Las alarmas saltaron a inicios del mes pasado, cuando una filtración del diario Politico daba cuenta de la intención del Tribunal Supremo de Estados Unidos de revocar la protección del derecho al aborto vigente desde 1973. Ahora, el fallo del Tribunal Supremo de EEUU ha confirmado lo que las mujeres más temían: el aborto vuelve a poder prohibirse en el país, después d que el Tribunal Supremo haya tumbado la sentencia del caso Roe contra Wade, que dio en 1973 rango federal a la libertad de las mujeres de interrumpir el embarazo.
La decisión del tribunal deja la regulación del procedimiento en manos de cada estado. En la práctica, esto significaría que el aborto podría pasar a ser ilegal en 26 de los 50 estados que tienen, a día de hoy, preparada una legislación prohibitiva de la práctica que sólo esperaban la decisión del Supremo para ponerla en práctica.
Kentucky, Luisiana y Dakota del Sur anunciaron la prohibición del aborto dentro de sus fronteras nada más hacerse pública la decisión del Supremo. Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Míchigan, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, las Carolinas, Tennessee, Texas, Utah, Virginia Occidental, Wisconsin y Wyoming podrían seguirles.
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Estados Unidos se posiciona, así, en el mapa de los países más restrictivos con los derechos de las mujeres. En total, al menos 36 millones de mujeres en edad reproductiva podrían perder el acceso al aborto según Planned Parenthood, que calificó la decisión de "devastadora"
El voto particular de los tres jueces que votaron en contra de la decisión es demoledor. Señala que algunos estados "han aprobado normas sin ninguna excepción para cuando la mujer es víctima de una violación o de incesto. En virtud de esas leyes, una mujer tendrá que dar a luz al hijo de su violador o una niña al de su padre, sin importar que hacerlo destruya su vida".
"Tras la sentencia de hoy", siguen, "algunos Estados pueden obligar a las mujeres a llevar a término un feto con graves anomalías físicas. Pueden incluso argumentar que una prohibición del aborto no tiene por qué proteger a la mujer del riesgo de muerte o daño físico. En una amplia gama de circunstancias, un Estado podrá imponer su elección moral a una mujer y obligarla a dar a luz".
El documento está firmado por seis de los nueve jueces del Supremo más conservador de los últimos 80 años, gracias a los nombramientos clave de tres de los jueces que hizo Donald Trump durante su mandato. La decisión sobre el aborto es sólo un paso más de una ola conservadora que se lleva extendiendo al conjunto de Estados Unidos, en temas como las armas, los derechos LGTBI y de las minorías raciales y que, en año de elecciones de Midterms, importa analizar para tomar el pulso al país.
Posesión de armas
En la misma semana en la que las mujeres vieron sus derechos reproductivos seriamente mermados, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ampliaba el derecho a portar armas, al avalar que se pueden llevar en público. Ni los recientes tiroteos masivos, como el que ocurrió en una escuela de Uvalde donde 19 niños y dos profesoras fueron asesinadas por un atacante de 18 años, hicieron que el tribunal diese un paso atrás en sus convicciones sobre las armas.
El alto tribunal falló en contra de una ley centenaria del estado de Nueva York que obliga a llevar oculto el armamento en la calle. El caso nace de una demanda interpuesta por dos particulares, Robert Nash y Brandon Koch, y la Asociación de Rifles y Pistolas del Estado de Nueva York, una filial de la Asociación Nacional del Rifle. La acusación demandó al estado de Nueva York por prohibir portar armas de fuego en público, pese a que permite a sus residentes llevarlas ocultas en la calle con una autorización especial si alegan una necesidad específica de autodefensa.
Memorial por las víctimas de la escuela de Uvalde, Texas.
Una vez más, se impuso el criterio de los seis jueces conservadores del tribunal frente al de los tres progresistas. El magistrado que redactó el fallo, el conservador Clarence Thomas, argumentó que el derecho a portar armas en público para la autodefensa "no es un derecho de segunda clase", que requiera "demostrar necesidades especiales". "Esta sentencia contradice tanto el sentido común como la Constitución y debería molestarnos a todos profundamente", criticó el presidente, Joe Biden, en un comunicado.
