Todas las artimañas de Donald Trump con leyes del siglo XIX para seguir en la Casa Blanca

El proceso electoral para decidir quién será el próximo presidente de Estados Unidos (EEUU) sigue su curso. Si bien inusual -como lo ha sido la propia campaña electoral y lo está siendo el proceso de recuento de votos-, lo cierto es que existen distintos mecanismos para garantizar que el próximo 20 de enero de 2021 haya un presidente legítimo en la Casa Blanca. Una resolución sobre la presidencia del país en la Corte Suprema de Estados Unidos es uno de ellos, aunque el más improbable.

Son varias las voces en entornos académicos y jurídicos que recuerdan que las transiciones no siempre son fáciles. Particularmente complicadas fueron las llegadas al poder de Abraham Lincoln después de las elecciones de 1860, cuando varios estados se separaron de la Unión antes de que él tomara posesión o la transición del presidente Herbert Hoover a Franklin D. Roosevelt después unas elecciones en 1932 marcadas por una de las mayores crisis financieras de la historia.

Fechas y organismos clave

El 8 de diciembre vence el plazo para que todos los estados hagan llegar sus votos al Colegio Electoral. Los votos emitidos o recibidos después de esa fecha no contarán.

El 14 de diciembre se reúne el Colegio Electoral para nominar formalmente al próximo presidente del país. Si no hay un ganador definitivo en el Colegio Electoral, significaría que ha habido un empate en el resultado general (mencionado anteriormente) o que los desafíos legales en curso en los estados en disputa no se han resuelto, por lo que sus electores no pueden ser elegidos.

Si los resultados de las elecciones aún están en disputa y ciertos estados no pueden decidir a qué candidato dar a sus electores, entonces dependería del Congreso de EEUU intervenir. Si ningún candidato obtiene la mayoría de votos en el Colegio Electoral, correspondería la decisión a los miembros del Congreso elegidos en las elecciones de 2020 quienes asumirían esta responsabilidad. La Cámara de Representantes votaría para decidir al presidente, y cada delegación estatal tendría un voto: se necesita una mayoría de 26 para que un candidato se convierta en presidente. El Senado elegiría al vicepresidente y los 100 senadores votarían.

La constitución de Estados Unidos impone un plazo final: el mandato del presidente (y vicepresidente) expira el 20 de enero al mediodía. Si el Congreso no ha podido elegir al ganador para entonces, hay una línea de sucesión establecida en la ley. La primera persona en la línea de sucesión fila es el presidente o presidenta de la Cámara de Representantes, actualmente Nancy Pelosi, seguida por el segundo miembro de mayor rango del Senado, actualmente Charles Grassley.

Dado que esto no ha sucedido nunca antes, no está claro cómo funcionaría esta vía de excepción en la práctica.

Leyes del siglo XIX

Los abogados de ambos candidatos presidenciales llevan semanas estudiando minuciosamente leyes estatales y nacionales, poniendo especial atención en leyes arcaicas como la 12ª Enmienda o el Acta de Recuento Electoral de 1877, que permite resolver una elección cerrada o disputada mediante dos vías poco conocidas y apenas probadas.

En el S. XVIII, los electores escogían al presidente y vicepresidente del Gobierno de manera que el candidato que ganara el mayor número de votos ostentaba la presidencia y el segundo más votado la vicepresidencia.

Así se resolvió la contienda electoral de 1796 entre John Adams y Thomas Jefferson. Cuatro años más tarde, en 1800, fue la primera vez que hubo que recurrir al “desempate” en el Congreso. El vice-presidente saliente, Thomas Jefferson, recibió el mismo número de votos que Aaron Burr en el Colegio Electoral. Como ningún candidato obtuvo una clara mayoría de votos electorales, la Cámara de Representantes siguió la Constitución y convocó una sesión especial para resolver el estancamiento mediante una votación. Se necesitaron 36 votos para darle la victoria a Jefferson, que fue ampliamente aceptada, recuerda en un reciente artículo Alexander Cohen, profesor adjunto de Ciencias Políticas en Clarkson University.

