El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha acusado este lunes a España de "guardar un silencio cómplice" con la muerte de un joven quemado vivo por manifestantes opositores a su Gobierno en 2017, y ha vuelto a reclamar al Ejecutivo de Pedro Sánchez la entrega de los responsables de la muerte, que según el mandatario venezolano viven en territorio español.
"La Justicia española, el Gobierno español, el Rey de España (Felipe VI), guardan silencio cómplice frente a los asesinos de Orlando Figuera allá en España. Un silencio cómplice guarda el Rey, el presidente de España y el Poder Judicial", ha reprochado durante la retransmisión de su programa Con Maduro+.
Maduro se ha preguntado si a las autoridades españolas "no les interesa la vida" o si "están de acuerdo con la tortura", tras lo que ha aseverado que "la violencia no volverá".
[Detenido en España el venezolano que quemó vivo a otro en las protestas contra Maduro de 2017]
A principios de junio, Maduro reclamó a España la entrega de los responsables de la muerte de Figuera, de 22 años de edad, quien "fue golpeado, herido con arma blanca y quemado durante una manifestación celebrada en Altamira, municipio de Chacao, estado de Miranda" y murió de madrugada en el Hospital Domingo Luciani a causa de las lesiones sufridas, según señaló la Fiscalía venezolana.
Los hechos tuvieron lugar en 2017 durante una protesta contra el Gobierno. Los opositores prendieran fuego a un hombre durante, supuestamente por haberse declarado afín al gobierno. Los manifestantes acusaban al hombre de ser un "ladrón".
Al menos unas 100 personas lo rodearon, rociaron de gasolina y le prendieron fuego. El hombre, convertido en una bola de fuego, salió huyendo mientras el resto de la gente se apartaba. En su huida, parte del fuego se trasladó a una moto. Mientras una parte de los manifestantes querían dejarlo morir, otros lo salvaron, ayudando a que se extinguiera el fuego.
"Quemar a una persona por pensar que es chavista es un crimen de odio contra la humanidad", afirmó entonces Maduro.
El caso de Figuera tensó las relaciones con España en 2020 debido a que se frenó la extradición del opositor Enzo Franchini, acusado de participar en el homicidio durante las manifestaciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro de 2017. La Audiencia Nacional denegó la medida al entender que existe "un temor racional y fundado de que los derechos del reclamado puedan ser vulnerados por parte de los órganos del Estado requirente", en un auto en el que puso en tela de juicio la legitimidad del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab.