Tras conocerse que las búsquedas del FBI en la residencia del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Mar-a-Lago, estaban relacionadas con una investigación sobre la supuesta sustracción de documentos de la Casa Blanca por parte del anterior mandatario, Trump se apresuró a denunciar una trama que pretendería impedir su candidatura a las elecciones de 2024.

La verdad es que Trump no tiene ninguna prueba de que la investigación sea una conspiración para impedirle el acceso a las urnas, pero la consecuencia podría ser exactamente esa: una ley penal que prohíbe la eliminación de registros oficiales sanciona su incumplimiento con la inhabilitación para ocupar cualquier cargo federal. Si esa sanción se verificara, Trump vería su regreso a la Casa Blanca prohibido por ley. 

Se trata de la Sección 2071 del Título 18 del Código Penal de Estados Unidos, y tipifica como delito "la ocultación, eliminación, mutilación, borrado, falsificación o destrucción deliberada" de documentos o registros del Gobierno que se encontraban bajo custodia de alguien.  

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En el caso de ser declarados culpables, los acusados pueden ser multados o sentenciados a prisión de hasta tres años. Además, el estatuto dice que si actualmente ocupan un cargo federal, "perderán" ese cargo y serán "inhabilitados para ocupar cualquier cargo en los Estados Unidos". Según la norma, si Trump fuera acusado y condenado por eliminar, ocultar o destruir registros gubernamentales en virtud de esa ley, podría estar en una situación de inhabilitación para el cargo de presidente.

Sin embargo, no es del todo cierto que esto ocurra. La ley estuvo bajo análisis en 2015, cuando salió a la luz que la candidata presidencial Hillary Clinton, había usado un servidor de correo electrónico privado para realizar negocios gubernamentales mientras era secretaria de Estado. 

Algunos republicanos citaron dicha ley para insinuar que Clinton no podría presentarse a las urnas, pero varios juristas señalaron entonces que la Constitución establece criterios de elegibilidad muy claros y que los fallos de la Corte Suprema sugieren que el Congreso no puede modificarlos. La Constitución permite que el Congreso inhabilite a personas para ocupar un cargo en procedimientos de juicio político, pero no otorga tal facultad para el derecho penal ordinario.

El lunes, una de las voces más prominentes en señalar la ley, el abogado demócrata Marc Elias, inicialmente citó la disposición de inhabilitación de la ley en Twitter, pero reconoció que cualquier condena podría, en última instancia, no impedir que Trump vuelva a buscar la presidencia. "Sí, reconozco el desafío legal que generaría la aplicación de esta ley a un presidente (ya que los requisitos están establecidos en la Constitución). Pero la idea de que un candidato tendría que litigar esto durante una campaña es, en mi opinión, un 'taquillazo' en la política estadounidense'", escribió.