Que la administración Trump quiere poner coto a la llegada de inmigrantes a los Estados Unidos es algo conocido, si bien hasta ahora este afán nacionalista no había alcanzado aún de lleno a una de las instituciones más sagradas del país, el Ejército, tradicionalmente considerado por muchos extranjeros como una vía de acceso rápido a la ciudadanía norteamericana.
El Pentágono ha cambiado repentinamente su política de reclutamiento de personal, congelando la entrada de foráneos y dejando en el limbo a miles de soldados que se encontraban en el trámite de alistarse. La justificación oficial es que el Departamento de Defensa quiere evitar que se cuelen posibles terroristas y espías entre las tropas, aunque otros ven detrás de esta decisión las ansias del presidente por frenar el creciente número de naturalizaciones de miembros no norteamericanos.
Hasta esta semana, los titulares de la residencia legal permanente, conocida popularmente como la ‘green card’, podían alistarse, abriendo así una vía exprés para adquirir la ciudadanía estadounidense, que de otro modo llevaría varios años. En concreto, este colectivo -que ya de por sí debe pasar por un severo escrutinio para lograr la ‘tarjeta verde’, incluida la revisión de antecedentes penales, médicos y familiares- podía acceder a los cuerpos militares y realizar un entrenamiento básico mientras la administración federal verificaba sus registros en busca de posibles episodios oscuros.
Prácticamente desde el primer día de este curso de iniciación, estos reclutas poseedores de la ‘green card’ ya eran aptos para solicitar la naturalización abreviada, que les era concedida generalmente si recibían una graduación con honores, algo que podía darse en semanas. Sin embargo, la nueva directriz comunicada el pasado viernes, y de aplicación con efecto inmediato, establece que ahora el escrutinio debe realizarse de forma previa al ingreso, es decir, que no se puede entrar en el Ejército hasta que se revisen por completo los antecedentes. A esto, que ya de por sí supone una ralentización, hay que sumar además que, una vez dentro, los aspirantes deberán prestar 180 días consecutivos de servicio militar en activo o pasar un año en la reserva antes de recibir la certificación que les permite pedir la ciudadanía.
El Pentágono justifica este nuevo reglamento alegando que es necesario para evitar que terroristas y agentes extranjeros se infiltren en sus filas, aunque algunos veteranos militares ven riesgos en esta medida. "Parece que de repente tenemos miedo a tener extranjeros en el Ejército, y eso es un fracaso. Si EEUU tiene tropas en más de 100 países para luchar en una guerra global, no se puede temer a los extranjeros", valoraba esta semana Margaret Stock, una oficial retirada que puso en marcha el programa de reclutamiento de inmigrantes.
Algunas voces de la opinión pública estadounidense encuadran esta nueva política dentro los intentos de la administración Trump por frenar la llegada y regularización de inmigrantes al país. Las cifras muestran que el uso de esta vía de nacionalización ha sido muy usada. Desde los ataques terroristas del 11 de septiembre, más de 100.000 extranjeros se han naturalizado a través del servicio militar. No obstante, lo cierto es que el anuncio del Departamento de Defensa alega otros motivos. Es más, se agarra a unas restricciones iniciadas por el anterior presidente.
Restricciones iniciadas por Obama
En su nota explicativa, el Pentágono señala que "estos cambios reflejan las lecciones aprendidas durante el programa piloto” para el reclutamiento militar de personal con funciones vitales para el interés nacional, conocido como MAVNI por sus siglas en inglés. Bajo ese proyecto experimental iniciado por la anterior administración, los ciudadanos extranjeros con habilidades especiales y poco cubiertas en el Ejército, en campos como la medicina o los idiomas, podían alistarse con la promesa de obtener la ciudadanía estadounidense. En este caso no era necesario ser residente permanente, sino que bastaba con tener algunos tipos de visado o reunir la condición de refugiado a asilado.
El objetivo era fichar personas con habilidad en árabe, chino y otras lenguas, o con experiencia en traumatología y otras disciplinas. En total, más de 10.400 personas se incorporaron al Ejército antes de que el gobierno de Obama lo suspendiera a finales de 2016 arguyendo problemas de seguridad y quejas por supuestos fallos en los controles de antecedentes.
La Casa Blanca -ya republicana- anunció este año que estaba considerando desmantelar este programa piloto por completo, pero ahora además ha aprovechado esas deficiencias detectadas para meter la tijera también en su política de alistamiento de residentes permanentes.
El problema no es sólo para los que estuvieran interesados en alistarse en el futuro, sino para los que se encontraban en pleno trámite y han visto sus certificaciones revocadas y sus órdenes suspendidas. Los medios de comunicación empiezan a recoger testimonios, guardando el anonimato de los militares afectados.
El Washington Post desvelaba esta semana el caso de un recluta en la reserva, residente legal de Haití, al que le han cancelado su entrenamiento y, por tanto, el proceso de alistamiento. “Habíamos firmado un contrato y ahora no van a respetar los términos. Hay mucha confusión, ni siquiera el reclutador sabe lo que está sucediendo", dijo el aspirante a soldado al rotativo estadounidense.
Expuestos a la deportación
Tampoco se sabe qué pasará con los titulares de ‘green card’ que ya están en servicio activo, pero cuyas verificaciones de antecedentes no están completas. En este caso, esto supone un inconveniente a la hora de optar a la ciudadanía, pero el mayor problema lo tienen aquellas personas que se unieron a filas recurriendo al programa piloto, ahora en suspenso, del que no se beneficiaron sólo los residentes permanentes. El Pentágono ha apuntado que cualquier cancelación de sus contratos de alistamiento podría exponer a los inmigrantes a una deportación, si no cuentan con un visado que justifique su permanencia en el país.
La medida genera también controversia por el potencial perjuicio que se puede estar auto infligiendo el propio Departamento de Defensa. No en vano, los inmigrantes constituyen más del 13 por ciento de la población de EEUU, por lo que cerrar esa bolsa de reclutamiento puede dejar fuera de la institución militar a candidatos de alta capacitación.
El Ejército ofrece beneficios a los reclutas, como un sueldo, formación, posibilidad de viajar y una cobertura médica completa y gratuita. No obstante, hasta ahora uno de los grandes atractivos era la posibilidad de convertirte en ciudadano del país al que se está sirviendo y luchando. Ahora, para algunos, la contienda se librará en otro campo de batalla, el burocrático, contra un enemigo llamado deportación.