437. El número suena en la cabeza de María Rodríguez en cuenta atrás: son los días que le quedan hasta que su derecho legal a permanecer en Estados Unidos expire. Después perderá todos sus derechos y podrá ser deportada. Como ella, cerca de 800.000 dreamers viven en la incertidumbre desde que Trump decidiera, en septiembre del año pasado, acabar con el DACA, el programa creado por Obama para proteger a los jóvenes inmigrantes que llegaron al país siendo menores.

“Si nos quitan el DACA perderíamos todo. Si nada cambia no sé qué voy a hacer. Me cuesta mucho pensar en tener que empezar de cero otra vez”, cuenta. María tiene 27 años, nació en México y llegó a EEUU con cinco años, junto con sus padres y sus hermanos. Fue una de las mejores estudiantes de su colegio, fue a la universidad y, en mayo del año pasado, se graduó en Negocios Internacionales. En septiembre le ofrecieron “el trabajo de mis sueños en una importante compañía de importación y exportación” pero, con el fin del DACA, todo se derrumbó: “Me dijeron que la empresa no permitía que trabajaran en ella personas sin estatus legal”. Y le invitaron a irse.

María Rodríguez enseñando los días que le quedan de su permiso DACA.

Desde entonces, María se ha unido a United We Dream, una de las varias organizaciones que han surgido para luchar contra la suspensión del plan migratorio. Creado en 2012, el programa ofrece a los dreamers la oportunidad de tener un trabajo, acceso a una tarjeta de crédito, carné de conducir y seguridad social, además de protección contra una posible deportación a sus países de origen.

Obama adoptó la medida al ser incapaz de lograr que el Congreso diera luz verde a una reforma migratoria integral, que hubiese sacado del limbo a los cerca de 11 millones de inmigrantes irregulares que, se estima, que existan en EEUU y que representan, según datos del Pew Hispanic Center, un 5% de la fuerza laboral del país.

Al haber sido creada a través de un decreto, Trump tiene el poder para rescindirlo. En septiembre, el presidente anunció que los dreamers dejarían de poder renovar sus DACA a partir del 6 de marzo de este año. Se estima que, desde entonces, 122 personas al día estén perdiendo sus permisos, una cifra que subirá a las 1.200 diarias a partir de marzo.

Las idas y venidas de la justicia

“Trump nos toma por ignorantes, por gente que no trabaja, que no habla inglés, con poca educación, que no sabe ni cómo funciona el Gobierno o los temas legales, pero eso no es así. Y él lo sabe. Se lo estamos demostrando, hablando con congresistas, con abogados, organizándonos para conseguir pasar el Dream Act”, cuenta en su perfecto inglés.

La semana pasada un juez federal ordenó que los beneficiarios del DACA pudieran solicitar la renovación de su permiso mientras se deciden las acciones legales contra la eliminación del programa. El gobierno de Donald Trump primero dijo que aceptaría esas solicitudes, pero este miércoles anunció que apelará la decisión del juez inmediatamente, ante el Supremo.

Antes, la Casa Blanca ya había presentado al Congreso una lista de medidas que se tendrían que aprobar a cambio del Dream Act, entre ellas la financiación del muro de México. Además, Trump exigía dinero para contratar a oficiales de inmigración adicionales, leyes más estrictas para los que buscan asilo y la negación de subvenciones federales para las llamadas ciudades santuario.

El grupo de los seis, un grupo de tres senadores republicanos y tres demócratas que trabaja en la búsqueda de una solución para los dreamers, presentó una propuesta que fue rechazada por Trump. El plan incluía 2.700 millones de dólares para la construcción del muro, la contratación de agentes de Patrulla Fronteriza, la legalización de los dreamers protegidos con DACA y un camino para conceder la residencia a los indocumentados que perdieron el estatus de protección temporal (TPS). Además, se cancelaba la lotería de la green card.