Para evitar situaciones complejas como la de 1976 y 1800, el Congreso aprobó y los estados ratificaron la 12ª Enmienda a la Constitución. Añadida a tiempo para las elecciones de 1804, la enmienda estipulaba que los electores ahora emitirían dos votos: uno para presidente y otro para vicepresidente. En 1824, Andrew Jackson se situó por delante de John Quincy Adams y otros dos candidatos, pero no logró la mayoría necesaria en el Colegio Electoral. La Cámara de Baja, de nuevo siguiendo el procedimiento establecido en la Constitución, dio a Adams la presidencia.

Si por alguna razón el Congreso no puede certificar a un ganador del Colegio Electoral, la Cámara recién elegida estaría encargada de designar al nuevo presidente.

A día de hoy, la posibilidad que recoge la 12 Enmienda de la Cámara de Representantes tenga que intervenir si ningún candidato supera el umbral de 270 votos electorales necesario para ganar la presidencia desataría una situación confusa en la que cada delegación estatal puede emitir solo un voto para presidente. Aunque los demócratas mantengan el control de la Cámara en esa fecha, no necesariamente tendrían la ventaja.

La vía de la negociación data de finales del S.XIX cuando las elecciones presidenciales de 1876 entre Rutherford B. Hayes y Samuel Tilden fueron impugnadas porque varios estados del sur no certificaron claramente a un ganador. Esto se resolvió mediante negociaciones entre partidos realizadas por una Comisión Electoral establecida por el Congreso. Mientras Hayes se convertiría en presidente, se otorgaron ciertas concesiones al Sur que desembocaron en la conocida como “Reconstrucción”.

Un año después se promulgaría la Ley de Conteo Electoral de 1877, una reliquia de 133 años que los expertos legales de Trump se han empeñado en desempolvar. Ley que un grupo de académicos legales convocados por UC Irvine califico en un informe emitido en abril de “pantano de ambigüedad, que es exactamente lo contrario de lo que se requiere en esta situación." El texto legal decimonónico requiere que los electores sean elegidos para el Colegio Electoral, el organismo constitucionalmente establecido que elige al presidente, no más de 41 días después del día de las elecciones. Este año, esa fecha es el 14 de diciembre, 41 días después de la votación del 3 de noviembre.

Desde 1933, los presidentes asumen el cargo el 20 de enero. Por lo tanto, no habrá tiempo para deliberaciones ni grandes acuerdos como los de 1876. Si por alguna razón el Congreso no puede certificar a un ganador del Colegio Electoral (podría darse el escenario no del todo inverosímil de que Trump y Biden empaten con 269 votos electorales cada uno), entonces la Cámara recién elegida estaría encargada de designar al nuevo presidente, bajo una disposición constitucional extraña que otorga a cada delegación estatal un voto, o ningún voto en el caso de empates, y requiere 26 delegaciones para la elección.

¿Hasta cuándo el recuento?

En el caso de Donald Trump y Joe Biden aproximadamente la mitad de los estados aceptarán aquellos votos que lleguen por correo después de la jornada electoral, siempre y cuando cuenten con un matasellos u otra confirmación oficial de que se enviaron el 3 de noviembre o antes. Michigan, Wisconsin y Pensilvania, que Trump ganó por un estrecho margen en 2016 después de años de victorias presidenciales demócratas, podrían ser los más lentos para determinar un ganador, ya que los funcionarios electorales no pueden comenzar a procesar las papeletas días o semanas antes como otros estados.

Este año, además de un récord histórico en voto por adelantado (más de 100 millones de estadounidenses han votado antes del 3 de noviembre), también se espera que haya un aumento en las papeletas provisionales (votos emitidos por personas que solicitaron el voto postal pero que al final han votado en persona), lo que ralentizará más aún el proceso, ya que se requieren controles adicionales para garantizar que la misma persona no vote dos veces.

