El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, ha levantado la ley marcial después de que el Parlamento votase en contra de una medida anunciada por sorpresa por él mismo. Previamente, apenas tres horas después de que el mandatario anunciase por televisión la aplicación de la ley marcial sin motivos convincentes, el Parlamento del país ha votado a favor de anularla por unanimidad. Lo ha hecho a la una de la madrugada de Seúl, con decenas de soldados desplegados para bloquear los accesos, con miles de indignados rodeando el edificio, y con algunos de ellos tratando de entrar por las bravas. No estaban presentes los 300 diputados en la asamblea, sólo 190. Pero todos ellos han tumbado una ley que recuerda a los tiempos de la dictadura militar agotada en 1987.
Todavía reinan el caos y la incertidumbre en la cuarta potencia económica de Asia. La reacción más compartida entre los expertos del país es la sorpresa. No sólo por la excepcionalidad de la medida. Yoon ordenó el apagón informativo, el cese de la actividad política y la prohibición de cualquier manifestación, entre otras restricciones, sin otro argumento que frenar una supuesta conspiración "antiestatal" alineada con los intereses norcoreanos. Yoon amenazó, incluso, con represalias durísimas juzgadas por un tribunal especial para quienes desobedecieran.
Lo más llamativo es que el presidente lo hizo con una Asamblea Nacional donde la oposición tiene una mayoría más que suficiente para frustrar su empeño, pues cuenta con 170 escaños, y sin siquiera el respaldo de su propio partido. El presidente del mismo, Han Dong-hoon, lo desacreditó en sus redes sociales calificándolo de una medida "equivocada" que no apoyaría.
La historia, en cualquier caso, no ha terminado. La cadena nacional YTN ha informado de que la resolución parlamentaria no tiene validez hasta que el presidente la acepte. La Constitución surcoreana establece que el presidente "debe" hacerlo en un plazo máximo de dos horas y media, recuerdan los medios locales. Claro que se trataría de un deber, y no de una obligación, así que los militares —que se fueron retirando de la Asamblea tras la votación— asumen que la ley marcial sigue en vigor hasta entonces.
Todo se produce en un ambiente político extremadamente polarizado, con una Asamblea controlada por un partido distinto al que preside la nación. El conservador Yoon es un líder impopular, y las sospechas de tráfico de influencias sobre su esposa tampoco contribuyen a levantar sus niveles de popularidad. Alrededor del 70% de la población desaprueba su gestión, según las encuestas más recientes, y su formación ya sufrió una dura y debilitadora derrota en las elecciones de mitad de mandato celebradas en abril. Algunos cronistas concluyeron que pasó a ser, en ese momento, un pato cojo.
La imagen de Yoon es mejor en Washington. Su fiel alineamiento con la doctrina estadounidense sobre China, considerada una amenaza existencial, y su colaboración con Ucrania en su guerra de resistencia contra Rusia han convertido al conservador en un socio fiable para Occidente. A estas horas, la Casa Blanca se ha limitado a comentar que sigue los eventos con "una grave preocupación", incluso con la esperanza de que se encuentre una salida pacífica para una situación que se da por primera vez en Corea del Sur desde que se instaló la democracia. Muchos manifestantes concentrados ante la Asamblea piden, entre tanto, que se proceda a la detención del presidente.