y la ciudadanía esperaban. Un grupo de bomberos encontró tres cuerpos calcinados en el interior de una patrulla en la localidad de Cañete, a unos 635 kilómetros al sur de Santiago, la capital. Poco antes, esos tres cuerpos, que corresponden a policías, habían sido brutalmente asesinados por un grupo radical de la zona.
"No tengo registro en mis 38 años de servicio de la muerte de un Carabinero, y no sólo de uno, sino de tres asesinatos de forma cruel, el día de nuestro aniversario", señaló su director general, Ricardo Yáñez. La zona en la que se perpetró el crimen está bajo resguardo militar desde hace varios meses a raíz de la violencia y las disputas entre el Estado de Chile y los grupos étnicos. Los tres policías abatidos se suman a otros que han sufrido la muerte mientras cumplían sus funciones.
La noticia conmovió a un país, que si bien está acostumbrándose cada vez más al delito y a la barbarie, no lo está ante esa belicosidad. Los policías fueron descubiertos calcinados dentro de un patrullero mientras recorrían la zona. Hasta el momento no se sabe de culpables, pero son varios los actores políticos que han salido a proponer soluciones ante los medios de comunicación. Chile, por el momento, se encuentra en duelo nacional.
Cientos de ciudadanos chilenos despiden a los tres policías asesinados.
Días antes del triste acontecimiento, Rodrigo Mundaca, gobernador de la Región de Valparaíso, señaló: "Cuando un delincuente entra a un hogar de una familia, viola a la madre, a los niños y mata al padre de familia, se apropia de los bienes materiales y comete todas estas atrocidades, yo creo que (la pena de muerte) es una discusión que hay que tener". Según sus palabras, existen delitos para los que no hay perdón y sería la muerte la única salida posible y el modo de redimir a la víctima.
Durante algunos días, Mundaca se mantuvo sólo en su postura. Sin embargo, tras el crimen en Cañete, fueron varios los que lo respaldaron. "Espero que el Gobierno envíe un proyecto de ley al parlamento y que sea acogido por los parlamentarios. Uno, que por ejemplo, reponga la pena de muerte para quienes asesinen a los policías", advirtió Rodrigo Díaz, gobernador de la región del BíoBío, donde se ejecutaron los homicidios.
La idea de restituir la pena de muerte, que para muchos es inaceptable desde el punto de vista de los derechos humanos, también hizo eco en el Congreso Nacional. En su cuenta de X, Johannes Káiser, diputado independiente con afinidad con la extrema derecha, reconoció estar trabajando "en un proyecto de ley para restablecer la pena de muerte para quien asesine a un carabinero o un miembro de las Fuerzas Armadas".
En medio del auge de la violencia, el apoyo ciudadano a Carabineros sube como la espuma. Según Cadem, una de las encuestas de opinión más conocidas en el país sudamericano, la institución llegó a su máximo histórico, con un 84% de respaldo de la gente, es decir, ocho puntos porcentuales más que en el estudio hecho en marzo.
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Con ese aumento de la popularidad, la policía chilena se posiciona como la tercera institución mejor evaluada. En la contraparte, el Congreso (20%) y los partidos políticos (13%) cierran el sondeo. Sobre el atentado en sí, un 73% de los consultados asegura que la causa fue el terrorismo o el crimen organizado, versus un 16% que lo atribuye a alguna organización mapuche que busque reivindicar tierras.
Ecuador y la 'mano dura'
No sólo los ciudadanos chilenos demandan más seguridad. También lo hace Ecuador. En un referéndum realizado una semana atrás, millones de personas salieron a las calles a pronunciarse sobre una serie de preguntas. La elección se dio en medio de una crisis de inestabilidad sin precedentes, protagonizada por el avance del narcotráfico y el asalto a la embajada de México ordenada por su presidente, Daniel Noboa.
Un militar en Ecuador hace tareas de vigilancia en una cárcel.
La conclusión de los comicios fue evidente: los ecuatorianos quieren 'mano dura', mucha más que la que hoy se está aplicando. En algunas preguntas el Gobierno superó el umbral del 70% para que las Fuerzas Armadas, la institución mejor valorada, continúe apoyando a la Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado.
La victoria se materializó, también, en que el Estado dispondrá de más herramientas para luchar contra la delincuencia, el aumento de penas para los delitos vinculados a la venta de drogas o a la extrema violencia, además del porte de armas policiales y militares para su decomiso y uso inmediato. El triunfo de Noboa, con una participación ciudadana en torno al 75%, oscilaba entre el 60,07% y el 72,74%.
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También suscitó apoyo la 'extradición', una herramienta que le fue rechazada al antecesor de Noboa, Guillermo Lasso. Es una victoria para el Gobierno, que pocos días antes de los comicios había anunciado la detención de Fabricio Colón, 'capitán Pico', uno de los líderes de la banda de Los Lobos, quien huyó de la cárcel y animó un conflicto armado el día en que delincuentes asaltaron el canal de televisión TV Guayaquil.
Amnistía y estado de sitio
Mientras la 'pena de muerte' se hace hueco, son otras las medidas que en Chile han ido tomando protagonismo. Sobre todo, después del brutal atentado en Cañete, al sur del país. Una de ellas es las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) y otra la Ley de Inteligencia, que lleva años esperando avances que faciliten su aprobación. También se están discutiendo nuevos mecanismos de protección a las policías.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, hace declaraciones ante los medios de comunicación.
Otra medida que ha despertado controversia es el 'Estado de sitio', que se refiere a la prohibición de gran parte de las libertades de la ciudadanía con el propósito de resguardar la seguridad. José Antonio Kast, excandidato a la presidencia de Chile, publicó en su cuenta de X: "Llegó la hora de terminar con el buenismo y atacar con fuerza el terrorismo. Estado de sitio, cierre y fortalecimiento de fronteras y destitución del gabinete de seguridad urgente".
El Estado de sitio es una herramienta excepcional reservada sólo para casos de guerra interna o grave conmoción interior. Es el presidente de la República, Gabriel Boric, con permiso previo del Congreso, el único que puede decretarlo. Sobre las RUF, corresponde a un conjunto de normas que regulan la acción de las Fuerzas Armadas en situaciones donde deban ejercer el empleo de la fuerza. El proyecto, si bien se encuentra con 'urgencia suma', lleva dormido en los laureles del Congreso desde abril de 2023.
Por último, está la amnistía, un proyecto que fue ingresado en el parlamento y que busca dejar sin efecto las formalizaciones a Carabineros durante el estallido social de octubre de 2019, donde se denuncia violencia extrema de un lado y abuso de la fuerza del otro. "El proyecto de amnistía que ingresamos esta semana debe ser respaldado y despachado", dijo en su cuenta de X, Javier Macaya, presidente del partido de derecha, Unión Demócrata Independiente (UDI). Desde el Gobierno, eso sí, se ha descartado avanzar en una política de esas características.