16 de septiembre, año 2021. Ciudad de Calama, norte de Chile. En el país se vive un clima de alegría por unas nuevas 'fiestas patrias'. Las parrillas permanecen encendidas y las botellas de vino se abren en las sobremesas. V., una joven de 18 años, no quiere quedar fuera de los festejos y se resuelve a salir esa noche. Un amigo suyo la invita a una fiesta, en la Casa Naranja, recinto en donde varios futbolistas juveniles del club Cobreloa se hospedan y se preparan para los partidos. Ella decide ir. Lo que no sabía en ese entonces, es que lo que le esperaba era el inicio de un calvario que la tuvo al borde del suicidio y sin su familia como sostén de apoyo.
La fiesta transcurría como cualquier otra. Como en muchos otros hogares en ese mismo momento, hombres y mujeres disfrutaban de una barbacoa y charlaban de la vida. V., que mantenía una conversación con uno de los presentes, decide irse con él con el propósito de tener un encuentro íntimo. Un encuentro, que lejos de lo que pretendía y consentía en un inicio, se transformó en su peor pesadilla.
"Yo fui con uno al baño, y llegando al baño me encuentro que hay dos personas más. Ahí intento salir. Me toman de los brazos y me llevan a una pieza. Ahí había más personas. Traté de escaparme, pero tenían más fuerza que yo", es parte del testimonio que ofreció V. semanas atrás.
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Lo que vino después de eso fue de mal en peor. "Yo estaba en shock, por eso no hice nada. Me mostraban (por móvil) y decían 'miren como tenemos a esta mina (mujer)'. Me sentía mal, me sentía sucia, pero me decía que si me dejaba iba a ser más rápido, si me oponía me podían hacer algo peor". Poco después, la violencia más cruel comenzó a ser aplicada. "Uno de ellos tenía un cinturón puesto, me lo puso en el cuello y me empezó a ahorcar. Después me pegaban con ese mismo cinturón".
Poco después de la agresión grupal recibida, V. salió de la casa "como pudo", con un vacío interno, una experiencia traumática y una desesperación que la hizo ver el horizonte muy oscuro. Los problemas, sin embargo, continuarían el día siguiente, cuando quiso hacer justicia.
"La doctora me decía que yo tenía que estar tranquila, que tenía todos los signos de que me habían abusado. Me revisaron entera, me sacaron fotos". La víctima acudió a un hospital para comprobar que había sido violada. Era inminente y según la mujer que le atendió no había motivos por los que preocuparse. Una vez que llega a su hogar y se encuentra con su familia, su historia fue ridiculizada y así se mantuvo.
"Mi familia no me creyó, no me apoyaron", dijo en una comparecencia a un grupo de diputados. De ese modo, el que debe ser nuestro primer sostén en esta vida, a V. se le caía en picada. Ella cada vez se sentía más sola. Para peor, la policía tampoco le creyó, o al menos, optó por no hacerlo para no crearse un problema. Según los primeros agentes con los que V. habló, no valía la pena insistir en la acusación. La posibilidad de que quedara en el olvido, debido a sus pocos recursos económicos, era grande.
"Me sentí muy intimidada, por eso no salí ni pedí ayuda". V. había consumido durante esa noche alcohol, marihuana y cocaína. Una vez ingresada a la fuerza a la habitación, optó por cerrar sus ojos y esperar que todo pasara rápido. "Con todos o con ninguno", gritó a viva voz uno de los responsables. El temor la envolvía.
Para ellos lo ocurrido en ese cuarto no fue suficiente. Según una testigo clave, que estuvo también presente en la fiesta, varios de ellos exhibían con orgullo el vídeo, mientras otros intentaban acercarse a V. de nuevo en busca de algo más. Cuando la víctima se paró para ir al baño, la testigo observó a algunos aproximarse a ella, lo que hizo que la protegiera tomándola del brazo y pidiendo, por favor, "que la dejaran tranquila".
