Tan sólo un día después de la investidura de Trump, más de 500.000 personas salían a las calles de Washington para participar en la ‘Marcha de las Mujeres’. Eran hombres y mujeres de todas partes del país, indignados por la elección como presidente de un hombre misógino, acusado de acoso sexual y autor de varios comentarios denigrantes sobre el género femenino.
Fue una de las manifestaciones más concurridas de la historia de Estados Unidos (EEUU) y el primer aviso a Trump: el movimiento feminista estaba despierto y dispuesto ejercer como una oposición real, ante el peligro de un presidente que amenazaba desbaratar derechos que habían tardado muchos años en conseguirse.
"Durante la campaña de las pasadas elecciones se nos ha insultado, demonizado y amenazado a muchas de nosotras: inmigrantes, musulmanes y personas de otras minorías religiosas, pertenecientes al colectivo LGTBI, negros, discapacitados, víctimas de abusos (...) La ‘Marcha de las Mujeres’ enviará un mensaje claro a nuestro nuevo Gobierno, en su primer día de trabajo: los derechos de las mujeres son derechos humanos. No descansaremos hasta conseguir la igualdad entre géneros en todos los niveles de la sociedad", podía leerse en el manifiesto del movimiento impulsor de la Marcha.
Era el 21 de enero y el inicio de un año donde las mujeres volvieron a la lucha. “Feminismo” fue la palabra del año en EEUU. El movimiento #MeToo y las mujeres que rompieron el silencio sobre el acoso sexual fueron elegidas como persona del año para la revista Time. Y, un año después, el movimiento tiene nuevo encuentro marcado para el próximo 21 de enero, en Las Vegas pero también en varias marchas a nivel global, en un evento que pretende “transformar la energía y el activismo de 2017 en estrategias concretas y objetivos tangibles en 2018”. El movimiento quiere “conseguir que más mujeres voten, se presenten para cargos públicos y salgan elegidas” este año.
Actualmente, las mujeres tienen menos de un 20% de los puestos en el Congreso y ocupan el cargo de gobernador en solamente seis de 50 estados. Este año se celebran las elecciones legislativas, las llamadas ‘midterms’, a mitad de mandato, y el movimiento quiere aprovechar la oportunidad para conseguir que más mujeres ocupen los despachos oficiales. No por casualidad la marcha de este año tiene como lema “Poder para las urnas”.
Según el Centro sobre Mujeres Americanas en Política el número de mujeres identificadas como potenciales candidatas a la Cámara de Representantes, al Senado y al cargo de gobernador, es el doble que en 2016, en el mismo ciclo de elecciones.
El movimiento se ha concienciado de que, para que haya avances y para que los temas de género sean una prioridad en la agenda política, las mujeres tienen que dejar la calle para tomar el poder y eso sólo se consigue de dos formas: que más mujeres se presenten para cargos públicos y que más mujeres sean elegidas para ellos.
Romper ese techo de cristal del que hablaba Hillary Clinton en la noche de su derrota electoral, refiriéndose a ese límite invisible -pero real- que frena el ascenso laboral de las mujeres. "Sé que no hemos roto el más alto y duro techo de cristal al que nos enfrentamos, pero lo haremos, y espero que antes de lo que podemos pensar ahora mismo", dijo la candidata demócrata.
De haber ganado, Hillary se hubiese convertido en la primera mujer presidente de EEUU. Pero Hillary perdió. Y no sólo perdió, sino que lo hizo frente a un candidato con menos experiencia, peor preparado para el cargo, autor de comentarios misóginos y racistas, acusado de acoso sexual. Y un hombre que, una vez en el poder, ha centrado gran parte de su gobernación en recortar los derechos a las mujeres.
La “Ley de la Mordaza Global”
Pocos días después de tomar posesión, Trump firmó una orden ejecutiva para cancelar los fondos destinados a organizaciones internacionales (con base en EEUU o no) que estuviesen involucradas de algún modo con el aborto, ya sea practicándolo, ofreciendo información y orientación a las mujeres, abogando por una reforma de la ley o disponibilizando referencias a clínicas y servicios médicos.
Básicamente, la ley bloquea la financiación de cualquier organización que apoye la interrupción voluntaria del embarazo en cualquier parte del mundo, sin siquiera tener en cuenta las políticas sobre el aborto de los distintos países.
