"¡Biden es una catástrofe mental que está llevando a nuestro país al infierno!", señalaba Trump en la red social Truth el pasado jueves, demostrando que la hipérbole sigue siendo una de sus señas de identidad. El expresidente estadounidense navega por la mayor paradoja política de los últimos tiempos: su respaldo entre los votantes republicanos aumenta casi al mismo ritmo que el número de causas judiciales en su contra. Pero el mazo de la Justicia puede golpear también en el otro lado del espectro político.
La carrera a la Casa Blanca concluirá en noviembre de 2024, pero viene disputándose oficiosamente desde hace más de un año. Lo decisivo, sin embargo, está por venir, y los tribunales jugarán un papel fundamental en esta competición de fondo entre dos ancianos nacidos en la década de 1940.
Salvo sorpresa mayúscula en los próximos meses, ambos ganarán cómodamente la primera parte de la carrera, la de las primarias en sus respectivos partidos. La media de encuestas de FiveThirtyEight da a Trump la mayor ventaja histórica sobre su rival inmediato, Ron de Santis: 39,4 puntos porcentuales, con un 53,7% de respaldos de los republicanos si hoy se decidiese su candidatura. Por su parte, Biden aventaja en casi 50 puntos a Robert F. Kennedy Jr. en la media de sondeos para las primarias demócratas.
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Con estas diferencias abismales, cuesta pensar que ninguno de los dos pueda tropezar en su camino hacia el Despacho Oval, y que todo se decidirá en un reñido cara a cara: la mayoría de las encuestas dan una diferencia de tres puntos o menos, moviéndose ambos en el rango del 40-45% de intención de voto.
Así las cosas, la Justicia se vislumbra como la gran protagonista de los próximos 15 meses de campaña electoral. Trump tiene tres causas penales abiertas (y una cuarta que se concretará próximamente), mientras Biden se ve salpicado por la investigación sobre los negocios de su hijo Hunter.
Un fiscal especial contra Hunter Biden
El secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, anunció este viernes el nombramiento de un fiscal especial, David Weiss, para la investigación contra Hunter Biden, que está acusado de no haber declarado correctamente sus impuestos en 2017 y 2018. Además, se le ha imputado un delito relacionado con la posesión de un arma de fuego, que es ilegal cuando se trata de una persona con adicciones, como es su caso tal y como reconoce en su autobiografía de 2021.
En primavera, los fiscales planteaban acusarle de dos delitos menores por no presentar impuestos, un delito grave de evasión fiscal y una imputación por la compra del arma. En junio, Hunter Biden y los fiscales federales negociaron un acuerdo de culpabilidad, que le concedía libertad condicional. Sin embargo, la jueza encargada del caso y que tiene que dictar sentencia, Maryellen Noreika, nominada por Trump, expresó dudas sobre los términos del mismo.
En virtud de ese acuerdo, el hijo del presidente hubiera podido evitar una imputación formal bajo ciertas condiciones, pero finalmente Hunter Biden decidió no rubricar el pacto y declararse no culpable. La Casa Blanca afirmó al día siguiente que el presidente no usará su poder para indultar a su hijo si fuese condenado.
Weiss había solicitado su nombramiento como fiscal especial, pero no es casual que Garland, que forma parte de la Administración Biden, se lo haya concedido. Weiss fue nominado por el propio Trump como máximo representante de la fiscalía del país en Delaware, de forma que la Casa Blanca trata de acallar a las voces republicanas que sugerían un trato de favor al hijo del actual presidente. Aunque Weiss lleva desde 2018 instruyendo el caso, ahora contará con más margen de maniobra en su investigación.
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Garland ha anunciado que exigirá a Weiss "un informe que explique las decisiones de enjuiciamiento o rechazo a las que llegó", y se comprometió a hacer pública "la mayor parte posible de su informe" para demostrar el compromiso de la Fiscalía General de EEUU "tanto con la independencia como con la rendición de cuentas en asuntos particularmente delicados".
Los procesamientos de Trump
También en esto el magnate republicano no tiene parangón. En los más de dos siglos de historia de EEUU, ningún presidente ni expresidente había sido imputado en una causa criminal. Trump lleva tres, camino de una cuarta. Y, aún así, nadie descarta que sea el primer presidente en recuperar la Casa Blanca tras haberla perdido desde que lo hiciera el demócrata Grover Cleveland en 1892.
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La primera de las causas penales abiertas contra Trump llegó en marzo de 2023, cuando se le imputaron 34 cargos por falsificar registros contables para comprar el silencio de Stormy Daniels, una actriz de cine para adultos que aseguraba haber tenido un encuentro sexual con él. La acusación asegura que fue el abogado de Trump quien abonó a Daniels los 130.000 dólares acordados, y este se los devolvió reflejándolo como gastos legales de su empresa. El expresidente se declaró no culpable.
Posteriormente, en junio, llegaba la segunda imputación por la extracción de documentos con información clasificada. Según la acusación, Trump se llevó a su casa de Mar-a-Lago información confidencial cuando abandonó la Casa Blanca y obstruyó los intentos del gobierno para recuperarlos, además de mostrar los archivos a personas sin la autorización para verlos. Por ello, le han imputado 40 cargos, de los que se ha declarado no culpable.
Finalmente, este mismo mes de agosto, el gran jurado le imputó dos delitos de conspiración y dos de obstrucción de un procedimiento oficial por su actuación durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y las semanas previas, en las que Trump insistió en las acusaciones de fraude electoral y trató de que su vicepresidente no diera por buenos los resultados. Trump se ha declarado no culpable.
La cuarta causa penal puede estar al caer. La fiscal Fani Willis lleva más de dos años investigando si Trump intentó subvertir el resultado electoral en Georgia, presionando funcionarios, intentando manipular el recuento o difundiendo bulos sobre un posible fraude electoral, entre otros delitos.
Trump ha salido este fin de semana al paso de las filtraciones de la investigación de la fiscalía: "La única interferencia electoral que tuvo lugar en el condado de Fulton, Georgia, fue realizada por aquellos que amañaron y robaron las elecciones, no por mí, que simplemente me quejé de que las elecciones fueron amañadas y robadas. Tenemos pruebas numerosas y concluyentes, si el gran jurado quiere verlas. Desafortunadamente, la publicidad que busca la fiscal del distrito no está interesada en la Justicia, o en estas pruebas".
Así, parece que solo los actos pasados y presentes de Biden y Trump serán quienes marquen la carrera electoral, no sus rivales políticos. Un Trump condenado podría seguir presentándose a las elecciones, redoblando su mensaje victimista, fomentando la falta de credibilidad en el sistema y polarizando aún más la sociedad. Dicho de otra forma, podrá enardecer a buena parte de sus bases y alejar a una porción del votante moderado. Lo cual no le impediría ganar y autoindultarse.
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En el otro lado, una hipotética condena de Hunter Biden por cuestiones comparativamente menores quizá no haga mella en la base demócrata del actual presidente y aleje a algunos moderados, en función del comportamiento que tenga la Casa Blanca al respecto. Su gran amenaza es él mismo y sus políticas: según Gallup, a estas alturas de mandato -el verano del tercer año-, Biden tiene el peor porcentaje de aprobación ciudadana (40%) desde Jimmy Carter en 1979, y tres puntos porcentuales menos que Trump en ese instante.