La Unión Europea ha dejado de lado su tradicional prioridad de defender los derechos humanos en Cuba con el fin de normalizar las relaciones con el régimen de Raúl Castro, al que atribuye una mayor apertura política desde que sustituyó a su hermano Fidel. Los 28 países miembros tienen previsto enterrar en las próximas semanas la denominada Posición Común sobre Cuba de 1996, promovida por el entonces presidente español, José María Aznar, y que supeditaba la cooperación con la isla a los avances en materia democrática. En su lugar, Bruselas y La Habana firmarán en diciembre un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación que no fija condiciones previas a la isla.
Los derechos humanos y libertades en Cuba han sido los grandes ausentes en los comunicados de pésame que han publicado los dirigentes de la UE tras la muerte de Fidel Castro. "El mundo ha perdido a un hombre que era un héroe para muchos", ha escrito el presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, en su cuenta de Twitter. Para la jefa de la diplomacia comunitaria, Federica Mogherini, el fallecido era un "hombre decidido" y una "figura histórica". Ni una palabra sobre la falta de democracia en Cuba.
Entre los pocos que se han desmarcado del mensaje oficial de Bruselas estaba la comisaria de Comercio, la liberal sueca Cecilia Malmströn. "Fidel Castro era un dictador que oprimió a su pueblo durante 50 años. Es extraño escuchar todos los tributos en las noticias hoy", afirmaba Malmström. Suecia ha sido uno de los países de la UE que más se ha resistido a normalizar las relaciones con Cuba, precisamente por la persecución del régimen de Castro a los disidentes.
"Estamos trabajando para la firma del acuerdo con Cuba", ha dicho a EL ESPAÑOL la portavoz de Exteriores del Ejecutivo comunitario, Maja Kocijancic. La Unión Europea no quiere quedarse atrás en las nuevas oportunidades que puede generar el restablecimiento de los vínculos comerciales con La Habana, el único país de América Latina con el que no tiene un pacto bilateral. Sobre todo ahora que también Estados Unidos ha reanudado las relaciones diplomáticas con la isla, aunque Trump ya haya anunciado que va a echar el freno a la normalización de las relaciones comerciales impulsada por Barack Obama.
La UE es el principal socio exportador de Cuba y el segundo socio comercial, por detrás de Venezuela. Los europeos son también el mayor inversor extranjero (principalmente en turismo, construcción y agroindustrias) y representan un tercio de los visitantes en la isla. En 2015, la UE exportó productos, principalmente maquinaria, por valor de 2.184 millones de euros a Cuba, el 0,1% del comercio comunitario.
El objetivo del nuevo acuerdo es crear un entorno más previsible y transparente para los operadores económicos. Pero según destaca Bruselas, no se establece una zona de libre comercio entre las partes ni tampoco cubre la protección de las inversiones. La UE sostiene además que el pacto servirá para acompañar a Cuba en las reformas democráticas de forma más eficaz que la Posición Común, que en la práctica impedía cualquier contacto e influencia. "Sustituye el monólogo por el diálogo", ha dicho el embajador comunitario en La Habana, Herman Portocarero.
No opinan lo mismo los disidentes cubanos, que el pasado octubre visitaron la Eurocámara para pedirle que bloquee la normalización de las relaciones con Cuba, o que al menos exija contrapartidas concretas en materia de derechos humanos. "La UE está siendo engañada y hasta cierto punto está siendo ingenua al pensar que porque se haga una apertura económica va a haber mejorías políticas", ha dicho en una reciente entrevista a EL ESPAÑOL el opositor Guillermo Fariñas, que ha protagonizado 25 huelgas de hambre contra los Castro.
Fariñas denuncia que Bruselas ha despreciado las preocupaciones de la oposición cubana, pese a que la Eurocámara le ha otorgado hasta en tres ocasiones el premio Sájarov a la libertad de conciencia. En 2010 galardonó al propio Fariñas, en 2005 a las Damas de Blanco y en 2002 al fallecido Oswaldo Payá. "Creo que eso es una gran incongruencia dentro de la UE", alega Fariñas.
