Un tribunal estatal de apelaciones de Nueva York ha reducido la fianza que Donald Trump debe pagar por una sentencia de fraude civil. El expresidente debe pagar una fianza de 175 millones de dólares en un plazo de 10 días en lugar de los 464 millones establecidos inicialmente, mientras se resuelve la apelación por la sentencia que le obliga a pagar 454 millones de dólares. Se retrasa de esta manera la ejecución de una sentencia en un juicio por fraude civil que encontró que exageró su riqueza para engañar a inversores y prestamistas.
La orden supone una importante victoria para Trump, quien se enfrentaba a una enorme crisis de liquidez. Previamente, el candidato presidencial republicano señaló que podría verse obligado a vender activos a precios irrisorios para pagar la fianza en el caso. Antes de que concediera la pausa, Trump tenía hasta el lunes para pagar antes de que la fiscal general del caso, Letitia James, hubiera podido pedir a un tribunal que empezara a embargar sus bienes, incluidas algunas propiedades inmobiliarias como el 40 de Wall Street en Manhattan, informó Reuters.
En el caso civil de Nueva York, Trump fue acusado de inflar fraudulentamente su patrimonio neto en miles de millones para obtener mejores condiciones en préstamos y seguros. El juez Arthur Engoron determinó que Trump había sobrevalorado propiedades como su finca Mar-a-Lago en Florida, su ático en la Torre Trump de Manhattan y varios edificios de oficinas y campos de golf. Trump, sin embargo, califica el caso de una venganza política y se ha declarado inocente, negando haber cometido delito alguno.
En otro caso separado, Trump pagó el 8 de marzo una fianza de 91,6 millones de dólares para cubrir un veredicto por difamación de 83,3 millones de dólares a favor de la escritora E. Jean Carroll, que dijo que el empresario la había difamado calificándola de mentirosa después de que ella le acusara de haberla violado hace décadas. Trump, en cambio, ha negado actuar mal y ha recurrido la sentencia.
El candidato republicano también se enfrenta 91 cargos por delitos graves distribuidos en cuatro juicios penales diferentes, cualquiera de los cuales podría conllevar una condena a prisión, que se derivan de sus esfuerzos por anular su derrota en las elecciones de 2020 frente a Biden, su manejo de documentos clasificados después de dejar el cargo y el dinero pagado a una estrella de porno antes de las elecciones de 2016.
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