Año 2018. Nicaragua. La ciudadanía está hastiada de los abusos del régimen de Daniel Ortega y su pareja, la temible Rosario Murillo. Arrancan las manifestaciones. Y durante varias semanas, continúan a pesar de la represión de la policía y las Fuerzas Armadas. El saldo del levantamiento fue brutal. 300 muertos, según informes de las Naciones Unidas (ONU). A las víctimas mortales, se añaden miles de detenidos, desnacionalizados y expulsados al extranjero. Las consecuencias de la protesta siguen haciendo estragos en la población. El régimen se ve firme y ansioso de más poder.
La semana comenzó con un anuncio desesperanzador. El exguerrillero de 78 años, que combatió con armas por el Movimiento Sandinista, en conjunto de su esposa y vicepresidenta, avisó la clausura inmediata de 1.500 oenegés. Ortega nunca perdonó la colaboración activa que dieron muchas de ellas, sobre todo las relacionadas con la Iglesia Católica, a las movilizaciones de aquel entonces. Se trata de un cierre sin precedente en la historia del país centroamericano que eleva a más de 5.000 los entes anulados.
La normativa ocurre sólo tres días después de que el régimen obligase a todas las ONG a actuar en alianza con el Estado. Una regla que contradice la esencia misma de estas organizaciones que buscan, como dice su nombre, actuar al margen de las autoridades de gobierno. La decisión del Ministerio del Interior y publicada después en el periódico oficial La Gaceta, se debe, en teoría, a que tales colectivos incumplieron su obligación financiera al "no reportar por periodos de entre 01 hasta 35 años sus estados financieros". La fachada perfecta para su enemistad con las disidencias.
Con la ofensiva en marcha, las 1.500 ONG se vieron excluidas de personalidad jurídica y con todos sus bienes confiscados. Si bien la mayoría de las organizaciones son católicas o evangélicas, también recibieron el castigo fundaciones benéficas, deportivas, pequeños comerciantes, indígenas y opositores a la lucha sandinista.
Nada frena a un gobierno que dispone a su favor todas las instituciones del Estado. Tanto la Asamblea Legislativa, como los tribunales y el sistema electoral están en manos de quienes conducen el Ejecutivo. Se trata de una autocracia encaminada a convertirse en dictadura, que de forma inédita, gobierna en pareja.
La religión (no sólo católica) como gran enemiga
Al Gobierno de Ortega y Murillo nunca le fueron cómodos los sacerdotes. Al contrario, siempre los vieron como una amenaza para sus intereses. Se visibilizó con especial fuerza en medio de las protestas de 2019, cuando decenas de curas denunciaron la violación a los Derechos Humanos de parte de los agentes de seguridad
No era así con los pastores evangélicos, que a diferencia de la Iglesia, sostuvieron un rol más bien secundario, apartado de los reflectores y del activismo social. Ya no existen excepciones. Ahora el objetivo es silenciar todas las voces religiosas sin importar el detalle de sus creencias o el alcance de sus opiniones.
El obispo de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí, Rolando Álvarez.
Lo anterior no quita que sean las comunidades católicas las más afectadas por la censura y la represión. Sólo en la región de Matagalpa, en el centro del país, de los 71 sacerdotes que habían tradicionalmente ahora sólo quedan 13. Un año atrás se cerró una universidad jesuita y en el mes de julio se multó con altísimas sumas de dinero a 20 instituciones protestantes. El régimen sabe de primera fuente el papel social que pueden adquirir los líderes religiosos. Por eso prefiere prevenir, por todos los medios.
Un informe de la Comisión para la Libertad Religiosa Internacional en Estados Unidos, denunció que Ortega y Murillo usan un marco jurídico represivo para perseguir a los religiosos, sea a través de detenciones, encarcelamientos o confiscación de bienes. Después está la excusa favorita del régimen: utilizar las leyes para combatir el lavado de dinero para anular de forma arbitraria a cualquier organización que le moleste.
Los dos últimos curas expatriados a Roma
El 18 de octubre de 2023, doce sacerdotes fueron excarcelados y enviados al Vaticano para que continúen cumpliendo sus funciones fuera del país. La Santa Sede aceptó el acuerdo para permitir así la libertad de los curas involucrados. Uno de ellos, en inicio, era el obispo Rolando Álverez, quien se negó a vivir fuera de su patria y se mantuvo tras las rejas hasta enero de este año, momento en que decide arribar en Roma.
Los números sólo suben conforme avanza el tiempo. Practicar tu fe en Nicaragua es sinónimo de calvario. Según una investigación titulada '¿Una Iglesia perseguida?' de Martha Patricia Molina, nicaragüense disidente y exiliada, 245 religiosos han sido obligados a abandonar su territorio desde que comenzó la crisis sociopolítica de 2018.
Horas antes del cese de 1.500 oenegés, los sacerdotes Denis Martínez y Leonel Balmaceda fueron obligados a dejar sus hogares y trasladarse a Italia. Ambos fueron detenidos una semana antes de la decisión y pertenecen a sedes en el norte del país. Martínez a la Diócesis de Matagalpa y Balmaceda a la Diócesis de Estelí.
Ambos centros son dirigidos por Álvarez, quien además de la prisión, sufrió la desnacionalización y el impedimento a volver a sus tierras. Por si fuese poco, Ortega le insiste al Vaticano de que encuentre a otra autoridad religiosa para administrar la diócesis en vez de él. De lo contrario, la persecución arriesga a agudizarse.