En medio de fuertes muestras de rechazo internacional, un juez birmano ha condenado a siete años de prisión a dos periodistas de la agencia Reuters por vulnerar secretos oficiales mientras investigaban una matanza de rohinyás.
Los jóvenes reporteros birmanos Wa Lone y Kyaw Soe Oo fueron detenidos el pasado 12 de diciembre con documentos supuestamente confidenciales que les acababan de entregar unos policías.
Tribunal birmano condena a 7 años de prisión a dos periodistas de Reuters
"No tengo miedo. No he hecho nada malo. Creo en la justicia, la democracia y la libertad", dijo Wa Lone tras escuchar el veredicto y ante los sollozos de sus familiares en un tribunal de Rangún, la antigua capital de Birmania (Myanmar).
Cuando fueron detenidos, los periodistas investigaban el asesinato de una decena de musulmanes rohinyás descubiertos en una fosa común en la aldea Inn Din en el estado Rakáin (oeste), masacre por la que siete soldados birmanos fueron más tarde condenados a diez años de prisión.
Wa Lone, de 32 años, empezó a trabajar para Reuters en 2016, mientras que Kyaw Soe Oo, de 28 años y natural de Rakáin, fue contratado por la agencia de noticias con sede en Reino Unido en septiembre del año pasado.
El juez Ye Lwin, que leyó durante una hora la sentencia, dijo que los reporteros "intentaron dañar los intereses del Estado" y que eran culpables de violar la Ley de Secretos Oficiales, una norma de la época colonial.
"Es un mensaje claro a los periodistas de Birmania: mantened la boca cerrada", dijo el abogado de la defensa, Khin Maung Zaw, tras el fallo ante un numeroso grupo de reporteros, algunos de los cuales vestían camisetas con el lema "El periodismo no es un crimen".
La sentencia, que puede ser recurrida a instancias superiores, supone para muchos un mazazo a la libertad de prensa en la incipiente democracia birmana después de que el partido de Aung San Suu Kyi ganara de manera arrolladora las elecciones en 2015 tras décadas de dictadura militar.
"Es un gran paso atrás en la transición hacia la democracia de Birmania, es incompatible con el estado de derecho y la libertad de expresión", aseguró en un comunicado el director general de Reuters, Stephen J. Adler.
En este sentido, se expresaron los embajadores de Estados UNidos y Reino Unido en el país asiático, Scot Marciel, y Dan Chugg, presentes en la pequeña sala del tribunal, abarrotada por medio centenar de personas, en el momento de la lectura del veredicto.
El británico se mostró "extremadamente decepcionado" y aseguró que "La libertad de expresión y el estado de derecho son fundamentales en una democracia y este caso ha dejado hoy una larga sombra en ambos".
Su homólogo estadounidense mostró su tristeza por las consecuencias del fallo para los reporteros y sus familias, pero también para el país.
"Es muy preocupante para todos los que han luchado tanto por la libertad de prensa. Uno debe preguntarse si este proceso aumenta o disminuye la confianza del pueblo birmano en su sistema judicial", declaró Marciel.
En un comunicado, la Delegación de la Unión Europea en Birmania indicó que "las penas de prisión para Wa Lone y Kyaw Soe Oo deberían revisarse y los dos periodistas ser liberados inmediatamente y sin condiciones".
A la condena se unieron la organizaciones Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) y la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH), que pidieron tanto la retirada de los cargos como la liberación inmediata de los periodistas.
Los dos reporteros siempre han mantenido su inocencia y aseguran que fueron víctimas de una trampa.
Esta versión coincide con el testimonio del capitán de la Policía Moe Yan Naing, que en abril declaró que un cargo superior le había ordenado a él y otros subordinados ofrecer documentos secretos a Wa Lone para tenderle una emboscada, lo que ha sido negado por las autoridades.
El suceso de Inn Din que investigaban los periodistas en el momento de su detención está relacionado con la campaña de castigo que inició el Ejército birmano tras el ataque del grupo insurgente Ejército Salvación Rohinyá de Arakan (ARSA) contra varios puestos policiales el 25 de agosto de 2017.
Desde entonces, más de 720.000 rohinyás, una minoría mayoritariamente musulmana, han huido a la vecina Bangladesh donde viven hacinados en extensos campos de refugiados atendidos por la ONU y organizaciones no gubernamentales, una crisis que está minando la imagen del Gobierno birmano y su líder de facto, Suu Kyi.
El fallo llega una semana después de que expertos de la ONU publicaran un informe en el que señalaban que hay elementos de "genocidio intencional" en la actuación del Ejército birmano contra la minoría étnica.