La mayoría de las papeletas, ya sea en papel o digitales, se cuentan de forma automatizada. No obstante, los trabajadores electorales deben verificar las papeletas de papel que las máquinas no procesan. Una vez cierran las urnas, los datos de la votación se transfieren a una sede electoral central.

A veces, esto se hace de forma electrónica, aunque normalmente los dispositivos de memoria que contienen los datos de la votación deben entregarse físicamente. La alternativa es leer los resultados por teléfono. Una vez que se entregan los recuentos de votos, se hacen públicos en la página web oficial de cada estado o a través de los medios de comunicación.

Cuando se han contado suficientes votos de todo un estado para determinar una ventaja imbatible, los medios llaman al candidato presidencial ganador para ese estado. Estos resultados no oficiales, que también ha cuestionado Trump cuando no le han sido favorables, se certifican semanas después, cuando son confirmados por funcionarios estatales.

Recuento de votos

El recuento electoral es el proceso mediante el cual los votos emitidos en unas elecciones se vuelven a tabular para verificar la exactitud de los resultados originales. Este proceso se activa bien porque se solicite (48 estados tienen leyes que regulan esta solicitud explícita), bien de manera automática. Los casos en los que se lleva a cabo este proceso son que haya un margen de victoria estrecho, que se produzcan denuncias sobre posible fraude electoral o que exista la posibilidad de errores administrativos.

Quien puede solicitar un recuento varía según el estado, aunque en la mayoría de casos se trata de uno de los candidatos o de un votante o grupo de votantes

El recuento automático suele activarse cuando se cumplen ciertos criterios establecidos en la ley estatal. El motivo más habitual para que se inicie el recuento automático de votos es un resultado reñido, por ejemplo, cuando el margen es de escasamente uno o dos votos.

Una vez más, los criterios varían de un estado a otro: Mientras que en Michigan se requiere un recuento para las elecciones estatales si la diferencia entre el candidato ganador y el próximo candidato más cercano es menor o igual a 2.000 votos, Hawái requiere un recuento cuando el margen es menor o igual a 100 votos o al 0,25% del total de votos emitidos, lo que sea mayor. Otra razón para que se inicie el recuento automático de votos es que los funcionarios electorales descubran una discrepancia o error en los votos totales.

El recuento solicitado se produce cuando una parte interesada lo solicita de forma expresa. Quien puede solicitar un recuento varía según el estado y las circunstancias, aunque en la mayoría de casos se trata de uno de los candidatos o de un votante o grupo de votantes.

Así, mientras que Ohio permite que cualquier candidato que haya recibido votos en una elección sin ser el ganador solicite un recuento, independientemente del resultado numérico, Massachusetts permite a los votantes solicitar un recuento de una elección de medida del voto electoral del estado, pero sólo si hay un margen de votación cercano menor o igual al 0,5%. En Montana se permite que una junta de escrutinio solicite un recuento si detecta un error a nivel de distrito que afectaría la precisión de los votos totales.

Ganar en los tribunales

Existe además la posibilidad de que los funcionarios de un estado muy disputado envíen dos resultados diferentes al Congreso, uno dando a Trump la victoria y el otro dando a Biden la victoria. En tal escenario, la elección no sería decidida por los votantes sino por la Corte Suprema, como sucedió en 2000 en las elecciones que enfrentaron a George W. Bush y a Al Gore.

Hoy en día, el caso de Bush contra Gore es visto por muchos expertos menos como un ejercicio de razonamiento legal que de poder, una división partidista en la que los jueces republicanos elevaron a su candidato por razones esencialmente políticas (se impusieron cinco jueces frente a cuatro). Gore admitió y reconoció públicamente la legitimidad de la victoria de Bush al decir que: "Si bien estoy totalmente en desacuerdo con la decisión de la Corte, la acepto".

El equipo de campaña de Trump ha empezado a presentar una serie de demandas encaminadas a bloquear el recuento o descalificar las papeletas enviadas por correo. 

