Niños LGBT en la frontera: cuando ni Trump ni tus padres te quieren

El gobierno de los EEUU trabaja a toda máquina, recurriendo incluso a pruebas de ADN, para cumplir el mandato de un juez de California. Tiene hasta del 26 de julio para reunificar a unos 3.000 menores inmigrantes con sus padres. Los pequeños, que permanecen custodiados en centros de internamiento repartidos por todo el país, fueron separados de sus familias tras ser detenidos cruzando la frontera ilegalmente.

Sus imágenes y sus llantos han recorrido el mundo, despertando el reproche internacional y logrando que la administración Trump tuviera que dar marcha atrás en su política migratoria. Sin embargo, no todos estos niños tendrán la suerte de volver a abrazar a sus seres queridos. A algunos, sencillamente, los suyos no los quieren de vuelta.

Abusos y violaciones

Por sorprendente que parezca, esta situación la viven multitud de homosexuales y transexuales, de menos de 18 años, procedentes de Centroamérica. Llegan a los EEUU huyendo de la violencia, las amenazas y el miedo a ser asesinados, a veces incluso por sus propios parientes. Cuando finalmente logran pedir refugio en suelo estadounidense, se topan con una realidad distinta a la que esperaban. Son encerrados e incomunicados en centros de detención donde sufren abusos, violaciones y falta de atención médica, que en ocasiones les cuesta hasta la vida.

“El problema con los menores LGBT, principalmente con los transexuales, es que sus padres no quieren saber nada de ellos, y una vez que entran en uno de estos centros, las organizaciones sociales no podemos hablar con ellos, porque sólo permiten el contacto a los parientes. Entonces se quedan aislados. Por suerte les podemos facilitar un abogado, pero no sabemos nada más”, explica a EL ESPAÑOL Nakay Flotte, cofundadora de Diversidad sin Fronteras.

Este colectivo ayudó a organizar la caravana de cientos de inmigrantes centroamericanos que atravesó México la pasada primavera hasta llegar a la ciudad californiana de San Diego con el objetivo de pedir refugio en los EEUU. Dentro de este grupo viajaban unas 35 personas LGBT, de los que cuatro eran menores, dos chicas transexuales de 16 años, una de Guatemala y otra de Honduras, y cuatro chicos gais de entre 12 y 16 años, de Honduras y El Salvador.

Una vez dentro del país, el protocolo habitual establece que, pasado un plazo de internamiento, la administración norteamericana contacte con los familiares que estos menores tuvieran en EEUU, para que se hicieran cargo de ellos mientras se resuelve el expediente de asilo. Pero esta opción es inviable. “Sus parientes no los quieren porque no aceptan cómo son”, zanja Flotte.

“Entraron en EEUU en junio. Sabemos que las chicas transexuales están en centros de detención del norte del país, y los cuatro chicos homosexuales, en estados del sur. Pero no sabemos nada más, ni siquiera cómo los tratan”, lamenta esta activista. “Nuestro miedo no es la deportación, porque ellos cuentan con asistencia legal y están entrenados para no firmar ningún papel que pueda suponer un retorno voluntario. Lo que nos inquieta es cómo se portan con ellos, especialmente con las chicas transexuales”, añade.

Roxanna, muerta tras 3.900 kilómetros

La preocupación de Diversidad sin Fronteras no es injustificada, ya que se han registrado varias denuncias por abusos y malos tratos hacia los inmigrantes LGBT en estas dependencias. El más grave ocurrió el pasado mayo, cuando una hondureña transexual de 33 años fallecía bajo custodia federal en una de estas instalaciones, a la espera de regularizar su situación.

“Roxy decía que su familia medio la aceptaba. No era uno de los peores casos, porque en Honduras, que es uno de los países más tránsfobos de América, la mayoría de las veces tus padres te dan la patada si eres trans. Pero ella tenía otros problemas”, relata Flotte, que la conoció personalmente.

Roxana ejercía como “trabajadora sexual” en su ciudad, “sufriendo el acoso callejero y la violencia de las pandillas, que creen que tienen derechos sobre estas mujeres”, relata su amiga. “Durante toda la caravana estuvo muy callada, porque era reservada, pero se la veía bien de salud. Nos quedamos muy extrañamos cuando nos dijeron que murió”.

Roxy llegó a la frontera de México con San Diego y se entregó a los agentes migratorios pidiendo refugio e informando de que tenía VIH. Las autoridades le permitieron entrar al país como solicitante de asilo, pero la internaron durante cinco días en las “hieleras”, como se conoce a las celdas situadas junto al paso fronterizo donde alojan en primer lugar a los indocumentados que llegan.