Nada de esto sirvió al presidente y el tema se ha transformado en un pulso económico: Trump pretende sacar una partida presupuestaria para el muro y defiende que sin eso, no hay acuerdo, y los demócratas rechazan aprobar los presupuestos sin un plan claro sobre los dreamers. Si no hay acuerdo presupuestario este viernes el Gobierno entraría en shutdown, es decir, se cerraría, suspendiendo todos los servicios no esenciales y enviando a casa todos los funcionarios no imprescindibles.

“Al final, Trump sabe que no quiere pasar el Dream Act. Por eso va imponiendo condiciones Ahora esto, ahora lo otro, ahora en noviembre, luego en diciembre, y nada pasa. Él sabe que el muro es una excusa, que no es la solución. Los inmigrantes vienen con visado de turista y se quedan aquí, no es el muro que lo va a solucionar. Eso es sólo una promesa electoral que él quiere mantener”, dice María.

“Trump no está contando la verdad”

Más allá de los dramas personales de cada uno, hay también un coste para el país, cuya economía y empresas se verían privadas de una fuerza de trabajo importante. “Trump no está contando la verdad. Todas estas personas contribuyen de forma muy activa para la salud de la economía americana, por eso tantas empresas han salido criticando el fin del DACA. Hablamos de gente con estudios, muy preparada, algunos de los mejores estudiantes de nuestras universidades y que contribuyen, con su conocimiento y sus impuestos, al crecimiento del país”, explica Gabriela Pacheco, directora del programa de becas de la asociación The Dream y ella misma una dreamer durante muchos años.

Empresas como Google, Facebook o Apple han mostrado su indignación por el fin del programa que les obligaría a prescindir de miles de trabajadores. “Los dreamers son miembros de nuestras comunidades y hay 800.000 que viven con miedo y sin posibilidad de planear el futuro. ¿Puede el Congreso unirse y encontrar un camino o lo dejaremos escapar forzando a casi un millón de personas a dejar sus trabajos y el país?”, escribió Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, en la red social.

De tener que hacerlo, María no se achanta. “No creo que EEUU sea el único país donde hay vida. Si me toca, me iré”, dice, para luego achacar al país de las oportunidades, que le esté negando las suyas. “Se supone que estoy en el mejor país del mundo, pero me cierran todas las puertas. No puedo ni salir del país sin perder mis derechos, sólo puedo trabajar y pagar impuestos sin que el Gobierno me ayude en nada. Y yo no quiero vivir encarcelada.”

Trump y la inmigración: una relación complicada

La relación de Trump con la inmigración siempre ha sido tensa y el presidente nunca lo ha ocultado. Durante la campaña, además del famoso muro, propuso prohibir la entrada al país a todos los musulmanes, llamó criminales y violadores a los inmigrantes mexicanos y amenazó con deportar a 11 millones de inmigrantes indocumentados en dos años. Ya en la Casa Blanca impuso el veto migratorio a ocho países (Irán, Libia, Yemen, Somalia, Chad, Siria), eliminó el DACA, retiró el permiso de residencia a 60.000 haitianos y afirmó querer acabar con la “migración en cadena” es decir, que los inmigrantes puedan traer a sus familias al país.

Y ya el último agravio a los inmigrantes fueron las palabras del presidente en una reunión con legisladores en la Casa Blanca en la que llamó "agujeros de mierda" a El Salvador, Haití y varios países africanos, y se mostró mucho más disponible para recibir inmigración de los países del norte de Europa. "¿Por qué tenemos a toda esta gente de países (que son un) agujero de mierda viniendo aquí?", afirmó Trump, según relató el Washington Post, sugiriendo que EEUU debería traer más inmigrantes de países como Noruega.

Las declaraciones indignaron a la comunidad internacional y hasta la ONU tildó de racista a Trump que se defendió, negando haber pronunciado esas palabras y diciendo que es “la persona menos racista” que existe.