Venezuela ha llamado a consultas al embajador de España en Caracas, Ramón Santos Martínez, después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, asegurara que el Gobierno de Nicolás Maduro es una "dictadura" y criticara la "persecución" y "limitación de derechos fundamentales" que sufren los opositores en este país.
El embajador español deberá comparecer en el Ministerio de Relaciones Exteriores este viernes a instancias del Ejecutivo chavista, que considera que estas declaraciones son "insolentes, injerencistas y groseras", según ha censurado el canciller (ministro de Exteriores) venezolano, Yvan Gil.
Gil también ha señalado que las palabras de Margarita Robles "apuntan a un deterioro de las relaciones entre ambos países", por lo que también ha llamado a consultas a la embajadora venezolana en España, Gladys Gutiérrez.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha señalado que esta "es una decisión soberana de Venezuela que no comentamos" y se ha abstenido de calificar a este país de "dictadura".
Robles llama "dictadura" a Venezuela
Fue este jueves cuando la ministra de Defensa aprovechó su presencia en el acto de presentación de la nueva novela de Julia Navarro, El niño que perdió la guerra, para enviar un "recuerdo a los hombres y mujeres de Venezuela que han tenido que salir de su país, precisamente por la dictadura que viven", lo que provocó el aplauso de los presentes.
En ese contexto, Robles tuvo unas palabras de apoyo para el opositor Edmundo González que se encuentra en España tras abandonar Venezuela para solicitar asilo y con quien el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió ayer en La Moncloa.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, este jueves en la presentación del último libro de Julia Navarro.
Por su parte, Albares ha evitado este viernes llamar "dictadura" al Gobierno de Maduro, aunque no ha corregido las palabras de Robles. Ha explicado, en RNE, que como no es ni "catedrático de derecho constitucional" ni "un politólogo", sino ministro de Exteriores, es "la última persona" que debe poner "cualquier tipo de calificativos", sobre todo de "un país hermano" el venezolano.
En esta línea ha destacado que España quiere tener "las mejores relaciones fraternales" con Venezuela con el objetivo de que haya "democracia, libertad, justicia social y crecimiento económico".
Crisis diplomática
La convocatoria al embajador se produce en medio de una crisis en la relación diplomática entre España y Venezuela a raíz de la iniciativa del PP aprobada en el Congreso de los Diputados para reconocer al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela.
Esta moción salió adelante con el apoyo del PP, Vox, PNV, Coalición Canaria, y UPN. PSOE, Sumar y los socios habituales del Gobierno, entre los que no estuvo Junts, que se ausentó de la votación para asistir a los actos por la Diada, votaron en contra. Además, el exministro José Luis Ábalos se abstuvo.
Pese a que no haya todavía un reconocimiento del Gobierno español, el apoyo del Congreso a González provocó que este miércoles el Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, propusiera una resolución que espera aprobar para instar a Maduro a romper "todas las relaciones" diplomáticas, consulares, económicas y comerciales con España.
Tras eso, el PSOE cargó este jueves contra el PP porque la política del "todo vale para atacar" al Gobierno de Sánchez ha originado una escalada de tensión diplomática con Venezuela. Patxi López, portavoz parlamentario de los socialistas culpó a los de Alberto Núñez Feijóo de la intención de Venezuela de romper relaciones con España.
"En este caso, creyendo que atacaba al Gobierno progresista, lo que ha hecho ha sido atacar a todas las empresas que tienen relaciones comerciales y negocios en Venezuela", reprochó López, que considera que se trata de una "política de tierra quemada" que Feijóo "practica habitualmente" y que ha tachado de "preocupante". "Todo lo que hace tiene consecuencias y no son buenas para este país", ha lamentado.
Reconocimiento de Edmundo González
El Gobierno de Sánchez no se plantea reconocer la victoria de la oposición el pasado 28 de julio, como le ha emplazado el Congreso y se remite a la posición común que mantiene la UE, que sigue reclamando las actas electorales de los comicios.
De hecho, tal y como publica este viernes EL ESPAÑOL, Moncloa y Bruselas quieren evitar con González Urrutia el error cometido con Juan Guaidó, ya que su reconocimiento como presidente interino de Venezuela no dio los frutos esperados.
El opositor, que llegó a Madrid el pasado domingo, pidió asilo debido a la "persecución" que dijo sufrir después de las presidenciales del 28 de julio, cuya victoria oficial fue otorgada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a Maduro, un resultado validado, posteriormente, por el Tribunal Supremo de Justicia.
Sin embargo, la oposición insiste en que el vencedor fue González Urrutia, una afirmación que sustentó en el "83,5% de las actas electorales" que asegura haber recabado mediante testigos y miembros de mesa el día de las votaciones, que -aseguró- otorgan la victoria al antichavista por un amplio margen.
No obstante, el Gobierno venezolano asegura que las actas, que fueron luego publicadas en una página web por la oposición, son "falsas".