La Iglesia Católica no pasa por su mejor momento. Ha perdido influencia y sus fieles han disminuido a lo largo del mundo. Donde peor lo pasa, sin embargo, es en países como Nicaragua, en donde la persecución a sus miembros es algo cada vez más habitual. En el país centroamericano no existe libertad de culto y cualquier sacerdote es visto como una amenaza. La institución es un actor importante en la defensa de los Derechos Humanos y ha servido movilizador en la ciudadanía. Todo ello le ha traído consecuencias.
Entre operativos policiales y allanamientos a casas religiosas, el Gobierno de Daniel Ortega y su pareja, Rosario Murrillo, ha detenido a 12 sacerdotes. Los números son sólo de los primeros cuatro días del mes de agosto. Agrupaciones cercanas al drama que vive la Iglesia Católica hablan de una "escalada represiva" de una dictadura que lleva años persiguiendo a todo aquel que manifieste su creencia. El Colectivo Nicaragua Nunca Más calificó lo ocurrido como "la mayor arremetida" de la que se tiene registro hasta ahora.
"Desde 2018, el régimen ha cancelado la personalidad jurídica de al menos 419 organizaciones de la sociedad civil católicas y protestantes", señaló el grupo en el mismo comunicado. Para los firmantes del escrito, "estos abusos y violaciones sistematizadas se han documentado en diferentes informes por instancias internacionales". Se espera que en el paso de los días sean más los curas hostigados y perseguidos por las autoridades.
Muchos de los sacerdotes detenidos son parte de la Diócesis del municipio de Matagalpa. En agosto de 2022 la represión llegó a la sede, cuando se arrestó al obispo y profesor, Rolando Álvarez. Rechazó ser exiliado a Estados Unidos, se mantuvo preso, fue liberado y ahora reside en el Vaticano, desde donde continúa ejerciendo su labor. Su ida al viejo continente se debe a que Ortega y Murrillo lo sacaron de las rejas para 'desterrarlo' y así desquitarse de cualquier influencia de Álvarez en el país.
El gobierno sandinista hizo uso de una de sus más preciadas tácticas y blanqueó el envío forzoso. "El día siete de agosto salieron de Nicaragua hacia Roma, Italia, siete sacerdotes nicaragüenses que han llegado bien y que han sido recibidos por la Santa Sede". Son 46 las autoridades católicas que han sido desterradas hasta la fecha. A la capital italiana se suma Estados Unidos como uno de los principales destinos.
Datos señalan que 70 curas asistían al obispado de Matagalpa, de los cuales 30 han sido obligados a emigrar al extranjero. Se trata de una diócesis que ha sufrido más que ninguna otra los ataques de la dictadura y que ahora debe lidiar con una nueva decena de detenidos en sus filas.
El silencio como norma
Nada se sabe sobre el paradero de los curas recientemente encarcelados. Menos de sus condiciones o de su salud. La Policía Nacional no ha hecho declaraciones y el régimen mantiene su silencio, como si nada extraño o digno de mención hubiese pasado. Las organizaciones de DDHH, en tanto, denuncian desapariciones forzosas y tratos indignos en contra de hombres que cometieron el "crimen" de profesar su fe.
"Un seminario por cárcel", es el concepto que más se escucha sobre los apresamientos. Aproximadamente diez de los detenidos estarían actualmente en el Seminario Nacional de Fátima, parte del mismo municipio de la diócesis. Antes de que arranque la ofensiva de agosto, el 26 de julio los agentes detuvieron a Frutos Constantino Valle Salmerón, una de las voces más importantes de la sede.
El delito de Valle Salmerón, en este caso, fue realizar una ordenación sacerdotal cuando las autoridades le advirtieron que no debía hacerla. El silencio se mantiene. Y ataca incluso a las instituciones que deberían ser las primeras en emitir una denuncia, como son El Vaticano y la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Mientras tanto, los familiares de las víctimas también han decidido callar por temor a represalias.
Un fenómeno para nada nuevo
La liberación de Álvarez, quien es una eminencia en el entramado religioso de Latinoamérica, fue recibido con alivio de parte de las agrupaciones religiosas, pero a la vez con evidentes signos de preocupación. Junto con él, dieciocho clérigos fueron sacados de prisión y expulsados inmediatamente del país. Un exilio en todas sus letras, como el que se le ha aplicado a decenas de curas antes que ellos. En cifras ofrecidas por Ayuda a la Iglesia que Sufre, cuatro de nueve diócesis tienen a obispos que viven en el exterior.
La misma agrupación señala que a las más de 70 personas detenidas entre abril de 2018 y marzo de 2024 por motivos religiosos, se añaden como mínimo 84 sacerdotes que han sido forzados a huir al exilio. "La persecución estatal se debe a su capacidad autónoma de generar movilización o congregar personas", dice el colectivo según un informe recibido. Sobre los demás motivos, agregó: "(Están siendo) encarcelados por denunciar injusticias y violaciones a los derechos humanos, o simplemente por intentar actuar libremente".
No son sólo las personas las que sufren el acoso de parte del poder, sino también las organizaciones en su conjunto. A partir de 2018 se habría cancelado la personalidad de mínimo 419 agrupaciones de la sociedad civil, sean católicas o protestantes. Es, a todas luces, una violación sistemática a la libertad de culto y un abuso sin precedente.