Una de las ONG más sonadas que ha perdido esta financiación fue Planned Parenthood, una ONG pro el derecho a decidir de las mujeres, que tiene programas de planificación familiar y proporciona diagnóstico prenatal. El presidente, de hecho, ofreció a la organización seguir con la financiación si dejaban atrás los servicios pro-aborto, algo que la ONG rechazó. “Ofrecer dinero para que abandonemos a nuestros pacientes y nuestros valores es un acuerdo que jamás aceptaremos”, dijo entonces la vice presidenta de la ONG, Dawn Laguens.
La imagen de la firma del decreto -Trump rodeado de hombres- dice mucho del papel de las mujeres en la administración y de cómo son tomadas las decisiones sobre temas que les afectan directamente.
Trump firmando la ley que limita la financiación de ONG pro aborto.
En su cruzada antiabortista Trump también se llevó por delante la financiación de la agencia de las Naciones Unidas que trata temas de planificación familiar y salud reproductiva en más de 150 países del mundo, alegando que sus actividades violan la política en contra del aborto de EEUU.
El acceso a los anticonceptivos
Otra de las medidas del presidente Trump fue limitar el acceso a los anticonceptivos, antes garantizados por el Obamacare. Una norma emitida por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, daba por terminada la obligación de las compañías de incluir la cobertura de planes de control de natalidad en los seguros ofrecidos a sus empleados, algo que con el Obamacare era obligatorio.
La directiva de Trump permite que cualquier compañía, incluidas universidades o aseguradoras médicas, deje de ofrecer cobertura de anticonceptivos a sus empleados basándose en creencias religiosas o convicciones morales sinceras, una exención que anteriormente sólo incluía a las iglesias o casas de culto.
Más de 55 millones de mujeres tenían acceso a métodos anticonceptivos sin copagos y esta medida dejaría a cientos de miles de mujeres sin estos benefícios.
La protección laboral de las mujeres
En agosto, la administración Trump decidió eliminar otra de las iniciativas de Obama para acabar con la discriminación laboral de las mujeres y las minorías. La norma en cuestión obligaba a las compañías a desglosar lo que pagaban a sus trabajadores en base a la etnia, raza y género y enviar la información a la Comisión de Igualdad de oportunidades de Empleo. La finalidad era descubrir dónde se producen las mayores brechas y ayudar a corregirlas. Eliminando esta norma, el Gobierno permite que las empresas sigan practicando las desigualdades salariales sin tener que hacerlas públicas.
Las mujeres cobran, de media, un 80% de lo que cobran los hombres. Si hablamos de mujeres pertenecientes a minorías raciales, la diferencia es aún mayor.
El acoso sexual en el trabajo
Donald Trump derogó una ley de la era Obama que prohibía que las compañías con contratos federales mantuvieran en secreto los incidentes de acoso sexual y discriminación en el trabajo. La ley de 2014 impedía que las empresas afectadas, en las que trabajan 26 millones de personas, forzaran a sus trabajadores a solucionar los casos de acoso mediante procedimientos de arbitraje, una práctica habitual para no hacerlos públicos.
"Es una clara muestra de cómo la Administración está silenciando a las mujeres", denunció Jessica Stender, abogada jefe de Equal Rights Advocates, una ONG que defiende los derechos de las mujeres.
El acoso sexual en la universidad
No sólo en el ambiente laboral se han puesto trabas a las denuncias, también pasó en las universidades. En septiembre, Betsy DeVos, Secretaria de Educación, acabó con una de las medidas de Obama para ayudar a las víctimas de acoso y abuso sexual en el ámbito escolar y universitario: un documento de 2011 que definía lo que es el abuso sexual y establecía un nuevo paradigma sobre cómo debían reaccionar las escuelas y universidades ante los casos con esas características. Si antes bastaba un indicio de prueba para investigar un caso de acoso, ahora haría falta una prueba clara y convincente para iniciar la investigación.
Según la Administración Trump, Obama habría ido demasiado lejos y creó un sistema que trataba al acusado injustamente. Fatima Goss Graves, presidenta del Centro Nacional de Derecho Femenino, un grupo de defensa de los derechos de las mujeres, dijo que el anuncio tendría un impacto "devastador" en los estudiantes y las escuelas: "Disuadirá a los estudiantes de denunciar agresiones, creará incertidumbre en las escuelas sobre cómo cumplir con la ley y hará que los campus sean menos seguros".
Atrás quedan 365 días de la Administración Trump en los que el presidente se ha dedicado a atropellar los derechos de las mujeres. Pero, paradójicamente, lo que parecía un desastre para el movimiento feminista fue lo que le hizo renacer. Si el año pasado fue el año de la resistencia, 2018 quiere ser el año de la acción.