Luxemburgo ha impuesto una condena de 12 meses de prisión -aunque no ingresará en la cárcel- y una multa de 1.500 euros al soplón del escándalo de LuxLeaks, que expuso pactos fiscales secretos entre el Gran Ducado y más de 300 multinacionales entre 2002 y 2010.

Antoine Deltour, de nacionalidad francesa, estaba acusado de robar documentos internos de la consultora PwC para luego filtrarlos a la prensa. La Fiscalía había pedido 18 meses de prisión para él acompañados de una multa.

En la práctica, sin embargo, no tendrá que ir a la cárcel, ha explicado a este diario el Comité de Apoyo a Deltour, una organización impulsada por la familia del informador. El antiguo auditor ya ha avisado de que recurrirá la decisión.

Deltour no ha sido el único condenado en el caso. La justicia del Gran Ducado ha impuesto también una condena de nueve meses de prisión y una multa de 1.000 euros al también informador y exempleado de PwC Raphaël Halet. El periodista galo Édouard Perrin, que destapó inicialmente el escándalo, ha sido absuelto de sus cargos.

"Sentenciar a los ciudadanos que originaron las revelaciones de LuxLeaks es equivalente a sentenciar los avances en materia de regulación [comunitaria] desencadenados por dichas revelaciones y que han sido aplaudidos a lo largo de Europa", ha afirmado Deltour en un comunicado divulgado por la organización que lo apoya. "Esto es también un aviso a futuros soplones, lo cual es perjudicial para la información de los ciudadanos y el buen funcionamiento de la democracia".

La filtración desembocó en 2014 el escándalo de LuxLeaks, como se conoce a la revelación de que cientos de compañías internacionales como Pepsi, Ikea o Amazon firmaron acuerdos secretos con el Gran Ducado para obtener suculentas rebajas fiscales cuando el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, lideraba el país.

El esquema, sin embargo, ya había asomado en 2012, cuando Perrin elaboró un filme para el programa Cash Investigation de la cadena gala France 2. En una entrevista con este diario el pasado otoño, Perrin afirmó que aceptaba de buen grado cualquier sentencia que se le impusiera, que imaginaba podía ser de años de cárcel y sumas elevadas de dinero. "No voy a quejarme ni a lloriquear", dijo a través de Skype. "Es una consecuencia de lo que hice y lo acepto de buen grado".

Durante el juicio, que tuvo lugar durante dos semanas en mayo, Deltour explicó que tuvo acceso a los documentos por un error en el sistema informático de la compañía, recoge Politico. Abandonó la consultora y se llevó los documentos consigo. Meses después de dejar el empleo Perrin se puso en contacto él.

Las revelaciones tuvieron consecuencias políticas. Juncker se enfrentó a una moción de censura, que superó. Pero también derivaron en cambios legislativos y en la creación de un comité especial del Parlamento Europeo para estudiar pactos fiscales.

Sin embargo, la Unión Europea no ha aprobado una norma para garantizar la protección de los soplones, una medida que grupos políticos y organizaciones no gubernamentales como Transparencia Internacional han demandado.

El caso a atraído atención por parte de los medios, así como ONG y legisladores por su potencial influencia en la protección de los soplones en el continente.

"Deltour y Halet no son realmente soplones y Perrin ha infringido la ley", aseveró un fiscal durante el juicio en declaraciones reproducidas por The Guardian.