Cadena de errores
La víctima seguía experimentando dolores físicos la mañana siguiente. Fue la doctora Alejandra Ledezma quien la acogió, le hizo los exámenes y le transmitió tranquilidad. En el informe médico se lee "signos físicos sugerentes de violencia sexual flagrante". El documento era claro y ella decidió llevarlo a la Policía de Investigaciones (PDI).
Fue esa misma tarde que la joven narró los hechos a los agentes, aconsejándoles ellos que desistiera de la denuncia, olvide los hechos y vuelva a casa. "No hay pruebas y estas cosas no llegan a ninguna parte", le advirtieron. Fueron esos mismos agentes, de hecho, quienes luego fueron a su casa para pedirle que firme una declaración en la que se aseguraba que las relaciones habían sido "consentidas".
La investigación, al haberse elaborado un informe médico, debió seguir su curso en el Ministerio Público. Sin embargo, los fiscales, motivados por una supuesta "falta de elementos probatorios" la dieron por acabada. Desde ahí transitó un largo tiempo sin que se supiera nada sobre el caso y con una mujer víctima abandonada a su suerte.
Patricia Muñoz, abogada querellante y quien conversó en exclusiva con EL ESPAÑOL, señala no tener una explicación razonable para que el Ministerio Público haya actuado del modo en que actúo. "De manera incomprensible esta causa quedó archivada, a pesar de los hechos de gravedad y a las circunstancias en las que sucedió".
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Desde el club Cobreloa, mientras tanto, las irregularidades también seguían cometiéndose. Siguiendo la lógica de los policías, fue el silencio la estrategia. Algunos de sus más altos mandos exigieron a los futbolistas a que no dieran ningún tipo de detalle sobre la fiesta de septiembre del 2021. Ni del consumo de estupefacientes ni de la violación filmada.
Una luz de esperanza
Dos años más tarde, el episodio volvería a surgir. Cobreloa pidió a un grupo externo de abogados que investigaran, concluyéndose, al igual que antes, que "no hay antecedentes probatorios de los hechos contenidos en la denuncia". La oportunidad de hacer justicia no estaba muerta. María Elena Saavedra, madre de uno de los futbolistas no involucrados en el delito, hizo una denuncia pública que cambió todo.
Mientras que Cobreloa, apoyado por el silencio de la justicia, la policía y una buena parte de los medios de comunicación locales, daba vuelta a la página e incluso contrataba a algunos de los jugadores acusados de violación, V., aprovechó la iniciativa de Saavedra y dio una entrevista televisiva a Canal 13. Después de eso, varios periódicos decidieron sumarse a la denuncia y la gente comenzó al fin a hablar sobre el tema.
A finales de 2023, más de dos años después de que se perpetuara la violación y con las mismas pruebas que se tenían en ese entonces, el fiscal Eduardo Peña realiza una orden de detención en contra de los ocho acusados. La PDI, encargada de llevar adelante el operativo, los detiene y quedan todos bajo prisión preventiva. Dos de ellos, de hecho, fueron apresados mientras entrenaban en el complejo deportivo en Calama. Los agentes de la policía que convencieron a V. de dar por olvidada la denuncia fueron suspendidos.
Desde ese momento, los ocho jugadores permanecen privados de libertad a la espera de una sentencia definitiva. En paralelo, Muñoz, que además es exdefensora de la Niñez, invierte todos sus esfuerzos por esclarecer la verdad. El defensor de la mayoría de los imputados insiste en rebajar la gravedad del caso y señalar que lo ocurrido esa noche en el norte chileno no es comparable al repudiable acto de 'La Manada'. Muñoz, en tanto, responde que el caso es aún peor, al tratarse de una víctima que ha sido amenazada en el proceso.
La trama sigue y la defensa espera que la sentencia, que puede ser desde los cinco hasta los quince años, sea la más alta posible. También se espera entender por qué ciertos fiscales y policías prefirieron callar y dejar guardada la causa en un cajón. ¿Fue una inaceptable irregularidad? ¿Hay intereses más grandes de por medio? Mucho por saberse aún.