“Basta de juegos”. Con esta frase justificaba este martes el primer ministro francés, Manuel Valls, su decisión de recurrir por segunda vez al ‘decretazo’ respaldado por el artículo 49.3, un arma constitucional que permite aprobar una norma sin contar con el voto parlamentario. El anuncio llegó el mismo día en que daba comienzo la segunda y última lectura del proyecto de ley laboral (El Khomri) en la Asamblea Nacional, aunque este recurso era para muchos parlamentarios un secreto a voces, en tanto en cuanto Valls ya se sirvió del 49.3 para enviar el proyecto de ley al Senado el pasado mes de mayo, durante la primera lectura del texto.
El 49.3 prevé que la ley en cuestión sea aceptada 24 horas después de haber recurrido a este artículo, a menos que una moción de censura sea presentada por los diputados ‘rebeldes’ de la formación socialista, puesto que la derecha francesa (ayudada por los centristas UDI), ya anunció este martes que no presentaría esta vez moción de censura alguna contra el uso del 49.3.
La oposición aprovechó además la impopularidad de esta reforma y la histórica movilización social en contra de la misma para lanzar un mensaje electoral. “Que Manuel Valls se las arregle en su campo de ruinas”, lanzaba Christian Jacob, representante de Los Republicanos (antiguo UMP). “La política está dando un espectáculo lamentable y nosotros no queremos ponernos a ese nivel, por eso hemos decidido marcar distancias”, continuaba, afirmando después: “Nos veremos en las urnas”.
El que fuera primer ministro de Nicolas Sarkozy, François Fillon, aprovechaba este miércoles una intervención en la radio francesa RTL para atacar a su adversario político. “Es una impostura, porque a este presidente se le eligió por un programa político de izquierdas (...), y hoy vienen a intentar presentarnos leyes más bien liberales, pero evidentemente, sin una mayoría que las respalde”.
Efectivamente, la ley El Khomri ha intensificado la fractura en el seno del partido. El último altercado, ligado a una moción de censura lanzada por miembros de la misma formación socialista en desacuerdo con la reforma, deja al descubierto una vez más esta crisis interna.
Los diputados socialistas necesitaban 58 voces (la décima parte de los diputados), para presentar esta moción de censura contra el decretazo, algo que ya intentaron en vano en el mes de mayo durante la primera lectora del texto. En aquel momento, obtuvieron 56 voces, las mismas que han logrado reunir este miércoles para el segundo intento de moción de censura.
Cabe precisar que los mismos ‘rebeldes’ que se encuentran al origen de esta moción ya la veían, antes de la recogida de firmas, como un movimiento simbólico, conscientes de que, en caso de lograr las 58 voces, no habrían contado con los 288 votos de los diputados, escrutinio necesario para servir de veto al decretazo del gobierno de Manuel Valls.
LA AMENAZA DEL PARTIDO SOCIALISTA
Durante el consejo nacional que tuvo lugar el pasado 18 de junio, la dirección del Partido Socialista francés mostró su firmeza de cara a una posible moción de censura naciente de sus propios rangos: los diputados que la firmasen serían automáticamente expulsados de la formación, contrariamente a lo acontecido en el mes de mayo, cuando una treintena de ellos llevaron a cabo esta moción sin consecuencias mayores, con el apoyo de los ecologistas y miembros de la llamada izquierda radical. Si el partido mantiene esta promesa, los ‘rebeldes’ concernidos no podrían presentarse a las elecciones primarias en el seno de su formación, previstas el próximo mes de diciembre.
Guardando su anonimato, un diputado ecologista confirmaba este martes a la radio francesa Europe 1 que muchos de estos diputados rebeldes “tienen miedo”, aunque se mostraba escéptico de cara a la veracidad de esta amenaza. “El Partido Socialista no puede echar a treinta diputados, entre los cuales se encuentran antiguos ministros”, lanzaba.
La amenaza de esta mayoría socialista reposaba en el hipotético caso de que una moción de censura presentada por los propios miembros de su formación llegase a ser adoptada; esto significaría el derrocamiento del gobierno en funciones, que debería dimitir inmediatamente, así como la eliminación del texto en cuestión. No obstante, en la historia del uso del artículo 49.3, esta situación jamás ha registrado tal deriva.
UN TEXTO CONTROVERTIDO
El texto que Manuel Valls ha adoptado una vez más sin el voto parlamentario ha sufrido, desde la primera versión de la ministra de trabajo Myriam El Khomri en el mes de febrero, varias modificaciones. La movilización social surgida en respuesta a la reforma laboral (12 manifestaciones desde el mes de marzo), influyó en la adaptación que el gobierno hizo de su propia propuesta, antes de que la comisión de asuntos sociales de la Asamblea Nacional hiciese lo propio. De hecho, Los Republicanos han visto en la inestabilidad del texto un argumento válido para culpar al gobierno de haber “vaciado el texto de su sentido original”.
Por su parte, sindicatos y manifestantes continúan viendo en esta reforma un retroceso en los derechos de los trabajadores, apoyando su desacuerdo en algunas de las medidas más controvertidas de la ley El Khomri. Las actuales 35 horas semanales de trabajo, están sujetas en el texto a un compromiso entre el trabajador y la empresa, que debería primar por encima de los acuerdos de cada sector. Se trata del artículo 2 de la ley El Khomri, uno de los más polémicos previstos en la reforma.
El primer minstro galo durante su intervención en la Asamblea
Del mismo modo, la jornada laboral, (cuya máxima se sitúa hoy en las 10 horas diarias), podría verse aumentada a las 12 horas por motivos que el texto cita como “ligados a la organización de la empresa”, una laguna jurídica que podría desembocar en la legalización de la precariedad a ojos de los trabajadores.
Otro de los puntos más controvertidos alude al pago de las horas extra. Hasta hoy, la empresa estaba obligada a aportar un suplemento del 25% al trabajador cuando éste realizase horas suplementarias, mientras que la ley El Khomri prevé que este pago responda una vez más a un acuerdo empresarial; la única condición fijada por la reforma es que esta tasa de recargo no sea “inferior al 10%”.
Las empresas también podrán privar a un empleado de una prima de empleo firmada por ambas partes a través del contrato, puesto que la ley ofrece la cobertura jurídica a la entidad de renunciar a este pago con la finalidad de “preservar o desarrollar el empleo” en el seno de la misma. Esto será posible gracias a un acuerdo empresarial firmado por cada sociedad cada cinco años, y que será prioritario al contrato de trabajo firmado entre el trabajador y la empresa. Un despido individual con motivo económico es la respuesta que prevé el texto en caso de que el trabajador rechace este compromiso.
La cobertura social también tiene cabida en la reforma laboral francesa, en tanto en cuanto el texto prevé eliminar la visita médica obligatoria al comienzo de la actividad salarial, reemplazándola por una visita “de información” dispensada por una enfermera tras la firma del contrato.
El texto deberá pasar de nuevo por el Senado antes de ser adoptado por la Asamblea Nacional, de forma definitiva, antes del 22 de julio.