El expresidente filipino Rodrigo Duterte ingresó este miércoles en el centro de detención de la Corte Penal Internacional tras aterrizar en Países Bajos, extraditado por Filipinas, acusado de presuntos crímenes de lesa humanidad en su país durante su sangrienta campaña contra el narcotráfico en la que murieron entre 6.000 y 30.000 personas.
A las puertas del centro de detención se concentraron unas 250 personas para mostrar su apoyo al exdirigente, y lo hicieron con banderas filipinas y carteles donde se podía leer: "We love you, Tatay Digong" (Te queremos, Papá Digong, un apodo cariñoso de Duterte) y a gritos a favor de su liberación.
Sobre el expresidente, que ingresó en el centro de detención sobre las 19.40 horas locales (18.40 GMT), pesa una orden de detención por presuntos crímenes de lesa humanidad en Filipinas durante su "campaña contra las drogas" entre 2011 y 2019.
En una primera reacción, el fiscal de la CPI, Karim Khan, ha defendido en un comunicado que sus investigaciones son "independientes e imparciales" y celebró el arresto como "un avance importante en la búsqueda de la rendición de cuentas" en Filipinas.
El avión que trasladó al exdirigente desde Filipinas hasta Países Bajos aterrizó en el aeródromo neerlandés cerca de las 16.55 de la tarde (15.55 GMT), tras hacer una larga parada en Dubái, donde Duterte se sometió a un chequeo médico rutinario y se gestionaron documentos necesarios para todas las personas que se encontraban en el vuelo.
En el centro de detención de la CPI, Duterte pasará por una primera entrevista sobre necesidades, situación médica y temas legales protocolarios y podrá hablar con su equipo legal. Después, la CPI programará una audiencia de comparecencia inicial para confirmar la identidad del sospechoso e informarle de sus derechos.
El avión en el que llegó Duterte a La Haya.
"No os preocupéis"
En un vídeo grabado justo antes de aterrizar en Países Bajos ayer y pasar bajo custodia de la Corte Penal Internacional, Duterte ha pedido a sus seguidores que "no se preocupen" porque se encuentra "bien".
Su juicio ante la CPI "será largo", añadió. "Por todo lo sucedido en el pasado, soy yo quien se puso al frente de nuestras fuerzas del orden y del Ejército. Les dije que les protegería y que asumiría la responsabilidad de todo", concluyó el exmandatario.
La retórica empleada por Duterte es la que ha mantenido desde el inicio de la guerra contra las drogas, afirmando por un lado hacerse responsable de las consecuencias legales de la sangrienta campaña, pero negando que haya algo de lo que responsabilizarse en primer lugar.
"Mi mandato como presidente de la república era proteger al país y a los filipinos. No cuestionéis mis políticas porque no ofrezco ni perdón ni excusas, hice lo que tenía que hacer", dijo Duterte el pasado noviembre ante el Senado filipino, al ser cuestionado sobre los asesinatos extrajudiciales.
"Lideró un escuadrón de la muerte"
Según la orden de la Corte Penal Internacional, que investiga 43 asesinatos, hay "motivos razonables" para creer que "lideró un escuadrón de la muerte" formado por policías y criminales conocido como Davao Death Squad o simplemente DDS y que utilizó su poder presidencial para llevar asesinatos extrajudiciales en nombre de su guerra contra las drogas.
Tras su victoria en las elecciones presidenciales de 2016, Duterte llevó a cabo una guerra contra las drogas en la que murieron unas 6.000 personas en operativos antidroga y ejecuciones extrajudiciales, según las cifras de la Policía, aunque organizaciones no gubernamentales locales elevan esta cifra a más de 30.000.
Según la orden del CPI el expresidente "instruyó y autorizó la comisión de actos violentos contra supuestos criminales" y ofreció "incentivos financieros y ascensos a oficiales de Policía y asesinos para matar a sospechosos", entre otras "contribuciones esenciales" de Duterte a la comisión de crímenes de lesa humanidad.