Después de un intenso fin de semana en el que el expresidente Donald Trump llamó a sus seguidores a tomar las calles para protestar contra su más que probable imputación y detención por el caso de la actriz porno Stormy Daniels, el hecho de que pasen los días y el fiscal general del distrito de Manhattan, Alvin L.Bragg, no termine de cerrar la investigación, parece que no solo no está calmando al líder republicano sino todo lo contrario.

En la madrugada del miércoles al jueves, según informa el New York Times, Trump utilizó su propia red social, Truth, para mandar mensajes propios de un enajenado entre la una y las dos de la mañana. Un primer mensaje avisaba de que, en caso de producirse su detención, Bragg tendría que cargar con el peso de los posibles disturbios, que podrían llevar “la muerte y destrucción” a la ciudad de Nueva York.

No quedaba ahí su retórica apocalíptica y agresiva. A continuación, Trump volvía a acusar a Bragg de liderar una caza de brujas, insistía en que era el candidato más votado de la historia llenándolo todo de signos de exclamación y concluía que el fiscal general era “un psicópata degenerado que odia a los Estados Unidos”. Recordemos que, en realidad, el fiscal, como en cualquier sistema judicial digno de ese nombre, solo presenta los cargos. Es un tribunal el que tiene que decidir si procesa o no al acusado.

El ”warfare” republicano

Incluso para alguien dado a la sobreactuación, las palabras de Trump son un desafío excesivo a la justicia. Llamar a la insurrección popular contra una posible decisión judicial y obligar al ayuntamiento a acordonar con vallas determinadas zonas por temor a que sus seguidores le tomen en serio y se lancen a la calle es impropio de un expresidente y candidato a la nominación republicana para las elecciones de 2024.

Con todo, puede que esto no sea lo más grave, al menos a medio y largo plazo. A lo largo de la semana y en previsión de una decisión inmediata -el propio Trump estaba convencido de que le detendrían el pasado martes-, distintos congresistas republicanos han pedido formalmente información sobre el proceso a la fiscalía del distrito de Manhattan, en lo que se ha considerado un acto de injerencia del poder legislativo sobre el judicial.

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Hasta el momento, la fiscalía se ha negado a mandar esta información pues considera que eso sería comprometer su independencia, pero no sería de extrañar que toda la cuestión tenga que solucionarse también ante una instancia judicial superior. El hecho de que el Congreso de los Estados Unidos y, en particular, su Cámara de Representantes, pueda intervenir en cuestiones legales locales o estatales sentaría un grave precedente que provocaría un importante caos en la justicia y una previsible paralización de determinadas investigaciones según las mayorías partidistas.

Conviene recordar en cualquier caso que la división de poderes en Estados Unidos es cuando menos difusa. Al fiscal general de un estado o un distrito, por ejemplo, no lo elige un partido ni lo eligen sus compañeros de profesión, sino los ciudadanos en las urnas. No solo eso, sino que dichos fiscales se presentan generalmente bajo el paraguas de uno de los dos grandes partidos. En este caso, por ejemplo, Alvin L. Bragg no ha sido nombrado por los demócratas, sino que él mismo forma parte del Partido Demócrata y ha conseguido el puesto sacando más votos que su oponente republicano.

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A su vez, los jueces de las cortes de distrito, el Tribunal Supremo y el de apelaciones son elegidos por el presidente de turno según haya que ir renovando dichos órganos. Posteriormente, el Senado tiene que confirmar dicha elección. En ese sentido, es un sistema parecido al que tenemos en España, con la diferencia de que, por ejemplo, los cargos en el Tribunal Supremo son vitalicios y solo puede haber un cambio cuando uno de los magistrados muere o renuncia por voluntad propia. 

Por todo ello, las mayorías progresistas o conservadoras tienen un punto azaroso. Por ejemplo, los demócratas han gobernado durante dieciocho de los últimos treinta años (y dos que le quedan a la administración Biden), pero el Supremo tiene una mayoría conservadora porque George W. Bush y Donald J. Trump tuvieron más opciones para nombrar nuevos magistrados que Clinton, Obama o Biden.

Los arrepentimientos tardíos

Sea como fuere, una cosa es la disputa partidista en la justicia y otra, el intento formal de someter el judicial al legislativo. En el caso de Donald Trump, el expresidente vuelve a jugar con fuego al llamar directamente a la rebelión y a las protestas callejeras para amenazar a un fiscal y al tribunal que investiga su caso. Un caso que, por lo demás, no tiene nada de político, pues se trata del pago con dinero de campaña a una actriz porno para garantizarse su silencio. 

Hasta la semana que viene, como pronto, no tendremos novedades respecto a la posible detención de Trump. Si se produce y acaba cumpliéndose la profecía apocalíptica, probablemente veamos un nuevo espectáculo de “en realidad, yo no quise decir eso”, “me refería a otra cosa” y ese largo etcétera que vimos después del intento de golpe de estado del 6 de enero de 2021 con la entrada de grupos armados en el Capitolio en plena elección del nuevo presidente. Esperemos que no sean necesarios tantos llantos y contriciones tardías.