Florida ya no es tierra para chinos: una ley les prohíbe comprar casa para evitar "la influencia del PCCh"

En cuanto a las consecuencias, los agentes inmobiliarios que infrinjan las restricciones podrían enfrentarse a penas de hasta un año de prisión y 1.000 dólares de multa, mientras que los ciudadanos chinos que compren propiedades en Florida se enfrentan a posibles sanciones aún mayores y hasta cinco años de cárcel. La razón detrás de esta prohibición está en que este tipo de normas permite a EEUU defenderse de la “influencia maligna del Partido Comunista Chino”, tal y como afirmó Ron DeSantis, gobernador de Florida. "Hoy, Florida lo deja muy claro: no queremos al PCCh en el estado del sol", añadió.

Al igual que muchos compradores estadounidenses, según informa NBC News, muchos chinos están interesados en adquirir una vivienda vacacional en Florida atraídos por los famosos parques temáticos o por la presencia de familiares cercanos en el estado. Otros buscan una propiedad para sus hijos, de los que esperan que vayan a la universidad en Estados Unidos, o simplemente buscan rentabilizar sus inversiones inmobiliarias. 

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Además de los ciudadanos chinos, Florida también prohibió a la mayoría de los ciudadanos de Cuba, Venezuela, Siria, Irán, Rusia y Corea del Norte poseer propiedades cerca de instalaciones militares e infraestructuras como centrales eléctricas y aeropuertos. La ley contiene una pequeña excepción que permite a los titulares de visados no turísticos de estos países poseer una única propiedad que esté al menos a ocho kilómetros de infraestructuras críticas. 

¿Una norma discriminatoria?

La norma no ha estado exenta de polémica. Para los profesionales (y los compradores chinos), la ley es ambigua y ha inducido a la confusión, así como a un riesgo creciente de discriminación. Muchos miembros de la comunidad asiático-estadounidense afirman que la norma traslada al país al pasado, ya que se asemeja a las xenófobas leyes sobre tierras extranjeras de principios del siglo XX, una legislación que estaba diseñada para impedir que los inmigrantes chinos y japoneses poseyeran tierras.

La mayor parte de las normas discriminatorias contra los asiáticos de principios del siglo XX se consideraron inconstitucionales posteriormente. En la década de 1950, los tribunales anularon la mayoría de las leyes, aunque una norma en Florida se mantuvo hasta 2018, cuando los votantes aprobaron una medida electoral para derogarla. 

El Comité de los 100 (Committee of 100), una organización que agrupa a destacados chinos-estadounidenses de los ámbitos empresarial, gubernamental, académico, científico, tecnológico y artístico, considera que la aprobación de este tipo de normas legitima “afirmaciones perjudiciales y xenófobas sobre los inmigrantes que exacerbarían la creciente violencia antiasiática que ha afectado negativamente tanto a ciudadanos estadounidenses como a no ciudadanos”. 

Por el momento, la norma aún no ha llegado a aplicarse, aunque ha tenido consecuencias. Según confirmaron a The New York Times varios grupos de derechos civiles y asiático-estadounidenses, no tienen constancia de que se haya acusado a nadie de infringir la ley, no obstante, algunas personas de ascendencia china denuncian la intensificación de un sentimiento antichino.

"Nunca sentí discriminación aquí antes de esta ley, pero ahora me pregunto si tengo que irme de Florida", explicó al diario neoyorquino Jin Bian, un desarrollador de software chino que trabaja en Tampa. 

Impugnada en un tribunal 

Los datos, ciertamente, no acompañan la preocupación de los legisladores estatales, que temen que las inversiones chinas en terrenos agrícolas y territorios cercanos a instalaciones militares puedan ser utilizadas por el Partido Comunista Chino para el espionaje. Según datos del Departamento de Agricultura estadounidense, menos del 1% de las tierras agrícolas en manos de extranjeros en EEUU pertenecen a ciudadanos o empresas chinas. 

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La ley está siendo ahora impugnada ante un tribunal federal. Un grupo de ciudadanos chinos residentes en Florida demandó en mayo del año pasado al estado para que anule la ley. Los cuatro demandantes, representados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), afirmaron en la demanda que la ley es “inconstitucional” y “viola una ley federal que prohíbe la discriminación en materia de vivienda”. 

El tribunal de apelaciones al cargo del caso, sin embargo, se muestra dividido sobre si bloquear o no la norma. A principios de abril, la corte escuchó los argumentos de los cuatro ciudadanos chinos, aunque el juez Robert Luck señaló que no creía que tres de los cuatro demandantes tuvieran legitimación para impugnarla, según informó la agencia Reuters. “Estos demandantes no están domiciliados en China, ya que han vivido en Florida durante años y tienen familias y trabajos en el estado”, afirmó el magistrado. 

Durante los argumentos, la abogada de los demandantes, Ashley Gorski, de la ACLU, señaló que la ley estatal impide una de las funciones básicas del gobierno federal: la política exterior. "La creación por parte de Florida de su propia lista de enemigos extranjeros interfiere en la capacidad del presidente para hablar en nombre de la nación con una sola voz en materia de política exterior", indicó.