Biden cambia de estrategia en la lucha contra el narco: aleja el foco de Colombia y se 'obsesiona' con México

El motivo es claro: la crisis de opioides en la que se ve envuelta los Estados Unidos a causa del fentanilo, y que deja en la actualidad un saldo de 70.000 muertes al año por sobredosis. El gobierno norteamericano culpa directamente a los cárteles mexicanos de desempeñar un papel importante en el tráfico de este opiáceo sintético altamente potente y peligroso: “Estamos tomando importantes medidas coercitivas contra la mayor, más violenta y más prolífica operación de tráfico de fentanilo del mundo, dirigida por el cártel de Sinaloa y alimentada por empresas químicas y farmacéuticas chinas”, declaraba hace un mes en rueda de prensa el fiscal general de los EEUU, Merrick Garland.

Hace solamente cuatro días fueron impuestas duras sanciones a diez ciudadanos mexicanos y a una empresa del país por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Se les acusa de estar implicados en la red de tráfico ilícito del fentanilo del cártel de Sinaloa al hallarse vinculados con proveedores de precursores químicos utilizados para su fabricación. Entre ellos se encuentran Noel López Pérez, hermano de la segunda esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y Ricardo Páez López, primo menor de los hijos del mediático exlíder del cártel, que fue capturado y extraditado a los Estados Unidos en 2016.

[Liberan al socio del Chapo y cofundador del Cártel de Sinaloa, 'El Güero', tras 28 años en prisión]

Cambio de política respecto a Colombia

Esta semana se conoció la decisión de Estados Unidos de suspender el monitoreo de cultivos de coca en Colombia, enfatizando un cambio en cuanto a su política antidrogas. El presidente de la República de Colombia, Gustavo Prieto, comentó el hecho a través de sus redes sociales alegando que nos encontramos ante nuevos tiempos: “Las cosas cambian. La estructura de consumo de narcóticos está cambiando para mal, lo que reduce la demanda de cocaína, que empieza a fluir a otros lados del planeta”. La embajada de Colombia en Estados Unidos explicó en un comunicado, sin dar contexto sobre a qué aludía, que la colaboración entre estos dos países son fruto del “trabajo bilateral, basada en la confianza y el mutuo compromiso”.

Fue en el año 2000 cuando Estados Unidos implementó el Plan Colombia, una estrategia de asistencia y cooperación para combatir el narcotráfico y fortalecer las instituciones de seguridad y justicia en el país sudamericano. Este tuvo un enfoque integral que incluía la interdicción de drogas, la erradicación de cultivos de coca, el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y la promoción del desarrollo alternativo. Los norteamericanos han respaldado desde entonces los esfuerzos de erradicación de cultivos de coca en Colombia, principalmente a través de programas de rociado aéreo con herbicidas. Pero estas medidas han sido también objeto de controversia debido a preocupaciones sobre los posibles efectos ambientales y para la salud, así como por impactos sociales y económicos en las comunidades rurales que dependen de los cultivos de coca.

En relación con esto último, el director de la Oficina de Política de Control de Drogas de la Casa Blanca, Rahul Gupta, es muy claro: «Cuando miras a una madre soltera de Colombia que está produciendo coca para sus hijos como una forma de vida para sobrevivir, no se trata tanto del crimen sino del sustento. La forma en que vemos esto es que tenemos que asegurarnos de que estos agricultores tengan la capacidad de poseer su propia tierra. Asegurándonos de que tengan la capacidad de cultivar productos que puedan exportarse a nivel mundial y que puedan ganarse la vida”. El último informe de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP) estimaba que la producción de cocaína descendió en 2021, pasando de las 994 toneladas en 2020 a las 972 toneladas. Además de liderar la producción de cocaína, Colombia es también el país con mayores hectáreas cultivadas de coca, con 234.000 hectáreas registradas por esta oficina estadounidense, aunque también se redujeron de los 245.000 del año anterior.

[La producción de cocaína global alcanza máximos históricos con Colombia, Perú y Bolivia a la cabeza]

La próxima crisis de salud pública en México, según expertos

El fentanilo es ya la primera causa de muerte por sobredosis en los Estados Unidos. En México no se rozan tales datos pero la situación es cada vez más preocupante: una prueba en Mexicali, la capital de Baja California —al oeste del país y frontera con EEUU— encontró que el 23% de los más de 1.100 cuerpos que fueron enviados a la morgue durante el último año dieron positivo en fentanilo. López Obrador, presidente del gobierno mexicano, declaraba hace unos meses ante los medios que el fentanilo es un problema exclusivo de los americanos, uno que atribuye a la “decadencia social” estadounidense. “Hay mucha desintegración de familias, hay mucho individualismo, hay falta de amor, de hermandad, de abrazos, aquí… no tenemos consumo de fentanilo”, dijo. Sin embargo, en el país azteca ya se trata como una nueva epidemia oculta.

Una investigación reciente del Times encontró que el fentanilo se había extendido de las calles a las farmacias tradicionales. Algunas farmacias a lo largo de la frontera, y en las ciudades turísticas junto a la playa, hacen pasar pastillas de fentanilo como opioides farmacéuticos más débiles que se venden ilegalmente sin receta. En ciudades como Tijuana o Juárez (ambas fronterizas con EEUU) el fentanilo, cincuenta veces más potente que la heroína, se fuma, se inhala y se inyecta. A un precio además muy inferior respecto al resto de drogas: distintos medios locales reportan que la dosis está sobre los 40 pesos mexicanos (unos dos euros). 

Hace años que el Gobierno de López Obrador decidió cancelar la Encuesta Nacional de Adicciones (Endocat) debido a “su alto costo”, por lo que en la actualidad no existen datos oficiales sobre el consumo de fentanilo en México. No obstante, los expertos y las organizaciones mexicanas insisten: el fentanilo será la próxima gran crisis de salud pública en el país.