La decisión va en contra de las movilizaciones del Congreso americano que ha aprobado, estos últimos días, una legislación para el control de armas. Demócratas y republicanos han llegado a un acuerdo de mínimos que incluye una revisión del proceso de compra de armas para los menores de 21 años y extiende a todo el país las llamadas leyes de "alerta de peligro" ("Red Flag"), que permiten activar un procedimiento legal para confiscar las armas de fuego de quienes representen un peligro para terceros o para sí mismos.
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Además, busca acabar con lo que se conoce como "el vacío legal del novio", por el que hasta ahora si alguien es acusado de violencia doméstica sin estar casado, se le permite seguir teniendo armas en propiedad, algo que no ocurre en el caso de las personas casadas. El acuerdo entre demócratas y republicanos incluye, además, más fondos para recursos de salud mental y para reforzar la seguridad en las escuelas, dos aspectos en los que insisten los defensores de las armas cada vez que hay un tiroteo en EEUU.
"Don’t say gay"
El Senado de Florida, controlado por el Partido Republicano, aprobó el proyecto de ley HB 1557, titulado Derechos de los Padres en la Educación y conocido como "Don't Say Gay" ("No digas gay", en español). El proyecto en cuestión prohíbe abordar temas relacionados con orientación sexual e identidad de género en las aulas y fue aprobado con 22 votos a favor y 17 en contra.
Según la nueva ley, los centros educativos no podrán "alentar la discusión sobre la orientación sexual o la identidad de género de una forma que no sea apropiada para la edad o el desarrollo de los estudiantes". Pero, en ningún caso, se especifica qué se consideraría o no apropiado.
El proyecto de ley ha provocado las críticas dentro y fuera de Florida por parte de activistas y asociaciones de protección de los derechos LGTBI que ven en la legislación una forma efectiva de silenciar las voces de los estudiantes del colectivo, obstaculizar su desarrollo, violar sus derechos y también la libertad de expresión y los derechos de la Primera Enmienda de los también de los profesores.
Una vez más, Joe Biden expresó su disconformidad en Twitter: "Quiero que todos los miembros de la comunidad LGTBIQ+, en especial los niños que se verán afectados por este proyecto de ley lleno de odio, sepan que son amados y aceptados tal y como son. Estoy de vuestra parte y mi administración seguirá luchando por las protecciones y la seguridad que se merecen".
Además, el fallo del Supremo en relación al aborto deja la puerta abierta para revisar otros derechos como el matrimonio homosexual, que, al igual que el derecho a usar anticonceptivos, tampoco están protegidos por ninguna ley a nivel federal que los reconozca explícitamente, como sucedía con el aborto. Ambos son derechos que emanan de las interpretaciones que en su momento hicieron los magistrados del Tribunal Supremo con respecto a su encaje en la Constitución. Y esa puede cambiar.
De hecho, en el fallo del viernes, el magistrado del Supremo Clarence Thomas emitió una opinión propia en la que animó directamente a sus compañeros a revisar otras sentencias del pasado usando el mismo prisma que en la decisión sobre el aborto. "Tenemos el deber de corregir el error establecido en precedentes como Griswold, Lawrence y Obergefell", escribió Thomas en su opinión.
Estos tres casos mencionados por el juez son los que protegen, respectivamente, el derecho a obtener métodos anticonceptivos (1965); el derecho a tener relaciones sexuales privadas (2003) -que de forma implícita prohibió cualquier castigo a la homosexualidad-; y el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo (2015).
El acceso al voto
Además de nutrir el Supremo con una mayoría conservadora, otro de los legados de Trump fue la desconfianza en el sistema electoral y democrático de Estados Unidos después de cuestionar, una y otra vez y sin pruebas, la victoria de Joe Biden en las últimas elecciones de EEUU y el voto por correo.
Pero la verdad es que, según el Centro Brennan para la Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, en los últimos años, cerca de 49 estados han presentado más de 440 proyectos de ley que dificultan el acceso al voto y no precisamente a los votantes que en su mayoría se decantan por los republicanos. Gran parte del bombardeo legislativo se dirige a los votantes de minorías raciales, que han tenido un papel fundamental en la victoria de los demócratas.
