La Justicia de Luisiana prohíbe a la Casa Blanca regular la desinformación en redes sociales

Terry Doughty, un juez federal en Luisiana designado por Donald Trump, dictaminó este martes que la Administración Biden violó el derecho constitucional a la libertad de expresión al censurar publicaciones en redes sociales que promovían desinformación sobre la Covid y las elecciones de 2020. La orden prohíbe al Gobierno comunicarse con empresas de redes sociales para persuadirlas a controlar su contenido de una manera específica, lo que reafirma que los derechos del Gobierno para intervenir en empresas privadas son limitados.

El pleito contra la Casa Blanca fue inicialmente presentado por fiscales generales del Partido Republicano en Misuri y Luisiana el año pasado. Alegaron que la Administración había "coaccionado a las plataformas de redes sociales" para eliminar publicaciones sobre resistencia a vacunas y mascarillas, teorías sobre el origen de la Covid, oposición a la elección de Biden y críticas negativas hacia su presidencia. De acuerdo con los fiscales, esto fue una censura sesgada contra los conservadores.

Según Politico, el Departamento de Justicia ha negado estas acusaciones. Argumenta que los funcionarios federales que interactuaron con las empresas de redes sociales solo las alentaron a vigilar sus plataformas y nunca recurrieron a amenazas o a la coerción. Además, un funcionario de la Casa Blanca que habló con AP News bajo la condición de anonimato afirmó que la Administración sólo había promovido "acciones responsables para proteger la salud pública y la seguridad" al enfrentarse con "una pandemia mortal y ataques a nuestras elecciones".  

En su memorándum de 155 páginas presentado este martes, Doughty se ha posicionado a favor de los fiscales, sosteniendo que durante la pandemia el Gobierno adoptó "un papel similar al de un 'Ministerio de la Verdad' orwelliano". Añadió que "si las alegaciones hechas por los demandantes son ciertas, el presente caso posiblemente implica el ataque más masivo contra la libertad de expresión en la historia de los Estados Unidos". También llamó a las acciones de la Administración Biden como "un ejemplo perfecto de discriminación de puntos de vista del discurso político". 

La sentencia prohíbe a la Administración Biden y otros departamentos gubernamentales mencionados comunicarse con las empresas de redes sociales con el propósito de "instar, alentar, presionar o inducir de cualquier manera a la remoción, eliminación, supresión o reducción de contenidos". Se hicieron excepciones para permitir la advertencia a las empresas sobre los riesgos para la seguridad nacional, la actividad delictiva y los intentos extranjeros de influir en las elecciones.

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No es una decisión definitiva, ya que Biden tiene el derecho de apelarla. Según CNN, esto parece ser una posibilidad: un funcionario de la Casa Blanca mencionó que el Departamento de Justicia está "revisando la orden judicial y evaluará sus opciones en este caso".

Independientemente del veredicto final, este mandato ha intensificado aún más el debate sobre el papel de las agencias federales en la moderación del contenido que considera falso o perjudicial. 

Según Karen North, profesora en la Escuela Annenberg de la Universidad del Sur de California que habló con EL ESPAÑOL, deberíamos preguntar si el gobierno tendría la capacidad de influir en las decisiones de las plataformas sobre qué contenido guardar o retirar. Destaca que las empresas privadas generalmente tienen libertad para tomar sus propias decisiones y crear su propio código de conducta siempre que no infrinjan la ley.

Por eso, le inquieta los intentos del Gobierno de presionar a empresas como Facebook para eliminar información con la que no están de acuerdo. Según ella, esto cruza una línea preocupante. "Incluso si alguién está completamente de acuerdo en que las personas deberían vacunarse, no sé si estaría bien permitir que el gobierno inste a las empresas de redes sociales a ocultar información que podría ser una opinión, sin importar si es correcta o no", dijo. "Ahí es donde se vuelve complicado". 

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Por otro lado, Steven Livingston, profesor de Medios y Asuntos Públicos en la Universidad George Washington, mencionó a EL ESPAÑOL que debería existir algún tipo de supervisión, ya que las principales plataformas están operando sin ella. Citó a Twitter como ejemplo, argumentando que "bajo Elon Musk, Twitter ha abandonado prácticamente la idea de moderar o controlar su contenido de cualquier manera, al tiempo que limita el acceso a los datos para que los observadores externos comprendan cuán grave es la situación".

Enfatizó que el mundo actual está inmerso en una "producción a escala industrial de desinformación" que opera en un "paisaje mediático altamente fragmentado", lo que hace que los datos falsos fluyan sin restricciones. Aunque Livingston sugiere que se debería obligar a las plataformas de redes sociales a proporcionar datos a los investigadores para comprender mejor el problema, el profesor destaca que "no hay respuestas rápidas o fáciles".