Una jueza federal ha ordenado al llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE por sus siglas en inglés), el polémico equipo de trabajo liderado por Elon Musk que está desmantelando la administración pública de Estados Unidos y haciendo una limpieza de sus trabajadores, que haga públicos los documentos de sus operaciones. El magistrado ha reclamado que se revele la identidad de las personas que están a las órdenes del propietario de X, Tesla y Space X, nombrado "asesor especial" por el presidente Donald Trump, y los registros internos de todas las decisiones enfocadas a cortar de forma agresiva el gasto y los programas federales.
La orden de la jueza de distrito Tanya Chutkan obliga a Musk a proporcionar documentos relacionados con las actividades del DOGE como parte de una demanda presentada por 14 fiscales generales estatales del Partido Demócrata. En la denuncia se alega que el multimillonario se saltó la constitución estadounidense al ejercer poderes reservados a funcionarios confirmados por el Senado.
En un memorando de 14 páginas, Chutkan señala que autoriza que los fiscales puedan obtener documentos para aclarar el alcance de la autoridad de Musk y saber si ha actuado inconstitucionalmente, lo que pondría en riesgo los nuevos recortes y despidos masivos que prepara el DOGE. También ha dado luz verde a conocer la identidad del personal del departamento especial.
Es la primera vez que un juez ordena a Musk presentar documentos en una impugnación judicial a su agresiva campaña para recortar y reestructurar la burocracia federal. Chutkan indicó que su decisión tenía como objetivo principal identificar a los funcionarios de DOGE que Musk ha incorporado al gobierno y detallar los parámetros de la autoridad de dicho equipo y su cabecilla. La jueza, nombrada por el presidente Barack Obama y que se encargó de la investigación a Trump por interferencia electoral, ha dado a los acusados tres semanas para presentar la documentación requerida.
La jueza, no obstante, rechazó la solicitud de obligar a declarar bajo juramento en esta etapa del proceso. Y enfatizó que el propio Trump no tiene que responder a las preguntas escritas ni a las exigencias de documentos. La nueva Administración estadounidense ha intentado resistirse a la divulgación de pruebas legales sobre las actividades de Musk, describiéndolo como un asesor principal de la Casa Blanca.
Trump, Musk y su hijo en la Casa Blanca.
El mes pasado, otro juez federal en Washington ordenó al DOGE y a tres agencias federales que presentaran a funcionarios para que se sometieran a interrogatorio bajo juramento sobre los despidos masivos en las agencias federales. Sin embargo, dicho juez no ordenó a Musk hacer nada y dejó que el Gobierno decidiera qué funcionarios comparecerían.
El lunes, otro juez en Washington dictaminó que el DOGE tendrá que examinar minuciosamente miles de páginas de documentos para responder a una solicitud amparada en la Ley de Libertad de Información por parte de un grupo de vigilancia liberal. Christopher Cooper afirmó en su escrito que el DOGE estaba ejerciendo una "autoridad sustancial independiente" mucho mayor de lo que cabría esperar y que sus actividades han estado "marcadas por un secretismo inusual".