Acceso a la base del Cuerpo de Marines en Virginia a la que trataron de acceder dos ciudadanos jordanos.

Acceso a la base del Cuerpo de Marines en Virginia a la que trataron de acceder dos ciudadanos jordanos.

EEUU

Espías chinos y jordanos: EEUU eleva el control fronterizo en el sur por los asaltos a bases militares

La Ley de Luisiana convertirá un delito estatal la entrada o la reentrada ilegal de un extranjero, con penas de cárcel de dos años y multas de 10.000 dólares. 

31 mayo, 2024 03:08

El pasado martes, el Senado de Estados Unidos aprobó el proyecto de la Ley 388 (Bill 388) del estado de Luisiana, el cual establece que la entrada o la reentrada ilegal de un extranjero será considerado delito estatal. La sanción consistirá en un año de prisión con una multa de 4.000 dólares para los infractores por primera vez y para los reincidentes serán dos años de cárcel y una multa de 10.000 dólares.

La ley también pretende ampliar la autoridad de los policías estatales y locales para que puedan desempeñar las mismas funciones de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, algo que ya sucede en Texas. Se prevé que el gobernador del estado, Jeff Landry, firme el proyecto. 

Valerie Hodges, miembro republicano del Senado de Luisiana e impulsor del proyecto en el estado, contactó con Verite News, y declaró que están siendo invadidos y se han enterado de que muchos “de los que entran a nuestro país son terroristas, criminales, traficantes de personas y miembros de cárteles narcotraficantes”. 

La senadora republicana no es la única que teme por la seguridad de su país. El 23 de mayo, 11 senadores estadounidenses (entre los que se encuentra Ted Cruz) escribieron una carta dirigida a Alejandro Mayorkas, Secretario de Seguridad Nacional, en la que expresan su preocupación por la seguridad de los ciudadanos estadounidenses, luego de la irrupción, cometida el 3 de mayo, en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, en el estado de Virginia, por dos jordanos, de los cuales uno es un reconocido terrorista. Los senadores creen que los estadounidenses merecen respuestas sobre “las amenazas de terrorsimo y contra inteligencia impuestas por la política de fronteras abiertas de la administración de Biden”. 

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Desde que Joe Biden asumió la presidencia estadounidense, ha habido “un número récord” de migrantes chinos y un incremento de supuestos terroristas que han cruzado la frontera sureña, además de que se han registrado casi 8,8 millones de inmigrantes ilegales y más de 1,85 millones de inmigrantes que no fueron detenidos en la frontera.

Los 11 senadores pedían en su carta que el Departamento de Seguridad Nacional les conteste, antes del 6 de junio, si, el departamento considera que las acciones de los jordanos estaban motivados por terrorismo o si se conoce si apoyan a Hamás u otra organización terrorista extranjera. También preguntaban si los dos detenidos se oponen al apoyo de Estados Unidos a Israel y cómo, cuándo y por qué entraron a Estados Unidos.

Para que la carta escrita el 23 de mayo fuera más potente, los senadores incluyeron el testimonio del director de la Oficina Federal de Investigación (FBI), Christopher Wray, quien recientemente declaró ante el Congreso que la posibilidad de un ataque coordinado en suelo americano cada día “es más preocupante, similar al ataque de ISIS-K [filial afgana de Estado Islámico] que vimos en la sala de conciertos de Rusia hace un par de semanas”.

Cabe destacar que los funcionarios estadounidenses han descrito la llegada de ciudadanos chinos en la frontera con México como una especie de espionaje, donde el Wall Street Journal aclara que “ponen a prueba las medidas de seguridad en las instalaciones militares del país como también en otros sitios federales”. Desde septiembre de 2023, chinos que cruzan la frontera han intentado acceder a las bases militares hasta más de 100 ocasiones. Los funcionarios estadounidenses familiarizados con el tema aseguran que esas personas son obligadas a informar al gobierno chino. 

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Beneficios médicos

La ley federal prohíbe que los inmigrantes ilegales reciban Medicaid (seguro médico), aunque hay estados como California que la evaden y utilizan fondos estatales para que sean beneficiados por Medicaid.  David Perdue, exsenador del estado de Georgia, piensa que lo que hace California resalta el hecho que la política está por encima del bienestar y de la seguridad de los ciudadanos estadounidenses.

Bill Cassidy, senador de Luisiana, en 2019 introdujo la Ley de protección de Medicaid, con el objetivo de prevenir que los estados liberales (aquellos gobernados por demócratas) exijan a residentes en otros estados financiar Medicaid, teniendo en cuenta que los inmigrantes ilegales recibirán los beneficios. Esa ley también permite a los estados con fronteras en el sur a construir barreras temporales en suelo federal. Su ley aclara que “si el estado decide que los inmigrantes ilegales (residentes de ese estado) pueden beneficiarse de Medicaid, el estado tiene la responsabilidad de financiar el seguro sin coste alguno para los contribuyentes de otros estados”. 

Los senadores Bill Cassidy (Luisiana) y Tom Thillis (Carolina del Norte), introdujeron dos leyes que detendrían el fenómeno creciente de “ciudades suntuarias”, manteniendo así a las comunidades a salvo de “la política fallida de los políticos liberales que han acogido a inmigrantes criminales ilegales que continúan cometiendo crímenes”. Según Tillis, el Congreso debe tomar control de la situación empoderando a ICE para tener en custodia a los “inmigrantes ilegales criminales par aunque no puedan provocar violencia ni lastimar” a la población. Poniendo en evidencia que las prioridades de Biden y los otros políticos liberales no es la seguridad de sus ciudadanos. 

Alejandro Mayorkas, anunció el 11 de mayo que los inmigrantes ilegales enfrentarán consecuencias más fuertes como que les prohíban mínimo cinco años volver entrar al país. Además se dirige a los inmigrantes y dice: “No crean las mentiras de los contrabandistas. La frontera no está abierta”. Explica que han enviado miles de soldados y contratistas, junto con más de mil funcionarios de asilo para ayudar a que se cumpla la ley. Hay 24.000 agentes y oficiales de la patrulla fronteriza en la frontera suroeste.