La Policía Federal de Brasil desmanteló este martes una organización criminal con la detención de cuatro soldados del Ejército vinculados a fuerzas especiales y un agente federal acusados de planificar asesinatos con la finalidad de evitar la toma de posesión de la fórmula vencedora de las elecciones presidenciales de 2022 encabezada por Luiz Inácio Lula da Silva. Entre sus planes figuraba el envenenamiento del mandatario brasileño.
Las investigaciones de la Policía señalan que la operación ilegal estaba pensada para ser efectuada el 15 de diciembre de 2022, 45 días después de la segunda vuelta de las elecciones, que el candidato de izquierda ganó con el 51 % de los votos.
Según un expediente difundido por la dirección de inteligencia de la fuerza de seguridad, existía un documento denominado 'Puñal verde y amarillo' en donde figuraban los detalles de los actos supuestamente planificados por el grupo criminal integrado mayoritariamente por militares.
Este expediente de 221 páginas recoge informaciones de un grupo de mensajería llamado 'Copa 2022' dentro de la aplicación Signal, donde cada uno de los involucrados se identificaba con nombres de países para proteger sus verdaderas identidades.
El principal señalado como organizador de esta operación es el general Mário Fernandes, asesor del gobierno del expresidente Jair Bolsonaro, quien, según relata el documento, al momento de los hechos era secretario general interino de la Presidencia.
"Para la ejecución del presidente Lula", al que se dirigen bajo la denominación 'Jeca', se pensaba la utilización de un veneno o químicos "para causar un colapso orgánico", considerando "sus vulnerabilidades de salud e ingresos frecuentes al hospital", cuenta la investigación.
Se cree que el plan también incluía el asesinato del actual vicepresidente, Geraldo Alckmin, al que se dirigen bajo la sigla 'Joca', ya que el documento dice que ante la inviabilidad del "01 elegido", es decir Lula, "se extinguiría el boleto ganador", como se cree que tratan a la fórmula ganadora también compuesta por el vicemandatario.
Lo mismo se pensaba para "las condiciones de ejecución" del magistrado del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a quien planeaban envenenar en un evento oficial público o incluso utilizar un "artefacto explosivo".
En ese chat privado se armó un estimativo de gastos que rondaba los 100.000 reales (aproximadamente 16.300 euros) para "posiblemente" efectuar las acciones ilícitas planificadas para los meses de noviembre y diciembre de 2022.