Aung San Suu Kyi, la Consejera de Estado de Birmania y la dirigente de facto del país, ha cancelado su asistencia a la Asamblea General de la ONU de la próxima semana donde, previsiblemente, tendría que contestar a las preguntas de la comunidad internacional sobre la represión de los rohinyá en el país y que la ONU ya ha clasificado de “limpieza étnica”.
La explicación de la oficina del Gobierno birmano es que Suu Kyi no acudirá a la Asamblea -que empieza el 19 y termina el 25 de septiembre- porque debe “atender asuntos internos”. En su lugar acudirá el segundo vicepresidente, Henry Van Tio.
“En primer lugar [Suu Kyi no assitirá] por los ataques terroristas de Rakhine”, ha dicho el portavoz de la oficina presidencial, Zaw Htay, citado por la agencia Associated Press (AP). “La Consejera está centrada en calmar la situación en el estado de Rakhine. La segunda razón es que hay gente incitando a la violencia en algunas áreas y estamos intentando asegurar esas zonas. La tercera es que hay rumores de que podrán ocurrir ataques terroristas y hay que ocuparse del tema”, explicó.
Pese a las explicaciones oficiales, la decisión parece haber sido tomada para evitar la confrontación con la comunidad internacional sobre la represión que están sufriendo los rohinyá en el país, así como por las críticas por su silencio sobre el tema. Dirigentes internacionales y otros Premios Nobel le instan a que tome una posición de condena pública sobre el tema y hay una petición en Change.org para que se le retire el Nobel de la Paz, que cuenta con más de 420.000 firmas.
Su portavoz ha remitido a los periodistas para una declaración de Suu Kyi la próxima semana pero no desveló si los rohinyá serían uno de los temas de su discurso.
Limpieza étnica
Desde que la ola de violencia empezó, a finales de agosto, la presión internacional se intensificó sobre San Suu Kyi que no solo no ha alzado la voz para defender a la minoría musulmana del país, sino que ha justificado las operaciones de los militares en el estado de Rakhine que han llevado a la muerte de 400 personas, a la expulsión de cerca de 400.000, y a la quema de más de 10.000 viviendas.
Su posición es más incomprensible al tratarse de una activista mundialmente reconocida e idolatrada durante años por su resistencia a la Junta Militar que ha gobernado el país desde 1962 y que le valió 15 años de arresto domiciliario. Galardonada con el Nobel de la Paz en 1991, Suu Kyi ganó las elecciones en 2015 y, pese a que no le dejaron ser presidenta, (hay una clausula en la Constitución birmana que impide que el jefe de Estado tenga familiares extranjeros) es considerada la verdadera dirigente del país.
Aunque algunos analistas políticos valoran su posición como un intento de mantener el difícil equilibrio político en Birmania, muchas otras personalidades consideran su silencio inaceptable. "Si el precio político que debes pagar por tu ascenso a la oficina más alta de Birmania es tu silencio, es un precio demasiado alto", ha escrito el también Nobel de la Paz y líder anti apartheid sudafricano, Desmond Tutu en una carta dirigida a Suu Kyi.
Una protesta en Jacarta, Indonesia, frente a la embajada de Birmania.
La ONU también se ha pronunciado y ha clasificado estas operaciones de “limpieza étnica”. “Cuando un tercio de la población rohinyá ha sido obligada a dejar el país, ¿hay otra expresión para describirlo?”, ha cuestionado el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, en rueda de prensa, tras la reunión del Consejo de Seguridad este miércoles. “Pido a las autoridades de Birmania que suspendan las acciones militares, que pongan fin a la violencia y que reconozcan el derecho a regresar a todos los que han tenido que dejar el país”, ha señalado.
Varias organizaciones de derechos humanos respaldan esta posición. Phil Robertson, director del departamento asiático de la ONG Human Rights Watch, ha señalado que las primeras investigaciones sobre Birmania “indican una campaña de limpieza étnica”. “Cuando un ejército expulsa a las personas de sus pueblos, quemando sus hogares en toda la zona norte de Rakhine, y utiliza la violencia contra los civiles, el resultado es la corriente de refugiados impresionante a que estamos asistiendo”, ha dicho. “Birmania viola los derechos de los rohinyá sistemáticamente y tanto el Gobierno como los militares deben sufrir duras consecuencias por ello”, concluyó.
Años de persecución
Los rohinyá son una minoría étnica musulmana de poco más de un millón de personas, que viven sobre todo en el estado de Rakhine, al oeste de Birmania y haciendo frontera con Bangladesh. Aunque viven desde hace generaciones en la región, el Gobierno se niega a reconocerlos como ciudadanos e insiste en que son inmigrantes ilegales de Bangladesh.
Durante décadas han sufrido persecuciones y discriminación por parte de la mayoría budista del país. La última ola de violencia se desató el 25 de agosto, cuando un ataque de un grupo insurgente rohinyá contra casetas policiales y militares fue respondido con una operación militar en la zona.
Una casa ardiendo en el estado de Rakhine.
La violencia ejercida por las autoridades dejó a centenas de muertos y provocó un éxodo de cientos de miles de refugiados hacia Bangladesh. La mayoría llega a los campos de refugiados hambrienta y traumatizada. Muchos necesitan cuidados médicos urgentes. "Me lo dijeron muy claramente, o se van o les matamos", explicó a la agencia EFE el refugiado Abby Sallam, rodeado por nietos y la familia en un campo de desplazados de Bangladesh.
“Las mujeres que llegan aquí están exhaustas y aterradas”, dice Sumaya, una matrona del campo de refugiados de Nayapara, en declaraciones a AP. “No paramos de escuchar historias de como han tenido que atravesar montañas y la jungla durante días, sin comida, con sus hijos a cuestas. Han perdido todo”.
Pueblos vacíos
El portavoz del Gobierno birmano, Zaw Htay, ha reconocido que 176 de los 471 pueblos rohinya en Rakhine estaban ya vacíos y al menos 34 habían sido parcialmente abandonados. Reconoció también la existencia de 86 enfrentamientos hasta el pasado 5 de septiembre pero ninguno desde entonces, lo que sugiere que las autoridades están intentando “estabilizar la zona”.
Sin embargo, los desplazados no paran de llegar a los campos de refugiados existentes, que están ya por encima de su capacidad. Muchas de las personas se alojan en asentamientos espontáneos y campamentos improvisados. Unicef estima que un 60% de los refugiados sean menores de edad y que un 23% tengan menos de 5 años.
Uno de los campos de refugiados en Bangladesh.
"Hay una escasez aguda de todo, especialmente refugio, comida y agua limpia", indicó el representante de Unicef en el país, Edouard Beigbeder, en un comunicado.
La ayuda internacional llega con cuentagotas y las organizaciones internacionales advierten de que hay que prepararse para “el peor escenario”: que todos los rohinyá salgan de Birmania y necesiten refugio inmediato. Por eso piden a la comunidad internacional que actúe de inmediato. "Queremos ver a la comunidad internacional venir rápido y muy rápido”, demandó el director de Operaciones y Emergencia de la Organización Internacional de Migraciones, Mohammed Abdiker Mohamud. “No mañana, no pasado mañana, les pedimos (que estén) hoy", concluyó.