Los niños de Calais denuncian a Reino Unido

En mayo de 2016 el Parlamento británico aprobó una ley de inmigración que reconoce, en su sección 67 el derecho de los menores refugiados no acompañados de Europa a ser reubicados en Reino Unido. Cinco meses después comenzó el desmantelamiento del campo de refugiados conocido como ‘La Jungla’, en la ciudad francesa de Calais, junto al Eurotúnel que une el continente con la isla de Gran Bretaña.

Tres meses después algo más de mil menores permanecen repartidos en centros de acogida de toda Francia esperando una solución a su petición de derecho de asilo y recientemente el director general de la asociación Francia Tierra de Asilo denunciaba en el diario galo Le Figaro que entre un 10 y 15% de los menores expulsados del campo de refugiados ya han retomado la ruta migratoria. A decenas de menores les ha sido denegado el asilo sin más explicación.

36 menores de entre 11 y 17 años han presentado una demanda ante el Alto tribunal británico dirigida directamente a la ministra del Interior, Amber Rudd, por “desatender su responsabilidad de proporcionar un refugio seguro a menores huyendo de conflictos o de la indigencia”, según reza el texto legal.

Jamie Bell, abogado del despacho de abogados británico Duncan&Lewis, que representa a los demandantes, asegura a EL ESPAÑOL que la base legal no es sólo la falta de cumplimiento de una ley aprobada por el Parlamento, sino que “es ilegal que a estos niños no se les hayan dado razones escritas sobre por qué sus solicitudes han sido rechazadas. Fueron informados en grupo y sin un procedimiento adecuado”. Según Bell, tan sólo uno de los 36 representados ha obtenido la denegación por escrito pero sin “alegar motivos o indicar dónde y cómo puede recurrir a una decisión que es recurrible por ley”.

Es ilegal que a estos niños no se les hayan dado razones escritas sobre por qué sus solicitudes han sido rechazadas

La firma de abogados ha obtenido el compromiso del Gobierno británico de ofrecer notificaciones y explicaciones por escrito a partir del 5 de enero, pero el caso ya está en los tribunales.

Uno de los menores incluidos en la demanda es un niño afgano de 14 años. Cuenta que su padre fue objetivo de los talibanes tras colaborar con fuerzas de la OTAN en Afganistán y él mismo recibió disparos de los islamistas radicales. Tras dejar su país, atravesó otros ocho hasta llegar a Francia. Asegura que durante su travesía fue víctima de abusos sexuales y del tráfico de personas. Ha intentado quitarse la vida en más de una ocasión. Su solicitud de asilo fue rechazada a mediados de diciembre junto a la de decenas más.

La ONG Trabajadores Sociales Sin Fronteras (Social Workers Without Borders en inglés) denuncia que las evaluaciones que ha hecho el Ministerio del Interior británico en territorio francés han sido “superfluas y llevadas a cabo por simples funcionarios, no por personas especializadas en tratar con personas tan vulnerables”, reclama Lynn King, co-fundadora de la organización. Poco antes de Navidad una decena de refugiados menores de edad esparcidos por los centros franceses llevaron a cabo una huelga de hambre parcial. Protestaban por la falta de respuesta de Londres. Unos días más tarde confirmaron el peor de sus presagios.

De acuerdo con las cifras oficiales, hasta el 9 de diciembre del pasado año el Gobierno británico trasladó a Reino Unido un total de 900 menores, 750 de ellos no acompañados. Las ONGs presentes en los campos de acogida franceses denuncian que son 2.000 los niños demandantes de asilo. Las autoridades británicas aseguran que continuarán las evaluaciones de las solicitudes de asilo y que los procesos de traslado y criterios serán publicados en el año en curso.

La firma legal que defiende a los 36 menores asegura que únicamente ha aceptado los casos de quienes han podido certificar su edad. Las ONG denunciaron anteriormente que las autoridades francesas habían denegado la inscripción como menores durante el desalojo de Calais a varios solicitantes basados incluso en su apariencia física, que no parecía acorde a un menor de edad.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con representantes del Ministerio para conocer su posición ante el juicio que se abre ahora en el Alto tribunal pero han asegurado que “el Ministerio no hará comentarios sobre un proceso legal ya en curso”.