El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha abierto un caso contra el Gobierno de Venezuela para investigar, a denuncia de varios miembros de la firma International Human Rights Legal —despacho de abogados que integra, también, a Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL—, las irregularidades cometidas durante las elecciones del 28 de julio. Lo que exige este órgano de la ONU es, en esencia, que el régimen de Nicolás Maduro conserve "todos los materiales clave", como las actas de escrutinio o los documentos de totalización, que les permitan investigar las violaciones de derechos fundamentales cometidas durante el proceso electoral.
La denuncia alega que se produjo un "fraude electoral masivo" y se declararon "resultados falsos que distorsionaron gravemente la voluntad popular". Este punto apela a la victoria proclamada por Maduro sin presentar más prueba que su palabra, a diferencia de una oposición que acreditó, mediante unas actas disponibles para consulta en una página web, que el candidato Edmundo González derrotó al sucesor de Hugo Chávez por casi cuarenta puntos de diferencia.
Los denunciantes sostienen, en este sentido, que también se vulneraron los derechos de los venezolanos con su "falta de transparencia" y con su "obstrucción al control ciudadano", a quien se impide "supervisar la legitimidad del proceso".
Hay dos puntos más que resaltan. Uno es la "restricción al voto en el exterior", por el que el régimen "impidió injustamente que millones de venezolanos en el extranjero ejercieran su derecho al voto". La líder opositora María Corina Machado estima que fueron unos cinco millones. El otro es la decisión del Tribunal Supremo, controlado por el chavismo, de bloquear "cualquier posibilidad de impugnar los resultados o de acceder a un recurso judicial efectivo".
"La decisión notificada por el Comité de Derechos Humanos es muy importante", destacan los denunciantes en una nota de prensa. "Es un caso pionero en donde se alegan violaciones a derechos políticos en perjuicio de un venezolano común, no de un candidato, integrante de un grupo de millones de venezolanas y venezolanos cuyos derechos humanos han sido violados por el fraude electoral que Nicolás Maduro pretende consumar el 10 de enero de 2025".
Este aspecto, detalla al teléfono Ignacio Álvarez —ex relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y uno de los promotores de la denuncia—, tiene un valor único. "Esto es una denuncia ciudadana", incide. "Los antecedentes de los casos como este en Naciones Unidas han sido de candidatos que se han quejado del resultado de una elección, pero no de un ciudadano que ha visto afectados sus derechos políticos".
"Esto", continúa, "empodera a los ciudadanos y las ciudadanas". Y no sólo eso: "Es una muy mala noticia para Maduro, le resta legitimidad".
El hito llega, pues, un mes y una semana antes de la fecha escogida por Maduro para consumar el fraude. González pretende abandonar su exilio en Madrid antes del 10 de enero para hacer valer ese día la voluntad popular y tomar posesión como presidente de Venezuela. Maduro, por su parte, advirtió al ganador de las elecciones de que su vuelta al país le garantizaría la cárcel, así que la fecha comprometerá a buena parte de la comunidad internacional.
Estados Unidos y la Unión Europea, igual que varias naciones de la región —como Argentina o Chile—, reconocen a González como el legítimo presidente de Venezuela. China, Irán, Rusia y Cuba son, en cambio, los principales valedores de Maduro. La vista estará puesta, sobre todo, en aquellas democracias que se mueven en la ambivalencia: el Brasil de Lula, la Colombia de Petro y el México de Sheinbaum, quien incluso invitó al autócrata venezolano a su toma de posesión en septiembre.