“Padeció frío, no le permitieron cambiarse de ropa, no tuvo alimentos adecuados ni atención médica”, lamenta su amiga. Después fue trasladada a un centro de detención dedicado a los inmigrantes LGBT desde 2016 en Cibola, una localidad perdida en el estado de Nuevo México, muy alejada de las redes de apoyo a indocumentados que existen en California.

Ni tratamiento VIH ni hormonas

Allí volvió a pedir un médico. Cuando la trasladaron a un hospital estaba ya muy grave y no pudiendo hacer nada para salvarle la vida. “El sistema sanitario es muy lento, tardan hasta 22 días en llevarte a un doctor. Sus vigilantes no reaccionaron hasta que la vieron vomitando”, denuncia Flotte, que asegura que ni los enfermos de VIH ni las transexuales en tratamiento hormonal reciben las medicinas que precisan adecuadamente durante su internamiento.

La muerte de Roxana Hernández supuso un breve escándalo para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), aunque nadie se hizo responsable de lo ocurrido. Este suceso encendió las alarmas sobre el trato que recibían las personas transexuales retenidas, al menos 50 en la actualidad, que siguen esperando a que se resuelvan sus peticiones de asilo. Esto puede durar meses, según datos de Diversidad sin Fronteras.

“El trato al colectivo LGBT no es el adecuado. La atención médica no es accesible, intentan convencerles para que accedan a la deportación voluntaria y se les tortura verbalmente diciéndoles que son un peligro para la sociedad y cosas peores”, advierte la activista, que teme que si ésta la situación de menores sea similar o peor, ya que “ni siquiera pueden recurrir a nosotros durante los meses que deben quedarse encerrados”.

Sharita Gruberg es la directora asociada del Proyecto de Investigación y Comunicaciones LGBT en el Center for American Progress. “Las personas LGBT llegadas de Centroamérica arrastran problemas de abusos y prostitución. Vienen busando protección, pero se encuentran con unos centros de detención que, si ya son terribles para cualquiera, lo son especialmente para este colectivo”, relata a EL ESPAÑOL.

“Sabemos que pueden ser víctimas de violencia sexual, que la atención médica no es la adecuada y que se utiliza la técnica del aislamiento, lo que puede generar daños psicológicos graves”, denuncia.

Laura, abusada por su guardiana

Gruberg pone como ejemplo el caso de Laura Monterrosa, una solicitante de asilo de 23 años, lesbiana y procedente de El Salvador, donde era víctima de la violencia homófoba de pandillas. En mayo de 2017 se presentó en la frontera solicitando asilo y fue retenida en un centro exclusivamente para mujeres. Una de las guardas abusó sexualmente de ella en múltiples ocasiones, según denunció. El ICE cerró su caso casi sin investigarlo, alegando que su testimonio "no podía ser corroborado" y dejando en su puesto a la vigilante acusada.

Tras aquella denuncia, Laura fue sometida a más de 50 horas de aislamiento por parte del centro, llegando a intentar suicidarse. “Ni siquiera nos aclararon cómo consiguió las pastillas con las que trató de quitarse la vida”, lamenta esta directiva de American Progress.

Finalmente el FBI abrió una investigación y un juez decretó su puesta en libertad. Pero, a juicio de Gruberg, este caso no es único, ya que los inmigrantes LGBT detenidos presentan altas tasas de abuso sexual.

28 agresiones en 2017

Según datos publicados por esta organización, ICE recibió 227 denuncias de abuso y agresión sexual durante 2017, de las que 28 eran relativas a personas LGBT. Esto supone un 12% del total de ataques, a pesar de que este colectivo representa sólo el 0,14 por ciento de los indocumentados retenidos. En total, homosexuales y transexuales bajo custodia federal tienen 97 veces más probabilidades de ser víctimas sexuales que heterosexuales.

En el caso de los menores, lo que más le preocupa es la falta de información. “Con esta administración no podemos saber cómo se encuentran. No hay transparencia. Existen unas reglas para tratar a los menores LGBT, pero actualmente desconocemos si se cumplen”, critica Gruberg.

Mientras las organizaciones trabajan para revertir esta situación, se esperan nuevas llegadas de inmigrantes LGBT a la frontera sur de los EEUU. No en vano, los relatos de las mujeres transexuales centroamericanas sobre la situación en sus países explica que ni la nueva política de tolerancia cero de la Casa Blanca las frene. A un lado, intentos de asesinato, violaciones por parte de la policía e incluso ceremonias de exorcismo. Al otro, Trump. Ellas lo tienen claro.