La guerra de los cócteles
La cuestión de los derechos humanos ha provocado conflictos, choques y desencuentros constantes en las relaciones entre la UE y Cuba durante los últimos 20 años. La voz cantante la ha llevado siempre España, el país que tiene un vínculo más estrecho con la isla, y cuyos sucesivos cambios de postura han sido seguidos, a veces con reticencias, por el resto de socios comunitarios.
El que marcó el camino fue el expresidente del Gobierno, José María Aznar, que desde su llegada al Gobierno promovió en Bruselas una línea dura hacia el régimen de Fidel Castro y logró que el resto de socios aprobara a propuesta suya, en diciembre de 1996, la Posición Común sobre Cuba, el primer y único documento que hasta ahora ha regulado las relaciones bilaterales.
"La UE considera que una plena cooperación con Cuba dependerá de las mejoras en el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales", proclama el texto, que pasará a la historia en cuestión de semanas. El objetivo de Bruselas en sus relaciones con La Habana debe ser "favorecer un proceso de transición hacia una democracia pluralista", a ser posible mediante una "transición pacífica" dirigida o permitida por el régimen.
Lo peculiar de la Posición Común es que la democratización y los progresos en materia de derechos humanos son una condición previa para el diálogo, algo que la UE no ha exigido a otros regímenes autoritarios como China. Su adopción indignó al régimen de Fidel Castro, que la consideraba una injerencia en los asuntos internos de la isla.
Pero lo peor de las relaciones entre la UE y Castro todavía estaba por llegar. En marzo de 2003, el régimen cubano detuvo a 75 disidentes y les condenó a duras penas de cárcel. Además, fusiló a tres personas que secuestraron un barco para huir. La reacción de Bruselas fue una condena unánime y una serie de sanciones políticas contra Cuba, entre ellas la suspensión de todas las visitas de alto nivel. No obstante, no hubo castigos comerciales. La UE nunca ha aplicado un embargo similar al de Estados Unidos.
El conflicto derivó en los meses siguientes en la "guerra de los cócteles" entre Bruselas y el régimen de Fidel. Los embajadores europeos en La Habana adoptaron la decisión conjunta de invitar a los disidentes cubanos cada vez que se celebraba el día de la fiesta nacional de un país de la UE. El Gobierno respondió con la decisión de no enviar a ningún funcionario cubano a estas recepciones. El resultado práctico fue una congelación total de las relaciones entre Bruselas y la isla.
Camino del deshielo
El inicio del deshielo se produjo con la llegada al Gobierno en 2004 de José Luis Rodríguez Zapatero, que promovió un cambio de la política de la UE hacia Cuba que ha sido mantenido y culminado por el actual Ejecutivo de Mariano Rajoy. El entonces ministros de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, logró en 2005 que Bruselas suspendiera y luego eliminara de forma definitiva las sanciones diplomáticas contra Castro.
No obstante, la normalización de las relaciones avanzó muy lentamente por la resistencia de algunos países como Suecia, República Checa o Reino Unido, que seguían insistiendo en condicionar cualquier progreso a que Cuba mejorara el respeto a los derechos humanos, lo mismo que siguen pidiendo hoy no sólo Fariñas, sino los más destacados portavoces de la disidencia cubana en la isla. En 2007, cuando Fidel Castro ya había dejado el poder a su hermano Raúl, la UE acordó reanudar el diálogo político con la isla y meses más tarde se produjeron los primeros contactos tras la liberación de algunos disidentes.
Pero no fue hasta abril de 2014, ya con Rajoy en el Gobierno, cuando Bruselas y La Habana decidieron iniciar las negociaciones para firmar un acuerdo bilateral que derogara la Posición Común de 1996. Con progresos tan lentos, que incluso Obama se adelantó a la UE al anunciar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba en diciembre de 2014.
Mogherini y su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, concluyeron el nuevo Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la UE y Cuba el pasado 11 de marzo en La Habana. Un pacto que según Bruselas "abre nuevas vías para apoyar el proceso de modernización económica y social de Cuba, fomentar el desarrollo sostenible, la democracia y los derechos humanos, así como buscar soluciones comunes a desafíos globales". Estaba previsto que se firmara en Bruselas el 12 de diciembre, pero la muerte de Castro podría alterar los plazos.