La Yakuza, una de las organizaciones criminales más emblemáticas y longevas del mundo, ha sido objeto de constante fascinación y especulación a lo largo de los años. Debajo de los neones y modernos edificios de las urbes japonesas, la mafia extendía sus tentáculos en muchas ocasiones con el beneplácito de las autoridades. Sin embargo, en los últimos años, se ha producido un claro declive —o, al menos, un cambio en su naturaleza— de su influencia en la sociedad japonesa. 

La reciente introducción de leyes y políticas en Japón contra el crimen organizado han erosionado considerablemente el poder de la Yakuza. Las autoridades japonesas ya no son tan tolerantes hacia sus actividades, lo que ha llevado a confiscaciones de activos y una mayor vigilancia sobre sus movimientos. “El submundo criminal se encuentra actualmente en una fase de ‘reestructuración’”, explica Martina Baradel, experta en grupos criminales japoneses del departamento de Sociología de la Universidad de Oxford. 

Esta mayor presión ha obligado a los miembros de la Yakuza a esconderse y a raíz de ello ha surgido una nueva amenaza: los tokuryū, un término genérico usado para agrupar a delincuentes anónimos que carecen de una estructura. A diferencia de las organizaciones criminales tradicionales, estos delincuentes tienen un amplio ámbito geográfico en sus actividades, extendiéndose incluso al extranjero. 

Noboru Hirosue, investigador en criminología de la Universidad de Ryukoku, explicó a The Japan Times que la proliferación de de los tokuryū se deben en gran medida a las ordenanzas contra la delincuencia organizada, que “penalizan la pertenencia a grupos delictivos organizados”. Históricamente, la Yakuza ha desempeñado papeles multifacéticos en la sociedad japonesa, actuando no solo como organización criminal, sino también como una especie de entidad semilegítima que proporcionaba servicios sociales y protección a comunidades locales.

Sin embargo, añade Hirosue, las regulaciones locales prohíben actualmente cualquier tipo de transacción comercial con la Yakuza, y las empresas asociadas a esta organización corren el riesgo de ser expuestas en los portales gubernamentales y se enfrentan a serias consecuencias financieras, así como a la disminución de la clientela y obstáculos adicionales para acceder a préstamos bancarios. 

Los datos parecen confirmar este cambio de tendencia hacia una delincuencia más informal, especialmente a lo que se refiere como yami baito, un mercado negro de trabajadores parciales. Según datos de la Agencia Nacional de Policía japonesa, en el periodo entre 2020 y 2023, más de 10.000 personas detenidas fueron agrupadas bajo el paraguas de tokuryū. Entre ellas, 6.170 estaban implicadas en fraudes, 2.292 en tráfico de drogas, 1.721 en el desarrollo de “infraestructuras delictivas” (como emisión de pasaportes falsos, facilitación de empleo ilegal o gestión de bancos clandestinos) y 195 en robos, hurtos y otros delitos. 

Un inframundo de la criminalidad 

En las redes sociales como X (anteriormente conocida como Twitter) y otras plataformas encriptadas como Telegram o Signal, los delincuentes ofrecen trabajos a tiempo parcial que van desde el transporte o recepción de dinero negro hasta la perpetración de estafas telefónicas a personas mayores que viven solas. La diversidad en el perfil de los participantes en estas actividades es notable, abarcando desde adolescentes hasta pensionistas dispuestos a incurrir en actividades ilícitas para ganar dinero.

En 2022, los delitos asociados con este fenómeno conocido como 'yami baito' alcanzaron la cifra de 37.000 millones de yenes (equivalentes a unos 220 millones de euros), marcando un aumento del 30% en comparación con el año anterior.

Un caso a principios de 2023 captó especialmente la atención de la policía y sociedad japonesa. En enero de ese año, una mujer de 90 años residente en Tokio fue brutalmente golpeada hasta la muerte y amordazada por un grupo de hombres que buscaba objetos de valor. Más tarde se reveló que estos individuos habían sido contratados por un grupo de ciudadanos japoneses desde Filipinas, utilizando la plataforma de mensajería Telegram. La banda, llamada 'Luffy' (como el protagonista del anime 'One Piece'), había contratado anteriormente decenas de robos y estafas por toda la geografía nipona. 

A diferencia de la yakuza, afirma Baradel, los delincuentes no pertenecientes a estas bandas suelen operar de forma “de forma independiente”. “Aunque puede haber solapamientos en ciertos mercados, son empresas fundamentalmente diferentes. En algunos mercados, la Yakuza mantiene el control, mientras que para otras operaciones delictivas es 'más fácil' no estar afiliado a la Yakuza”, explica. 

Para Baradel, sin embargo, es importante señalar que el término tokuryū —y otros términos como hangure o autoro— en realidad no denota una organización distinta a la yakuza, sino que se refiere a “individuos involucrados en actividades delictivas” que no están afiliados a grupos criminales establecidos. “Estos términos son esencialmente construcciones mediáticas o policiales sin significado sustantivo”, añade. 

La policía busca nuevas soluciones 

Al igual que en otros lugares del mundo, la globalización y la digitalización están planteando desafíos constantes y complejos para las fueras policiales en Japón. El vertiginoso avance tecnológico brinda a los delincuentes nuevas herramientas y estrategias para cometer una amplia gama de delitos, desde el robo de datos personales y financieros hasta la ejecución de estafas y fraudes cada vez más sofisticados. Además, la naturaleza transnacional de muchos de estos delitos dificulta la coordinación entre diferentes jurisdicciones y la identificación de los responsables.

En respuesta a esta creciente amenaza, la policía japonesa está explorando nuevas soluciones. En septiembre del año pasado, la Agencia Nacional de Policía comenzó a emplear inteligencia artificial para detectar publicaciones que ofrecen pagos significativos en el mercado laboral negro. Según la agencia, se eliminaron un total de 77 publicaciones entre febrero y junio de 2023, muchas de las cuales estaban vinculadas a intentos de reclutar personas para cometer asesinatos o robos.

Sin embargo, la identificación de los autores intelectuales de estos delitos representa un desafío considerable. El constante desarrollo tecnológico, junto con el uso de teléfonos y números desechables, permite a los perpetradores permanecer en el anonimato, incluso para aquellos a quienes contratan. La falta de recursos especializados y capacitados en las fuerzas policiales, combinada con la necesidad de mantenerse al día con las últimas tendencias y técnicas en ciberseguridad, añade otra capa de complejidad a este desafío en constante evolución.

“La evolución del panorama plantea retos a las fuerzas del orden. Tradicionalmente, la policía japonesa colaboraba con la Yakuza o intercambiaba información, pero las nuevas normativas han roto estos lazos”, comenta Baradel. “Sin embargo, la policía carece de herramientas de investigación actualizadas, con obstáculos legales que impiden el uso de técnicas avanzadas como las escuchas telefónicas —no están completamente prohibidas, pero es difícil que consigan el permiso para hacerlas— ”. 

Además, concluye la experta de la Universidad de Oxford, "la ausencia de una tradición de investigaciones encubiertas complica aún más las cosas. La proliferación de la web oscura y de plataformas que permiten la mensajería anónima, como Telegram, plantea nuevos retos a las fuerzas de seguridad para adaptarse y mantener el ritmo”.