El presidente argentino Javier Milei fue denunciado este lunes en la Justicia por supuestos delitos que, según la interpretación del denunciante, estarían vinculados a una red de sadismo, pederastia y tenencia de pornografía infantil.
“Tengo manera de demostrar que (Milei) se inclina por el fetiche sado-masoquista en materia sexual”, aseguró el denunciante, Santiago Cúneo, periodista de televisión, exmilitar, nacionalista y vinculado a servicios de inteligencia.
Cúneo sugirió que se reserva más datos para aportar “cuando sea llamado a ratificar” la querella y anticipó que “me referiré a ciertas conductas del imputado que no pueden menos que ser calificadas de una verdadera enfermedad mental, relacionada con el placer de ver sufrir a otros”.
EL ESPAÑOL tuvo acceso a la denuncia que quedó radicada en el juzgado federal número 3 del juez Daniel Rafecas, un magistrado con reputación positiva como profesional de las leyes e imparcial, entre los del fuero federal que investiga a los funcionarios públicos.
Cúneo recordó que, antes de llegar a la Presidencia, Milei era tertuliano de televisión y solía despotricar contra el estatismo apelando a una llamativa comparación: “El Estado –decía- es el pedófilo en el jardín de infantes, con los nenes encadenados y bañados en vaselina".
La supuesta conducta sexual que el denunciante atribuye al Presidente, dijo, “se proyecta al resto de sus interacciones sociales, y ahora vemos que también al ejercicio de la función pública”.
Para el denunciante, el jefe de Estado ejecuta “un programa de miseria planificada, minuciosamente orquestado” a fines de “llevar a la Nación al desmembramiento y a la ciudadanía a una virtual esclavitud” y, agregó, “sometimiento”.
Cúneo ya venía amenazando hace meses al Presidente argentino con destapar datos presuntamente oscuros de su vida. “El loco psiquiátrico (así llama a Milei) no gobernó un solo día. Se dedica, en su mesianismo delirante, -disparó- a la secta de pedófilos que integra”.
La presentación solicitó a la Justicia que Milei sea sometido a una prueba psicológica “a los fines de evaluar la posibilidad de que el imputado no comprenda la criminalidad de sus actos por insuficiencia en sus facultades mentales o alteraciones morbosas de las mismas”.
La querella pidió a la Justicia que investigue al presidente, en principio, por el delito de abuso de autoridad y violación de deberes, castigado con penas de un mes a dos años de prisión e inhabilitación por el doble de tiempo para ocupar cargos públicos.