La principal fuerza opositora de Corea del Sur, el Partido Demócrata (PD), y otras cinco formaciones presentaron este miércoles una moción parlamentaria para la destitución del presidente Yoon Suk-yeol, después de que el mandatario viera revocada la ley marcial que declaró en la víspera.
Las seis formaciones iniciaron así el proceso parlamentario que podría desembocar en la suspensión del ejercicio del poder del mandatario, cuyo partido gobierna en minoría, y con su figura sometida a un enorme desgaste tras recurrir a la ley marcial para proteger el "orden constitucional" contra actividades "anti-estatales" y "fuerzas pronorcoreanas", según dijo.
"La declaración de la ley marcial por parte de Yoon es una clara violación de la Constitución", dijo el PD en una resolución, donde destacaron que Yoon no cumplió con ninguno de los requisitos para declarar la misma.
Ley marcial en Corea del Sur
Durante una reunión de emergencia del PD, el partido anunció que comenzará inmediatamente el proceso de destitución de Yoon si el actual presidente surcoreano no decide hacerlo por su cuenta y añadió que se trata de un "grave acto de rebelión y una razón perfecta para un juicio político".
"Como partido gobernante, queremos ofrecer una profunda disculpa ante los ciudadanos por la desastrosa situación actual. El presidente Yoon debería explicar esta situación y buscar responsables, además de destituir inmediatamente al ministro de Defensa que propuso la ley marcial", afirmó Han en declaraciones recogidas por la agencia local Yonhap.
Yoon anunció la imposición de la ley marcial en una declaración televisada para proteger el "orden constitucional" de actividades "anti-estatales", de las que acusa al principal bloque de la oposición PD.
El anuncio llegó después de que el PD, que tiene mayoría en la Asamblea Nacional (Parlamento), aprobara sin contar con el apoyo del Partido del Poder Popular (PPP) de Yoon unos presupuestos generales para 2025 con múltiples recortes, además de mociones para destituir al fiscal general y al responsable de la Junta de Auditoría e Inspección, encargada de monitorizar las cuentas de los organismos públicos.