La ONU obtiene acceso por primera vez a la prisión de Guantánamo: una tortura "inhumana y cruel"

La profesora de derecho irlandesa Fionnuala Ní Aoláin ha hecho historia esta semana al convertirse en la primera investigadora de las Naciones Unidas en visitar el centro de detención de la Bahía de Guantánamo desde su creación tras los ataques del 11-S. En una conferencia de prensa el lunes, ha compartido sus conclusiones tras cuatro días de visita.

Ní Aoláin ha revelado que, a pesar de algunos avances, los detenidos en la prisión siguen siendo sometidos a "un trato cruel, inhumano y degradante" que viola el derecho internacional, que prohíbe categóricamente la tortura en toda circunstancia.

La profesora, designada por el Consejo de Derechos Humanos, elogió al gobierno de Biden por brindarle acceso completo a la facilidad, a diferencia de las administraciones anteriores. También alabó el compromiso de la Casa Blanca de cooperar con los organismos de derechos humanos de la ONU y resaltó las "mejoras significativas" realizadas por los Estados Unidos.

Sin embargo, Ní Aoláin expresó preocupaciones serias sobre los abusos continuos de derechos humanos en la Bahía de Guantánamo. Según su informe, los 30 hombres actualmente detenidos allí continúan experimentando un sufrimiento "profundo y continuo" como resultado de "prácticas sistemáticas de entrega, tortura y detención arbitraria". También señaló que los detenidos, que sufrían discapacidades permanentes, lesiones cerebrales traumáticas, dolor crónico y trastorno de estrés postraumático, no reciben la rehabilitación y la atención necesarias.

Además, la investigadora criticó al gobierno de Estados Unidos por no garantizar el derecho fundamental a un juicio justo dentro del sistema de comisiones militares. Destacó que 19 de los 30 detenidos que aún permanecen no han sido acusados, a pesar de que algunos llevan dos décadas detenidos.

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Ní Aoláin mencionó también los desafíos legales a los que se enfrentan las víctimas y sobrevivientes de los ataques del 11-S. Explicó que la detención y tortura de los presuntos perpetradores han impedido que las víctimas y supervivientes obtengan justicia y presencien el enjuiciamiento de los responsables y sus cómplices en los tribunales. Esta situación se debe a que en Estados Unidos está prohibido utilizar información obtenida mediante tortura en los juicios.

Tras el informe de Ni Aoláin, Estados Unidos emitió una declaración ante el Consejo de Derechos Humanos rehusando aceptar sus hallazgos como "exclusivamente suyos" y discrepando con muchas de sus afirmaciones. El comunicado alegaba, al contrario que el informe de la ONU, que los detenidos viven en entornos comunitarios, reciben atención médica y asesoramiento legal, y mantienen contacto con sus familias. Sin embargo, el Gobierno reconoció la necesidad de revisar detenidamente las recomendaciones de la profesora y tomar las medidas adecuadas.

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El presidente Joe Biden también emitió una declaración el 26 de junio, en el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, reafirmando su oposición a todas las formas de trato inhumano. Señaló que estas prácticas son "ilegales, inmorales y una mancha en nuestra conciencia colectiva". Condenó las campañas de tortura llevadas a cabo por Rusia, Siria y Corea del Norte, y destacó la importancia de que Estados Unidos se adhiera a los mismos estándares que exige a otros países. 

El informe de Ni Aoláin ha reavivado el debate en Estados Unidos acerca de la prisión de Guantánamo y el uso de la tortura contra presuntos terroristas. Aquellos que la defienden se escudan en su importancia para la seguridad nacional. Por otro lado, los críticos sostienen que Guantánamo viola los derechos humanos y daña la autoridad moral del país.

Aún está por ver qué sucederá con el centro de detención. Al comienzo de su mandato presidencial, Biden expresó su intención de cerrarlo antes de que finalizara su legislatura. No obstante, si no logra cumplir con su promesa, existe la posibilidad de que el destino de la prisión quede en manos de un político dispuesto a mantenerlo operativo, tal como hizo el expresidente Trump durante su gobierno.