La investigación judicial a Petro lo lleva a pedir a los colombianos que protesten contra el "golpe de Estado"

No son días fáciles para el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Dos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) presentaron una ponencia legal solicitando que se formulen cargos contra el mandatario por supuestas irregularidades en su campaña de 2022. Lo que ha surgido a partir de ahí ha sido un verdadero 'terremoto' político y las réplicas continúan resonando en el país sudamericano.

Para el jefe de Estado, los cargos que se le imputan corresponden a una "persecución política", un lawfare, como han acusado varios gobernantes de la región en el pasado. Más aún, ha relacionado lo ocurrido con el inicio de un Golpe de Estado y el pasado miércoles se dirigió a sus seguidores a manifestarse en defensa de la democracia.

"Una movilización que sobrepase por completo lo que vimos en el pasado primero de mayo, si se atreven, y para ello hay que organizar las coordinadores de fuerzas populares en cada municipio, en cada barrio, en cada vereda, en cada cabildo indígena, en cada comunidad afrodescendiente", señaló. Sus palabras, cabe decir, no sólo se centraron en la ciudadanía, sino también en la Policía y en las Fuerzas Armadas. 

"A cada soldado, a cada patrullero y patrullera de la Policía Nacional, a sus oficiales, los invito a no volver atrás, a los tiempos en donde se enfrenta al pueblo con fusiles, torturas y golpes, sino a abrazarse entre sí, a ser hermanos". Para el presidente, lo prioritario en este momento es evitar una armada y observa en el diálogo la única salida posible a la crisis. 

En concreto, se investiga una eventual violación de topes financieros, la omisión de pagos a testigos electorales y la recepción de donaciones de sindicatos. La sociedad colombiana, en tanto, se polariza cada vez más entre quienes ven en lo ocurrido una mera estrategia política y en quienes ven fundamentos sólidos y suficientes.

"Golpe blando"

Desde la ciudad de Cartagena, Petro respondió duramente a los ataques en su contra. La protesta, dice, es fundamental para obligar a hacer respetar el Estado de derecho y la voluntad soberana del pueblo colombiano. "Si se atreven a romper la Constitución y a violar el voto del año 2022, millones de colombianos tienen que salir a las calles, los inivito, les solicito independientemente de qué pase conmigo, y rodear pacíficamente los centros del poder en Colombia hasta que se restablezca el orden constitucional".

En su discurso, el mandatario señaló que es sólo al pueblo a quién se debe y que su intención es seguir en el más alto cargo del país hasta las últimas consecuencias. "Iremos hacia donde el pueblo colombiano ordene, el presidente de la República sólo tiene un comandante al frente y ese comandante se llama el pueblo de Colombia". 

A su modo de ver, son 11 millones y medio de conciudadanos los que arriesgan a perder sus derechos políticos de prosperar la acusación en su contra. La iniciativa de los magistrados obedece, para él, al inicio del fin de la democracia. "Si la Constitución dice que el presidente no puede ser juzgado por una entidad diferente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de los Diputados (...) Eso es profundamente inconstitucional y es el inicio de un golpe de Estado en Colombia".

La ponencia, a falta de argumentos en su percepción, señaló que al no venir de un juez que haya dictaminado un delito o crimen, "la decidió la oligarquía y el régimen de corrupción". En esa misma dirección, comparó lo que le está sucediendo con lo que le ha ocurrido a decenas de expresidentes de América Latina, que poco después de ser electos democráticamente, pierden su legitimidad por denuncias de la justicia.

Antecedentes

Muchas causas apuntan a Petro, que sólo ve en la movilización ciudadana una luz de esperanza. Uno de los puntos más controvertidos de la acusación es una donación por 500 millones de pesos (125.000 dólares aproximadamente) de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), uno de los sindicatos más importantes en el país y el con mayor número de miembros. La transferencia fue realizada al partido del presidente, Colombia Humana. Según los dos magistrados el hecho viola las normas electorales al estar prohibidas las donaciones de sindicatos.