Las leyes incluyen normas estrictas de identificación de votantes, recortes en los tiempos de votación, restricciones al registro y eliminación de las listas de votantes. Estas normas recibieron un impulso cuando el Tribunal Supremo debilitó la Ley de Derechos Electorales en 2013, y han impedido que un número significativo de votantes elegibles acudan a las urnas, afectando a todos los estadounidenses, pero especialmente a las minorías raciales, las personas pobres y los votantes jóvenes y mayores.
El conteo de votos en Atlanta, Georgia.
Según la Unión Civil Americana de Libertades (ACLU), en todo el país, 1 de cada 16 estadounidenses negros no puede votar debido a las leyes de privación de derechos. Los estados con más poblaciones minoritarias tienen menos sitios de votación y trabajadores electorales por votante. En 2018, los latinos y los afroamericanos tenían el doble de probabilidades que los blancos de no poder salir del trabajo mientras las urnas estaban abiertas. El 25% de los estadounidenses negros en edad de votar no tienen una identificación con foto emitida por el gobierno, por lo que se les puede negar el derecho al voto.
Censura de libros de texto
En el último año, más de 1.500 libros se han prohibido en varios distritos escolares de EEUU como parte de una censura conservadora descrita como "incomparable", según Pen America, una organización sin fines de lucro que trabaja para proteger la libertad de expresión en EEUU. Un informe de la organización señala que las prohibiciones se han dirigido en gran medida a libros que se centran en cuestiones raciales y LGTBI, y una gran cantidad de los libros prohibidos están escritos por autores que no son blancos o pertenecen al colectivo LGTBI.
PEN America analizó el período entre el 1 de julio de 2021 y el 31 de marzo de este año, en un informe hecho "libro por libro, distrito por distrito para analizar qué libros están prohibidos, en qué parte del país y a través de qué procedimientos". Las conclusiones señalan que se implementaron 1.586 prohibiciones en 86 distritos escolares en 26 estados. "Este tipo de datos nunca se ha contado y, francamente, los resultados son impactantes", dijo Jonathan Friedman, director de Educación y Expresión Libre de PEN América.
De los títulos prohibidos, el 41% incluía "protagonistas o personajes secundarios destacados" que eran personas negras, según PEN America. "Las prohibiciones de libros, específicamente de autores masculinos que no son blancos, están ocurriendo en las tasas más altas que jamás hayamos visto. Lo que está sucediendo en este país en términos de prohibición de libros en las escuelas no tiene paralelo en su frecuencia, intensidad y éxito", insistió Friedman.
Alrededor del 22% de los libros prohibidos "abordan directamente cuestiones de raza y racismo", mientras que el 33% "tratan explícitamente temas LGTBI, o tienen protagonistas o personajes secundarios prominentes que son LGTBI". "Este es un ataque orquestado contra libros cuyos temas se afianzaron recientemente en los estantes de las bibliotecas escolares y en las aulas", dijo Friedman. “Estamos siendo testigos del borrado de temas que solo recientemente representaron un progreso hacia la inclusión”.
Acceso de los inmigrantes a la educación
También la educación de los niños migrantes está en entredicho. El gobernador de Texas Greg Abbott anunció en mayo que va a recurrir un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1982 que exige que los estados ofrezcan educación pública gratuita a todos los niños, incluidos los que no tienen un estatus migratorio legal.
Ese fallo, conocido como Plyler contra Doe, anuló una ley de Texas que había negado la financiación estatal para educar a los niños que no habían sido "admitidos legalmente" en Estados Unidos. "Creo que resucitaremos ese caso y cuestionaremos este tema nuevamente, porque los gastos son extraordinarios y los tiempos son diferentes a cuando se emitió Plyler contra Doe hace muchas décadas", dijo Abbott en una entrevista a una radio conservadora.
Preguntado sobre el tema durante un evento en Houston, Abbott dijo estar preocupado por el aumento esperado de inmigrantes que entrarán a Texas si la administración Biden acaba con la norma 42, una política de salud pública de la era Trump que aceleró la eliminación de inmigrantes en la frontera. "Eso lleva a obligaciones educativas, así como a otras obligaciones, que son simplemente insostenibles e inasequibles", dijo Abbott, argumentando que el gobierno federal debería ser responsable de pagar la educación de los hijos de inmigrantes ilegales.