Jane Doe es el nombre ficticio con el que se conoce a una adolescente de 17 años que este pasado verano llegó ilegalmente a EEUU desde México, atravesando la frontera por Texas. Sus planes eran entrar en el país, estudiar una carrera y convertirse en doctora. Sin embargo, una vez dentro, e internada en un centro federal para indocumentados, descubrió que estaba embarazada y tomó la decisión de abortar. Tras una batalla legal contra la administración Trump, que no quería permitírselo, pudo hacerlo a finales de octubre. Cuando todo parecía terminado, el Departamento de Justicia acaba de retomar el caso para evitar que en el futuro se pueda repetir y que se produzca otro efecto llamada para jóvenes extranjeras en busca de interrumpir sus embarazos.
La historia de esta menor ha abierto un espinoso debate en EEUU, justo en un momento en que la Casa Blanca trata de implementar medidas para restringir la inmigración y recortar los programas federales de planificación familiar. La determinación de esta joven, con el apoyo de organizaciones civiles, le ha permitido derrotar al gobierno federal, que ahora quiere asegurarse de que no haya más Janes Doe.
Para lograrlo, el Departamento de Justicia acaba de pedir a la Corte Suprema que anule las resoluciones judiciales que autorizaron el aborto, pero ha ido más allá, reclamando también un castigo para los abogados que asistieron a la chica, pertenecientes a la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), por haber supuestamente mentido durante el proceso legal. El objetivo, ahuyentar a otros letrados, que se pensarán mucho si se atreven a desafiar a la administración Trump en situaciones similares.
Jane Doe entró ilegalmente al país a finales de agosto, quedando bajo custodia del gobierno. Una vez en el centro de internamiento, en Brownsville, mientras le hacían pruebas médicas le detectaron que estaba embarazada de ocho semanas. Ser madre nada más llegar a EEUU no entraba en sus planes cuando cruzó la frontera, por lo que pidió abortar. La Casa Blanca dijo no, hasta el punto de que para evitarlo llegó a prohibirle la salida del edificio.
Por eso, aunque consiguió la autorización legal de un juez de Texas a principios de octubre, tuvo que esperar hasta el día 25, porque la dirección del complejo federal donde permanecía bajo custodia no le permitía acudir a la clínica, lo que provocó un enfrentamiento de un mes entre la UCLA y la administración Trump.
Tras varias semanas de pelea judicial, el caso viajó al Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Washington, donde una resolución de seis jueces contra tres dio la razón a la adolescente a finales de octubre. La intervención se practicó a contrarreloj, porque las leyes estatales sólo lo permite hasta la vigésima semana de gestación, que estaba cerca de cumplirse.
“Cuando llegué a este centro -y supe que estaba embarazada- no me sentía capaz de ser una mujer madura o fuerte para poder cuidarlo. No me sentía segura”, relataba la joven en una entrevista exclusiva concedida a la HBO antes de poder abortar.
"Intentaron disuadirme"
Una vez que tomó la decisión, tuvo que enfrentarse a los intentos de médicos y especialistas para que cambiara de idea. “Me sentía mal, porque era como si no tuviera el apoyo de nadie. La decisión ya la había tomado, y no me gustaba que me llevaran al médico a hablarlo. Pero no podía hacer nada porque siempre me decían que no estaba en mi casa”, narraba la protagonista, que confesaba llevar mal el haberse convertido en el centro del debate nacional, cuando ella lo único que quería era “salir adelante” en EEUU.
Pese a las dificultades, Jane Doe pudo interrumpir su embarazo a finales de octubre. Ahora, una semana después de aquella derrota legal, la administración Trump ha solicitado a la Corte Suprema que invalide el fallo del tribunal inferior que permitió que el procedimiento avanzara.
Aunque esta medida parece incomprensible, teniendo en cuenta que el aborto ya se practicó, las intenciones de la Casa Blanca van más allá.
“Están buscando eliminar la decisión del tribunal inferior, hacer como si nunca hubiera sucedido, para que fallo no pueda usarse como precedente en casos similares”, explican desde la ACLU, que presentará una respuesta ante el Supremo.
Pide al Supremo que evite más casos
En su petición, la administración Trump sugiere que equipo legal de Doe no actuó de acuerdo a las reglas, lo que podría conllevar acciones disciplinarias contra los abogados. En concreto, sostiene que los letrados mintieron al gobierno federal sobre el calendario del aborto, lo que les impidió apelar a tiempo la resolución que daba luz verde a la operación. También solicita que se desestimen todas las demandas de menores embarazadas no acompañados en una situación similar a la de Jane Doe. Conviene recordar que los padres de la adolescente no pudieron ser consultados -como requiere la legislación en Texas- al no estar localizables. La afectada también lo rechazó, por temor a abusos.
Ken Paxton, fiscal general Texas, un estado muy conservador en estos asuntos, se ha puesto del lado de la administración federal. “Está claro que los abogados de la ACLU engañaron al Departamento de Justicia para llevar a cabo este acto atroz contra una vida inocente antes de nacer. Espero que la corte responsabilice a los letrados por su conducta”. No todos comparten esta visión. David Luban, profesor de Derecho de la Universidad Georgetown, publica una tribuna en The Hill donde considera que los abogados del gobierno están presentando "acusaciones frívolas ante el Supremo" lo que "en sí es una violación ética".
Mientras el foco se coloca ahora en el Alto Tribunal norteamericano, el futuro de Jane Doe sigue siendo una incógnita. Una vez superado este trance, ahora empieza otro proceso para poder quedarse en EEUU. No lo tendrá fácil. Curiosamente, si hubiera tenido un hijo en Texas, éste habría sido automáticamente ciudadano americano, lo que le habría dado más facilidades en su proceso de regularización.