De hecho, hay una razón por la que ningún fallo de la Corte Suprema ha citado jamás a Bush contra Gore como precedente: los mismos jueces lo describieron como algo excepcional, recuerdan los expertos en derecho constitucional. El profesor de derecho de Amherst College, Lawrence Douglas, destaca además que muchos juristas cuestionan que el Tribunal Supremo tenga jurisdicción para resolver una disputa electoral en el caso de que ésta llegue al Congreso.

En 2020, dado el creciente peso de los votos emitidos por correo, el equipo de campaña de Trump ha empezado a presentar una serie de demandas encaminadas a bloquear el recuento o descalificar las papeletas enviadas por correo. No son las únicas ni las primeras, puesto que a fecha de 30 de septiembre, se habían presentado más de 300 demandas electorales en 44 estados, la mayoría en relación a las medidas tomadas para prevenir un empeoramiento de la pandemia de coronavirus. Los datos recogidos en el índice de ‘Healthy Elections Project’ de la Universidad de Stanford y el MIT apuntan que la última fue presentada el 6 de octubre en Florida.

Los tribunales pueden ordenar un recuento, pero a menudo sólo después de que otra parte interesada solicite un recuento al tribunal. Esta es la vía que parecen querer explotar los republicanos. "Hemos reclamado, a los efectos del voto electoral, la Commonwealth de Pensilvania (que no permitirá observadores legales), el estado de Georgia y el estado de Carolina del Norte, cada uno de los cuales tiene una GRAN ventaja para Trump. Además, por la presente reclamamos el estado de Michigan", tuiteó Trump el miércoles.

Su director de campaña, Bill Stepien, enfatizó repetidamente el mismo miércoles que un recuento de todas las "papeletas emitidas legalmente" depararía como resultado una victoria de Trump, según los cálculos internos de su equipo. Por su parte, el ex alcalde de Nueva York y abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, dijo que el equipo de campaña estaba disputando votos en Pensilvania que, según señaló, podrían haber venido de Marte, personas muertas o Canadá, y calificó al juez que preside su desafío legal como un "truco político".

Dudas sobre la legalidad

Trump lleva meses sembrando la duda sobre la legalidad del proceso electoral, así como denunciando supuestas irregularidades, incluso fraude, en el modo en el que los estadounidenses ejercen su derecho a voto. Esta actitud llegó a su punto álgido la madrugada del miércoles, cuando después de tuitear que se les "estaba robando votos", compareciendo horas más tarde en rueda de prensa en la Casa Blanca para denunciar, entre otras cosas, que el recuento estaba siendo manipulado.

En ambas ocasiones, el presidente en funciones no ofreció ninguna evidencia de que sus quejas tuvieran algún fundamento. Trump no se quedó ahí, sino que continuó exigiendo que que se suspendiera el recuento de votos por correo o por adelantado y anunció que llevaría la resolución de las elecciones al Tribunal Supremo.

Esta no es la primera vez que un candidato cuestiona la legitimidad de los comicios. Después de que Abraham Lincoln derrotara a otros tres candidatos, los estados del sur simplemente se negaron a aceptar los resultados. Consideraron que la selección de un presidente que no protegería la esclavitud era ilegítima e ignoraron los resultados de las elecciones.

La disputa sobre la legitimidad de esta elección, basada en diferencias fundamentales entre el Norte y el Sur, desembocó en una Guerra Civil que costó 600.000 vidas estadounidenses. Siglos más tarde, la contienda entre el demócrata John F. Kennedy y el republicano Richard Nixon en 1960 estuvo plagada de acusaciones de fraude electoral, y los partidarios de Nixon presionaron por recuentos agresivos en muchos estados. Al final, Nixon aceptó a regañadientes la decisión en lugar de arrastrar al país a una segunda guerra civil en plena Guerra Fría.

"Los presidentes se han ido descontentos, pero siempre se han ido" tal y como como recordó David Marchick, director del Centro para la Transición Presidencial de la Asociación para el Servicio Público en una reciente entrevista con medios de comunicación estadounidenses. "Hemos tenido muchas elecciones malas y elecciones amargas y el estado de derecho siempre ha triunfado", añadió Marchick, haciendo un llamamiento a la calma.